•La gobernabilidad se deteriora constantemente con la inseguridad pública: Olmedo Muñoz, catedrático de la UNAM

El narcotráfico, en su modalidad de menudeo, ha aumentado 700 por ciento en los últimos 10 años; las víctimas, en su mayoría, son jóvenes sin empleo, ni educación fundamental.

Durante el foro Los ciudadanos ante la inseguridad pública en México, organizado en coordinación con asociaciones civiles, religiosas y especialistas en el tema, el diputado Rafael Ramos Becerril (Convergencia) indicó que el robo, el secuestro y el narcotráfico son los delitos que más se cometen en el país.

Del total de los delitos sólo 12 por ciento son denunciados, de los cuales el 60 por ciento son robos. El cuatro por ciento son consignados y sólo 3 por ciento son sentenciados. “Es decir, 88 por ciento de los delitos quedan en la impunidad”.

La primera preocupación y obligación constitucional del Estado mexicano es defender la integridad física de los mexicanos. No obstante, ante la situación actual de la inseguridad pública y la procuración de justicia en México, la participación ciudadana es fundamental y necesaria para buscar alternativas, soluciones y respuestas al delito”.

“Ya no es solamente la institución policíaca o la autoridad en los diversos ámbitos de gobierno quienes deben atender este problema”, subrayó.
En su participación, Jorge Miguel Aldana Ibarra, presidente de la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia en México (Conaseju), señaló que en el combate al narcotráfico se ha dejado de lado la problemática de los delitos del fuero común, como el robo, asaltos y secuestros.

“No roban, asaltan y secuestran a los que tienen mucho dinero, sino a quienes tienen poco o regular y nadie ha entendido en qué forma manejarlos”.

El también ex director de Interpol México dijo que en lo que va del sexenio, la lucha contra la delincuencia organizada ha dejado cinco mil 200 policías muertos y dos mil 800 militares, lo cual es preocupante.

Agregó que el principal problema de la policía en México es su falta de oficio, lo que ha generado la satanización de sus elementos “y ahora se hace lo mismo con los militares y es gravísimo; al Ejército hay que cuidarlo y no exhibirlo como la policía”, puntualizó.

Reconoció que el policía requiere un ingreso 10 ó 15 veces mayor, “pero no en dinero, sino en prestaciones”.

Enseguida, Orlando Olmedo Muñoz, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, advirtió que no se debe politizar la seguridad pública porque está en riesgo la gobernabilidad del país.

“No podemos permitir que la seguridad pública sea sólo reducto de partidos políticos o de organismos no gubernamentales que tienen pretensiones políticas; el crimen no puede ser privilegio del escándalo político”, subrayó.

La gobernabilidad se deteriora constantemente con la inseguridad pública y los cotos de poder territorial, el narcotráfico y la descomposición social están dividiendo al país, destacó.

“La sociedad ya está cansada de que se hable tanto de esto y que al mismo tiempo sigan los crímenes y aumentando la incidencia delictiva”, señaló.

La sociedad, como elemento sustantivo y básico en la conformación del Estado, tiene que participar en el diseño y ejecución de los programas de seguridad pública.
“No se trata de implementar medidas para contrarrestar el efecto delincuencial, sino comprender las causas que la originan, así como saber la relación entre los órganos de poder del Estado y la sociedad”, acotó.

Javier Mendoza Montes, delegado de la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia de México, en el Distrito Federal, dijo que hay que generar una cultura de la participación ciudadana para la prevención del delito.

El problema de la inseguridad “ya rebasó al Estado, no podemos estar inmóviles, por eso, proponemos los comités de expresión y participación social para la prevención, la seguridad y la procuración de justicia”.

Precisó que es necesario construir un escudo social en cada colonia y ciudad del país con cinco ejes fundamentales: organización participación ciudadana, información, capacitación y cultura de la denuncia social anónima.

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