En México sólo el 5 por ciento de los productores que exportan obtienen apoyo del Estado, aseveró el diputado Alfredo Ríos Camarena, presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).

Durante la presentación de la iniciativa de una nueva Ley Agraria, el legislador afirmó que el régimen neoliberal destruyó el sistema rural y la Reforma Agraria, “espina dorsal del desarrollo del México moderno”.

Expresó que “no se puede entender el México del Siglo XX si no es a través del proceso de la reforma agraria”.

Añadió que la iniciativa va encaminada a fortalecer a la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual se ha convertido “en una pobre inmobiliaria que sirve para vender las tierras ejidales”.

Asimismo, busca “quitarle los programas sociales y de desarrollo rural a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), porque no ha sabido tratar a los campesinos”. La ley prevé que dichos programas se transfieran a la SRA, dijo.

En su oportunidad, el director general del CEDIP, Onosandro Trejo Cerda, comentó que la elaboración de esta iniciativa es de relevancia extraordinaria; “porque el 52 por ciento del territorio nacional está sujeto al régimen social, fundamentalmente ejidal y comunal.

“Esta ley plantea el total reconocimiento de la personalidad jurídica de los ejidos y las comunidades, dictando medidas de protección a la propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas, buscando paralelamente el fortalecimiento de los órganos internos”.

Por su parte, Augusto Gómez Villanueva, ex titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, dijo que esta iniciativa debe ser analizada, discutida y aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones, “ya que la autosuficiencia alimentaria tiene que ser, sin duda, un tema prioritario dentro de la agenda nacional”.

Reiteró que la iniciativa busca proteger la propiedad e integridad de las tierras y aguas del núcleo agrario y reconocer sus destinos; además, se regulen los contratos que se celebren sobre las tierras de uso común o las parcelas, lo que ayudaría a elevar la competitividad del sector.

El presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Hugo Castro Aranda, señaló que es necesario para el país movilizar los recursos que en este momento se encuentran congelados, a fin de reactivar la productividad de los terrenos ejidales y comunales.

Con la nueva Ley Agraria, destacó, se logrará que los recursos inmovilizados, particularmente tierra y agua, sean reorientados para que el país pueda funcionar y, así, se dé una actualización de la producción agropecuaria.

A su vez, Edgardo Valencia Fontes, asesor y representante del PRD, externó que esta iniciativa recoge y da respuesta a un conjunto de demandas de los productores rurales; es el resultado de un esfuerzo colectivo, “lo que le da mayor relevancia por ser plural”.

Reconoció que dicha propuesta representa el trabajo de varios años y el esfuerzo de legisladores y especialistas de diversos grupos parlamentarios; “todos con un mismo propósito: regular el manejo de las tierras si se aspira a contar con un campo competitivo”.

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