El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Teófilo Manuel García Corpus, advirtió que este sector de la población que encabeza la lista de los más de 50 millones de pobres “sigue siendo tratado como la parte penosa del país” y como aquellos que no han asumido las distintas y contradictorias ideas del desarrollo.

En la instalación de este órgano legislativo García Corpus argumentó que el presupuesto asignado al sector no puede ejercerse en los tiempos definidos por los propios pueblos indígenas ni los procedimientos de Ley son los que operan en el acceso a la justicia.

Señaló que la partida presupuestal del siguiente año presenta una reducción sustancial de 468.5 millones de pesos y advirtió que detrás de los subejercicios existe el desconocimiento de la realidad de los pueblos indígenas, la confusión en lo que deben ser las prioridades y una profunda desconfianza en la consulta y la participación.

“Es fundamental que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas transparente la aplicación del presupuesto”, subrayó.

Enfatizó que el acceso a la justicia es otro caso que mantiene el trato desigual a los indígenas. “Las cárceles demandan permanentemente programas de despresurización de penales. No son los procedimientos de ley quienes operan para la liberación; aquí no es posible encontrar justicia pronta y expedita; son los programas urgentes para sacar a presos porque ya no caben más acusados.
Casos como el de Jacinta, la mujer mazahua acusada de secuestrar a judiciales, sigue siendo la vergüenza de la procuración de justicia en nuestro país”, dijo.

Propuso un trabajo legislativo que permita hacer efectiva la vigencia de los derechos de los indígenas, su desarrollo integral, su reconocimiento como sujetos de derecho público, así como trabajar en la revisión y concatenación de las normas para su atención.

Por el PRD, el diputado Filemón Navarro Aguilar consideró que la reforma constitucional de 2001 en materia indígena es insuficiente porque no reconoce con claridad a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho.

El reconocimiento del uso de una lengua originaria, la consciencia de la identidad como criterio fundamental y el reconocimiento a la comunidad territorial con autoridades propias si bien constituyen un avance no implica que los derechos de nuestros indígenas se encuentren plenamente salvaguardados.

Ante esta situación es necesario profundizar en el reconocimiento de sus garantías, así como solventar los vacíos jurídicos para que las comunidades sean sujetos de derecho público, tengan acceso a la consulta sobre los asuntos que les atañe, y se garantice su participación en la riqueza nacional.

El diputado Guillermo Zavaleta Rojas (PAN) manifestó que es inaplazable instaurar una nueva relación entre los pueblos indígenas y el gobierno. Los autóctonos, agregó, exigen una reivindicación jurídica social, cultural, económica, trato justo y respeto de sus derechos.

“No hemos conseguido consolidar los cambios necesarios para los beneficios de la democracia representativa ni logrado el desarrollo integral y sostenible, ni la superación de rezagos sociales y económicos en las comunidades”, añadió.

“Debemos concretar los mandatos establecidos en la constitución en el ámbito de sus derechos autónomos y colectivos y en las acciones complementarias que de ellos se deriven”.
Por su parte, la diputada María Isabel Pérez Santos (PRI) asentó que son necesarias política públicas que permitan salir de la pobreza extrema al 60 por ciento de la población indígena y de la pobreza a otro 20 por ciento de este grupo poblacional.

Enfatizó que su Grupo Parlamentario vigilará el debido ejercicio de los recursos destinados al sector y se pronunció por aumentar el presupuesto para el año 2010, a fin de solventar el rezago de infraestructura carretera, educativa, comunicación, agua, luz, vivienda y cultura.

La diputada señaló que la prioridad de su fracción parlamentaria será elaborar una ley de derechos lingüísticos.

--oo0oo--