El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez, refirió, tras el anuncio de la Secretaría de Hacienda en torno a que México vive el peor shock económico de los últimos 30 años, que se hace necesario un recorte al gasto corriente de todas las entidades públicas, incluido el sector educativo, particularmente las universidades y las instituciones de educación superior.

No estamos hablando, precisó, de recortar programas para aumentar matrículas en educación superior o para la construcción de nuevas escuelas, “me parece que ahí es imposible y sería un grave error hacer ajustes; se trata, abundó, de hacer ajustes a los recursos destinados para viáticos, salarios, vehículos, comunicación social, gastos de representación, gasolina, teléfonos y bonos.

“Me parece falsa la idea de que no se puede recortar gasto público en ciertos rubros de las universidades e institutos de educación superior. La frase del rector de la UNAM, José Narro Robles, de ni un peso atrás, es incompleta en términos generales por el deterioro presupuestal al que se ha condenado a la educación superior”.

En este sentido, dijo, la frase puede ser completada con: “Ni un peso atrás en el gasto productivo, ni un peso atrás en investigación, en salarios para profesores e investigadores; ni un peso atrás para administrativos; para nuevas aulas o escuelas”.

Ortega Martínez aseveró que existen otros rubros en los presupuestos de las instituciones de educación superior, sin poner en riesgo sus objetivos generales de educación e investigación.

El diputado federal aseguró que con el anuncio de ayer, la Secretaría de Hacienda sólo reconoció el fracaso de la actual política económica.

“Las exigencias de modificar una serie de políticas son una realidad, el gobierno y la Secretaría de Hacienda deben dar marcha atrás a un concepto que parecía inamovible”.

Hoy, dijo, el déficit cero al que obligaba la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tendrá que ser modificado y se hace necesario replantear mecanismos para fortalecer la economía.

Subrayó que ante el panorama económico negativo, es fundamental el recorte al gasto corriente, toda vez que ha sido excesivo y prueba de ello es lo informado por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública de 2007 y ratificado en las mesas de análisis de la Cámara de Diputados, en donde, de los 2 billones 460 mil millones de pesos, que fue el presupuesto, un tercio -más de 600 mil millones de pesos-, estaban dedicados al gasto corriente.

“Estoy convencido de que mucho de este gasto era superfluo, improductivo y tiene que ver con una vieja inercia de la burocracia, que durante muchos años se ha engordado, se ha vuelto cara e ineficiente”.

Concluyó que en principio, el Gobierno federal debe ser el que ponga ejemplo y defina con claridad en qué rubros y en qué capítulos hará los ajustes.

“El recorte a su gasto tendría suficiente autoridad moral y política para obligar a todos los funcionarios que están al frente de entidades financiadas con recursos públicos, a ajustar de manera ineludible sus presupuestos, sin poner en riesgo su funcionamiento y sin debilitar o menguar el cumplimiento de objetivos y programas”.

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