De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 35 por ciento de los 10 millones de adultos mayores que viven en nuestro país son económicamente activos; sin embargo, 215 mil de ellos no perciben lo suficiente para solventar sus gastos básicos, por lo que se ven obligados a buscar otras fuentes de ingresos.

Ante este panorama, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables revisa una iniciativa que reforma los artículos 19 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los capacite para que puedan acceder a programas productivos.

En el documento se destaca que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) debe promover más acciones dirigidas a lograr la igualdad de oportunidades, tanto de acceso al trabajo como opciones productivas que permitan a los adultos mayores obtener un ingreso propio.

La iniciativa, propuesta por las diputadas María Esther Jiménez Ramos y Dolores del Carmen Parra Jiménez, pretende dar mayores atribuciones al Instituto y lograr dicho objetivo, siempre priorizando las habilidades y competencias con las que cuentan las personas para desempeñarse en cualquier labor.

Explica que los adultos mayores constantemente padecen de discriminación en el trabajo; igualmente, en el entorno social no se les respeta y, en ocasiones, se les impide participar en asuntos sociales, económicos, culturales y políticos.

Argumenta que la población mexicana atraviesa por una fase de acelerada transición demográfica hacia el envejecimiento, por lo que se requiere de programas acordes a las nuevas demandas sociales.

Señala que la evolución de la población de adultos mayores demanda enormes desafíos para las políticas sociales, ya que tendrán que emprender un giro sustancial en su enfoque en la atención de las problemáticas propias del envejecimiento.

En este caso, refiere, no sólo se trata de ampliar la oferta de servicios ya existentes, sino que habrán de incorporarse nuevas estrategias que permitan satisfacer las necesidades emergentes con oportunidad y equidad.

Abunda que es necesario impulsar más y mejores acciones para apoyar a este sector, así como promover la seguridad de sus ingresos, su protección social y garantizar que reciban una atención de la salud de calidad y les otorguen servicios de asistencia a largo plazo.

Para lograrlo, precisa, se requiere dotar de recursos financieros exclusivos para esta población, mediante la participación de otros actores, tanto públicos como privados, para garantizarles una mejor calidad de vida.

Enfatiza que es necesario que las dependencias y entidades federales y las instituciones de los sectores social y privado realicen acciones o programas a favor de las personas adultas mayores, dirigidas a promover la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo u otras opciones que les permitan un ingreso propio.

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