Los diputados Javier Guerrero García, secretario de la Comisión de Presupuesto y Adolfo Mota Hernández, de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, propusieron exhortar al Gobierno federal a que respete lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto, relativo a los recortes de gasto anunciados recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los legisladores recordaron que el pasado 29 de mayo, la SHCP dio a conocer los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009, en los que se establecen las medidas para que las “dependencias de la Administración Pública Federal desarrollen metas de ahorro”.

Particularmente, abundó el diputado Adolfo Mota Hernández, los lineamientos serían aplicables en el gasto corriente, en los rubros de servicios personales, gastos de operación, administrativos y de apoyo.

Dijo que para la Cámara de Diputados es preocupante que, con base en dichos Lineamientos y ante la falta de información suficiente al Congreso de la Unión, se abra la posibilidad de que no se respete lo establecido en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y se inicie una política gradualista de ajuste al gasto 2009, trastocando los recursos destinados a la reactivación económica, a la protección social y a la administración de funciones ineludibles, entre otros, los servicios educativos.

Destacó que uno de los efectos más devastadores y perniciosos de una crisis económica es impactar de manera negativa el futuro educativo de sus jóvenes, el cual precisamente es el que debe llevar al desarrollo sostenido.

En este sentido, mencionó que la Cámara de Diputados aprobó aumentos presupuestales para el sector de educación media superior que servirían para la construcción de preparatorias, así como la inversión en becas de retención, las cuales han beneficiado a más de 300 mil alumnos.

“Reiteramos que de presentarse recortes para el sector educativo, miles de alumnos se verían afectados por la falta de oportunidades de ingreso y permanencia, lo que sin duda agravaría la crisis y el descontento social”, subrayó.

Mencionó que en la educación superior, el panorama es también desalentador ya que la cobertura actual es apenas poco más de 26 por ciento de la demanda de matrículas universitarias y de haber recortes presupuestales retrocederíamos en los avances logrados.

Mota Hernández refirió que si bien el Ejecutivo reconoce que el contexto de la coyuntura económica internacional ha provocado impactos sobre nuestra economía y señala la necesidad de contribuir a contrarrestar la disminución de los ingresos tributarios y petroleros, también es cierto que el Congreso desconoce la forma de compensación de ingresos y uso de los fondos de estabilización.

Por ello, agregó, se hace indispensable una información puntual y actualizada sobre la economía, las finanzas públicas y la deuda pública, a fin de evitar que ante la falta de escenarios objetivos se ponga en riesgo la ejecución del gasto autorizado, el empleo, la operación de actividades indispensables del sector público o la ejecución de proyectos de infraestructura relevantes que la Cámara de Diputados incorporó al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009.

Por su parte, el diputado Javier Guerrero García explicó que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 21, indica que en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá aplicar normas de disciplina presupuestaria.

De acuerdo con el artículo 21, añadió, los ajustes deberán realizarse en los gastos de comunicación social; el gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; el gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, y los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.

Abundó que en el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento de los ingresos por impuestos, el Ejecutivo federal deberá enviar un informe a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles.

Asimismo, y en caso de que rebase dicho porcentaje, el Ejecutivo tiene que hacer llegar a la Cámara de Diputados una propuesta de composición de la reducción por dependencia y entidad.

“La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de dicha propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, en su caso, modificaciones a la misma. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto, informando de ello a la misma”, señala el artículo 21.

Ambos legisladores del PRI coincidieron en que es responsabilidad de la Cámara de Diputados que se salvaguarde el monto y la orientación del Presupuesto autorizado, las fuentes de empleo, los programas sociales y las inversiones estratégicas aprobadas para fortalecer la infraestructura del país en materia de carreteras, caminos rurales, hospitales, escuelas y en especial el fortalecimiento de la Educación Pública.

Javier Guerrero mencionó que el pasado miércoles, junto con Adolfo Mota, presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mismo que fue turnado a la Tercera Comisión, en el cual se propone exhortar al Gobierno federal para que a través de la Secretaría de Hacienda revise los lineamientos emitidos y cumpla estrictamente con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y evite afectar inversiones estratégicas, así como programas productivos y sociales.

De igual forma, concluyó, para solicitar a la Secretaría de Hacienda que informe de manera objetiva sobre los escenarios económicos y las finanzas públicas del país, además de que explique el estado que guarda el ejercicio del gasto público; sobre la caída de la recaudación fiscal, el uso de los Fondos de Estabilización, las coberturas petroleras, el manejo de las líneas de crédito y el nivel de endeudamiento.

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