• Como está, sirve para muy poco, consideró el diputado

Es necesario replantear el juicio político para que efectivamente sea un mecanismo de castigo ejemplar con protocolo, procedimientos y tiempos claramente definidos, “cosa que no existe hoy”, afirmó el diputado Diódoro Carrasco Altamirano, presidente de la Comisión de Gobernación.

“La figura de juicio político, como está, sirve para muy poco, porque tanto el mecanismo del cual se ha abusado, como el procedimiento, que es francamente tortuoso, derivan prácticamente en nada, en suma cero”, puntualizó.

Por ello, señaló que éste debe ser un instrumento del más alto rango para aplicarlo al funcionario que cometa cierto tipo de delitos, como violaciones graves a la Constitución, a leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de cambiar el juicio político por la revocación de mandato, sostuvo que el tema debe revisarse con mucho cuidado y sensatez, pues puede prestarse a una gran cantidad de demandas en ese sentido, “como ocurre hoy, con el juicio político, que está indebidamente reglamentado y que por quítame esta paja se denuncia a cualquier funcionario”.

Dijo que se debería cambiar el procedimiento para precisar con mayor claridad los elementos que podrían llevar a un juicio político a determinados funcionarios públicos.
El nuevo procedimiento, continuó, tendría que estar sujeto a plazos muy precisos, tanto para elaborar la declaración correspondiente, como para desahogarla.

Además, debería haber un mecanismo de sanción que permitiera que el juicio político cumpliera su cometido y no quedara, en el caso de funcionarios locales, en manos de los respectivos congresos, “donde lo que va a predominar es el juego de grupos parlamentarios ahí representados y quien tenga mayoría va a determinar, finalmente, qué sucede con ese juicio”.

Precisó que se deberían mantener las sanciones que establece la ley actualmente, pues el juicio político es, finalmente, para quitar el fuero a un funcionario público de alto nivel.

Finalmente, subrayó que la mayoría de los temas importantes y sustantivos que recibió la Comisión a su cargo en la LX Legislatura fueron procesados en tiempo y forma.

“Quizá los dos temas más relevantes que, a mi juicio, debieron haber salido y no pudieron, fue la reglamentación del derecho de réplica y la nueva ley de acceso a la información en materia de datos personales, que quedó consensuada y no dio tiempo de procesarla”.

No obstante, los relevantes salieron: la Reforma Electoral, el Código de Procedimientos Electorales, la Ley de Medios de Impugnación con el Tribunal; el mecanismo para la elección de consejeros y su proceso, “en fin, todo eso que fue muy importante en esta legislatura y salió oportunamente”.

Los temas que no se concretaron en estos tres años, dijo, tienen que ver con una gran cantidad de asuntos que no pudieron ser dictaminados o que, dictaminados, no pudieron entrar al Pleno, “pero, a mi juicio, siendo un número importante, no son la mayoría de ellos temas sustantivos, en tanto no fueron prioridad de ninguna de las fuerzas parlamentarias en el Congreso”, puntualizó.

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