• Errática estrategia del gobierno: Navarrete Prida
• Que en seguridad “no prevalece mezquindad”: Octavio Pedroza
• ¿Cuántas muertes más hacen falta?: Leticia Quezada
• Reinstalar la pena de muerte: Adriana Sarur
• Prevenir socialmente el delito: Jaime Cárdenas
• Percepción de miedo en la población: Cora Pinedo
• Rechazo al Estado policiaco: Pedro Jiménez

En la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como parte del análisis del Tercer Informe de Gobierno, diputados de los siete grupos parlamentarios expresaron sus posicionamientos respecto del combate al crimen organizado, la participación del Ejército y la profesionalización de las corporaciones policiacas.

Ante el Pleno, el secretario de Seguridad Pública mencionó que en las últimas décadas se han registrado esfuerzos importantes para transformar las instituciones encargadas de la seguridad, sin embargo, han sido aislados, desarticulados e insuficientes.

En este sentido, dijo que es necesario que cada nivel de gobierno asuma su responsabilidad de manera plena para complementar el esfuerzo nacional en contra del delito. “Sólo así, evitando la evolución del delito aparentemente menor, se logra el combate eficaz al crimen”.

Refirió que la delincuencia organizada ha basado su operación en la violencia extrema, la corrupción y su articulación con el hampa local por la débil vinculación entre la sociedad y la autoridad.

Agregó que a lo anterior se suma el deterioro estructural de las policías, las cuales durante décadas fueron abandonadas. El funcionario reconoció que se dejó de invertir en ellas, desarrollarlas, cuidarlas y castigarlas en aquellos casos en los que sus elementos faltaran a su deber en su operación.

Abundó que a la fecha en el país operan 2 mil 22 corporaciones municipales, con distintos marcos normativos y diferentes procedimientos de operación. Más del 50 por ciento de éstas cuentan con menos de 20 elementos.

“Para atender este fenómeno, el gobierno federal puso en marcha la estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia. Estrategia que contempla etapas de corto y mediano plazos en dos vertientes: operativa y estructural”.

En la vertiente operativa, abundó, “la ofensiva en el despliegue territorial ha tenido resultados récord, con el mayor aseguramiento de dinero en efectivo, armas, presuntos delincuentes y droga”.

Detalló que hasta ahora se han asegurado 52 mil 698 armas de alto poder; 6 millones de municiones; 3 mil 686 granadas ofensivas; casi 5 mil toneladas de marihuana; cerca de 90 toneladas de cocaína y en coadyuvancia a los estados, en el delito de secuestro, la policía federal ha liberado a 518 víctimas, desarticulado 99 organizaciones dedicadas a este delito y asegurado a 756 presuntos secuestradores.

Respecto a la vertiente estructural, el funcionario mencionó que esta gira en torno a una transformación en cuatro ejes: un nuevo marco jurídico; un nuevo modelo de policía; tecnologías de información (Plataforma México) y un sistema penitenciario.

Por ello, García Luna propuso a los diputados analizar la conveniencia de que las 2 mil 22 corporaciones de policías municipales se integren en 32 policías estatales.

Lo anterior, dijo, con el objetivo de alinear, articular y eficientar las capacidades institucionales y recursos, así como homologar métodos y procedimientos sistemáticos de operación para todas las policías del país.

Además, informó que como parte del trabajo para impulsar el fortalecimiento de la Policía Federal en esta administración, a partir del 30 de junio de este año, culminó el convenio que desde hace 10 años se venía celebrando con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo anterior, aseveró, “como resultado de que hemos logrado que la policía federal cuente con cuadros propios de inteligencia, investigación, fuerza y operación”.

Finalmente, informó que el estado de fuerza de la policía federal pasó de 11 mil elementos, en diciembre de 2006, a 32 mil en agosto de 2009.

Previo a ello, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez Acuña, tomó protesta de decir verdad al funcionario, a efecto de ampliar el análisis correspondiente a la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón.

“Hago de su conocimiento que comparece ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciera, que la nación se lo demande”.

PRI

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida afirmó que la estrategia de seguridad del Ejecutivo “muestra confusión y está profundamente equivocada, lo que nos lleva a un país de corte policiaco y autoritario, que amenaza gravemente los derechos humanos”

Indicó que para su partido “la errática estrategia de gobierno” representa un fracaso en política de prevención del delito, en el combate al crimen, en el sistema carcelario y el gran fracaso de la rehabilitación social.

Señaló que el Ejecutivo ha tenido recursos económicos para modernizar equipos, personal, instalaciones, salarios y tecnología; sólo en 2008 la SSP tuvo un presupuesto cercano a los 33 mil millones de pesos, sin aclarar cuánto ejerció y si creció su nómina de altos funcionarios, e “informa que en los Programas Conjuntos para Seguridad, de casi nueve mil millones de pesos sólo ejercieron el seis por ciento”.

Pese a los apoyos que se han brindado al gobierno, en lo que va de este año ha habido más de seis mil ejecutados, con menos del uno por ciento de casos esclarecidos. También se informa de más de 80 mil delincuentes detenidos, “y esconden los mínimos resultados obtenidos cuando se refiere a sentenciados a los que se les comprobó la comisión de delitos.

Además, surgieron nuevas organizaciones criminales que compiten con las autoridades, por combatir solamente trasiego a Estados Unidos “con el epitafio publicitario que la droga no llegue a nuestros hijos, al menos pónganlo en inglés porque aquí, en México, creció durante los últimos ocho años, aumentó 70 por ciento el número de adictos”.

“Es necesario ver el tema de seguridad como un asunto de Estado, no de polarización, materia de campañas electorales”, puntualizó.

PAN

En su turno, el diputado César Octavio Pedroza Gaitán dijo que la nación se enfrenta a una creciente descomposición social y a fenómenos criminógenos que se tienen que “atacar con políticas de prevención desde su origen, desde la desintegración familiar, el hacinamiento urbano y la pérdida de los valores hasta la inequidad”.

Resaltó que la impunidad, “que con frecuencia prevalece en el sistema de justicia”, es tierra fértil para que proliferen crimen y delincuencia.

El legislador manifestó que en materia de seguridad es indispensable dejar de lado diferencias y divergencias ideológicas porque está de por medio la soberanía e integridad de la nación.

“Que en este objetivo de lucha por la paz y la tranquilidad de los mexicanos no prevalezca la mezquindad de intereses políticos, económicos y, mucho menos, electorales”, enfatizó.

A nombre del PAN, el legislador reconoció el esfuerzo de las distintas dependencias del Gobierno en el combate contra el crimen organizado. “50 mil armas decomisadas, más de 5 mil toneladas de droga incautada, 80 mil delincuentes capturados, 200 bandas desarticuladas, son datos que avalan los avances logrados”, aseguró.

En este sentido, a petición del diputado, el Pleno guardó un minuto de silencio como reconocimiento a los agentes, militares, oficiales, marinos, funcionarios y civiles inocentes que han perdido la vida en la lucha contra la delincuencia.

PRD

La diputada Leticia Quezada Contreras indicó que en el territorio nacional se incrementa la delincuencia organizada, el narcotráfico, las desapariciones, decapitaciones, secuestros y agresiones contra periodistas, por lo que preguntó “¿cuántos miles de muertes se necesita para ver que la política de combate a la delincuencia es errónea?, por qué no se da cuenta que es la pobreza y la falta de alternativas lo que se convierte en el caldo de cultivo para la delincuencia”.

Enfatizó que México no se reinventa con la privatización de las cárceles, ni concesionando una función pública, ni mucho menos entiende el problema de fondo. “Para el PRD la seguridad pública es una prioridad, pero también sabemos que no es con un Estado policiaco como se resolverá la impunidad”.

El país, recordó, ocupa el primer lugar en el mundo en donde se cometen secuestros rápidos y extorsiones telefónicas, las cuales en su mayoría se realizan desde centros de reclusión. “¿Estamos o no seguros?; más de 90 mil millones de pesos destinados al orden, seguridad y justicia, y qué hicieron, nada, la inseguridad sigue aumentando”.

Manifestó que en ningún momento su partido ha querido politizar el tema de seguridad, y añadió que “si se quiere hacer una verdadera acción responsable y si no puede con el encargo, haga caso de las voces que desde la sociedad civil piden su renuncia; su continuidad al frente de esta Secretaría, es un monumento a la falta de resultados”.

PVEM

La diputada Adriana Sarur Torre dijo que a tres años de la actual administración todavía subsiste la ola de violencia que se anunció se iba a contender con el Ejército en las calles, ya que los índices delictivos se han incrementado al grado de poner en riesgo la gobernabilidad del país, y con ello, el que la sociedad se sumerja en umbrales de anarquía.

Añadió que la acción del Gobierno federal en contra del crimen organizado “sólo se ha convertido en una acción de superviviencia de un gobierno que creyó tener la fuerza necesaria para controlar los cárteles de la droga y cuyo fracaso ha provocado daños severos a los mexicanos”.

El número de ejecuciones relacionadas con el narcotráfico y los delitos de alto impacto del fuero común, precisó, no han disminuido, ya que en lo que va del 2009, han sido ejecutadas más de cinco mil personas, y en el gobierno se han comedio más de 13 mil homicidios relacionados con la delincuencia organizada.

Cuestionó cómo se puede vivir en una sociedad en donde las muertes violentas aumentan día con día, pero no se acepta vivir con la pena de muerte para secuestradores y homicidas. Por ello, añadió, “mi grupo parlamentario buscará la reinstalación de la pena de muerte, porque no es un reclamo partidista sino social: el peor crimen debe ir acompañado del peor castigo, ya basta de recluir en centros de readaptación social a secuestradores y homicidas psicópatas que disfrutan de la impunidad”.
PT

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia señaló que de acuerdo con información proporcionada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, para fines de este año se habrán denunciado mil 300 secuestros en todo el país, esto significa 108 secuestros al mes, es decir, 3 al día, sin contar a los cientos de víctimas que no presentan denuncias y los más de 10 mil centroamericanos secuestrados y violados que pasan por nuestro territorio al ir a Estados Unidos.

El legislador consideró que las fuerzas de seguridad deberían prevenir socialmente el delito, esto significaría que la policía se integre a la comunidad y en ella de manera activa promueva cambios a favor en el orden social, educativo, cultural, deportivo, de protección al medio ambiente, de fomento a los derechos humanos y de respeto a los principios democráticos.
Cárdenas Gracia cuestionó al secretario por qué no se replantea la totalidad de la estrategia, “qué opina usted de la legalización de las drogas, no residirá la solución en otra parte, en el crecimiento del empleo y en la garantía plena de los derechos económicos sociales y culturales de todos los habitantes del país”.

Añadió: “por qué esta guerra existe en México y no en los Estados Unidos, cuyos habitantes son los principales consumidores de droga en el mundo”. Aseguró que sin educación, cultura, desarrollo económico, igualdad social es mejor olvidarse de la seguridad.

NA

A su vez, la diputada Cora Pinedo Alonso comentó que a pesar de que en el informe entregado al Congreso se destacan avances en el combate a la delincuencia, la percepción social continúa siendo de incertidumbre, miedo y desconfianza.

Estableció que de acuerdo con la Encuesta Nacional 2009 Sobre Inseguridad del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad, AC, la prevalencia y la incidencia delictiva en el país no han registrado cambios substanciales en esta década.

“Prueba de ello es que en México se denuncian, en promedio, uno de cada cinco delitos; 39 por ciento de las personas que no acuden al MP aseguran que les parece una pérdida de tiempo y 16 por ciento manifestaron que no confían en dicha autoridad”.

Detalló que de los delitos denunciados, sólo en 6 por ciento de los casos se puso al presunto delincuente a disposición del juez; por temor a la inseguridad en 6 de cada 10 hogares los menores no salen a la calle y por el mismo motivo la mitad de la población evita salir en las noches.

Convergencia

El diputado Pedro Jiménez León enfatizó que los delitos derivados del narcotráfico se han incrementado un 700 por ciento, lo que genera una lucha entre organizaciones delictivas por ganar calles y lugares de distribución de droga.

Externó que en nuestro país se cometen anualmente 12 millones de delitos; sólo millón y medio se denuncian ante el Ministerio Público; de éstos se consignan 250 mil; obtienen sentencia condenatoria 190 mil, lo que representa el 1.5 por ciento de los delitos totales.

El legislador destacó que por tal motivo es urgente lograr una mayor profesionalización de los elementos que integran las corporaciones policiacas, en las que se contemple mejor capacitación, mejores salarios y estímulos que inhiban la incidencia de prácticas corruptas.

“Nos manifestamos por la vigencia plena de un Estado de Derecho que garantice la seguridad, la justicia y la convivencia pacífica, rechazamos de manera categórica el Estado policiaco, inútil y corrupto”.
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