La diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, destacó que, según el Informe especial sobre los casos de secuestro contra migrantes, se documentaron 9 mil 758 personas privadas de su libertad, de las cuales 198 fueron migrantes; de ese total, en 9 mil 194 casos el delito fue cometido por bandas organizadas y la combinación delincuentes-servidores públicos.

Ante este panorama, la legisladora presentó un punto de acuerdo para solicitar a la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, información respecto a la política migratoria de nuestro país y casos de corrupción en esa instancia.

Precisó que entre las agresiones que destacan están las de extorsión, robo, secuestro, revisiones ilegales, golpes, persecuciones, lanzamiento desde trenes en movimiento, violaciones sexuales contra mujeres, amenazas, presiones sicológicas e inclusive asesinatos.

Puntualizó que las autoridades más señaladas por los denunciantes fueron los elementos de la Policía Federal Preventiva, militares y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM),

Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) registran que en la frontera sur de México, un 70 por ciento de las migrantes es víctima de violencia, de las que un 60 por ciento sufre algún tipo de abuso sexual que llega hasta la violación.

Además se resalta que la frontera mexicana con Estados Unidos es uno de los lugares más peligrosos, en que las mujeres son víctimas de violencia sexual, prostitución forzada, trata y feminicidio.

“Estamos frente a una situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Debemos actuar en consecuencia y no tolerar ineficiencias, incapacidades, encubrimientos y complicidades que sólo ponen en peligro la vida y la integridad de miles de mujeres y hombres que cruzan por las fronteras de nuestro país”, manifestó.

En la iniciativa se destaca que es fundamental que la actual Comisionada del Instituto Nacional de Migración dé respuesta a una serie de cuestionamiento, acerca de la corrupción de los funcionarios del Instituto, así como los procesos legales realizados para fincar responsabilidades.

Las acciones realizadas por el INM para prevenir la trata de personas y la explotación sexual, como la opinión que tiene sobre el proyecto antiinmigrante, son otros de los cuestionamientos.

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