Ante el incremento en el manejo de tarjetas de crédito y débito, y el problema que representa el fraude a tarjetahabientes, el diputado Emilio Ramón Flores Domínguez, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a través de una iniciativa, busca garantizar la seguridad de los usuarios.

Señaló que el número de tarjetas de débito pasó de 32.4 millones en marzo del 2002 a 58.3 millones en marzo del 2009, mientras que el de tarjetas de crédito de 6.3 millones a 24.5 millones en el mismo período.

Durante el primer trimestre del 2009, agregó, el monto total de las operaciones en cajeros automáticos a través de tarjetas de crédito y débito fue de 423 mil 291 millones de pesos; de manera similar, las operaciones realizadas a través de Terminales Punto de Venta (TPV´s) fue de 123 mil 207 millones de pesos.

Mencionó que las tarjetas bancarias como medios de pago de bajo valor se han extendido rápidamente y son utilizadas a través de más de 31 mil 960 cajeros automáticos y 454 mil 620 TPV´s.

“Si consideramos el número de tarjetas y la cantidad de operaciones, se da uno cuenta de la magnitud de oportunidades que la delincuencia organizada tiene para defraudar a los tarjetahabientes”.

El documento también suscrito por el diputado Gerardo Priego Tapia advierte que por no existir una regulación firme que obligue a las diversas entidades financieras y comerciales que aceptan las tarjetas de débito, crédito o servicios a solicitar una identificación oficial, al menos para cotejar las firmas, los tarjetahabientes son susceptibles a que cualquier otro individuo haga mal uso de éstas.

Refiere que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (Condusef), durante el 2008, registró un total de 269 mil 898 llamadas, relacionadas con tarjetas de crédito y débito por asuntos de consumos no reconocidos, negociación de créditos, intereses y gastos de cobranza que el usuario no reconoce y por consumo o disposiciones que señala no haber efectuado.

De ahí que subraya la importancia de reducir las situaciones que perjudican o puedan perjudicar a los usuarios de estos servicios, a través de un marco regulatorio eficiente.

La iniciativa reforma el artículo 3 con una fracción XIII y adiciona un artículo 23 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como adiciona una fracción VIII al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Busca que el Banco de México, con opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor, emita reglas generales para regular el uso y aceptación de medios de disposición, con el objetivo de brindar mayor protección a los clientes.

Lo anterior, a fin de exhortar a las entidades y proveedores a solicitar una identificación oficial cuando de manera directa acepten tarjetas de crédito, débito o servicios como medio de disposición o pago; así también el proveedor tendrá que atender las disposiciones que se emitan para regular el uso y aceptación de medios de pago para proteger a los consumidores.

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