En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, a celebrarse este viernes 26 de junio, legisladores del PVEM, señalaron que más de diez mil 400 personas recluidas en penales de la Ciudad de México sufren maltratos, tortura física y psicológica por parte del personal de custodia.

Indicaron que México reconoció, en noviembre de 2006 ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura, que funcionarios públicos y policías estaban involucrados en este delito, y según las cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), de 2001 al 31 de octubre de 2006, apenas el 0.05 por ciento del total de las quejas fueron por tortura.

De acuerdo con esas cifras proporcionadas ante el Comité, de las cuatro mil 41 quejas presentadas solamente 92 (2.27 por ciento) fueron por supuesta tortura y se reconoció que hubo 75 dictámenes contra servidores públicos y agentes del Ministerio Público.

Mientras que en 44 casos hubo lesiones cometidas en detención previa y en diez no fue posible confirmar el delito porque el quejoso se desistió y en otros porque la información fue alterada o por la imposibilidad de verificarlo.

Además, sólo en 9 de los 75 casos se corroboró ocurrencia de tortura física y psicológica, pero en ninguno de ellos se involucró a algún funcionario público.

El diputado Carlos Puente Salas (PVEM) precisó que la tortura en México obedece no sólo a la corrupción y a la falta de recursos que caracterizan las etapas iniciales de las investigaciones criminales, sino también al hecho de que el sistema judicial admita como pruebas las confesiones de los acusados sin tomar en cuenta las circunstancias en que fueron formuladas.

Mencionó que la falta de acceso a una representación legal, sumada a la falta de servicio de intérpretes siguen constituyendo motivo de preocupación, pues los abogados de oficio no están suficientemente preparados, reciben sueldos inadecuados y trabajan con escasos recursos en un volumen excesivo de casos.

A ello, abundó, en ocasiones los reclusos se encuentran bajo proceso y no se les ha determinado su culpabilidad o inocencia, sufren golpes, suspensión del sueño, incomunicación, adopción obligada de posturas dolorosas, entre otros castigos.

“La gran mayoría de los casos de tortura no son denunciados ante las autoridades, ya que existe gran desconfianza de la población hacía ellas, así como desconocimiento de las Leyes y Tratados Internacionales, o bien por temor a represalias por los funcionarios públicos y sólo trascienden los casos con connotación política o los que han llevado hasta la muerte a la víctima”.

Por ello, el diputado Puente Salas y el senador Javier Orozco Gómez se pronunciaron para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Ejecutivo Federal para que refuerce las campañas para que la comunidad en general denuncie este delito y se ponga fin a los malos tratos infligidos a miles de personas en todo nuestro país, mediante la tortura.

En el documento, turnado a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- de la Permanente, piden brindar el apoyo necesario a todas aquellas víctimas de la tortura, así como a sus familiares, y emita un informe sobre las medidas que se han llevado a cabo sobre la situación del personal de seguridad y custodia de los centros de reclusión del país, en el tema de la constante tortura ejercida contra la población penitenciaria.

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