La Cámara de Diputados exhortó al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, a que en los términos que la ley y los estatutos señalan, resuelva el problema del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), “permitiendo que pueda recuperar su representación jurídica completa”.

Mediante un punto de acuerdo aprobado en la sesión del Pleno, también llamó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a resolver a la brevedad y en estricto apego a derecho sobre los comicios internos del SME.

Al fundamentar su propuesta, el diputado Francisco Hernández Juárez (PRD) señaló que los trabajadores tienen derecho a coaligarse para defender sus intereses y no requieren permiso, supervisión, ni limitación de autoridad administrativa alguna.

Agregó que las autoridades laborales ejercen una función de registro de las organizaciones y cambios en sus comités y dirigencias, “de ninguna manera pueden sancionar el ejercicio de la voluntad de los agremiados ni la conducción de sus organizaciones”.

Los sindicatos deben notificar los cambios en su directiva, no someter a arbitrio de la autoridad laboral sus decisiones y, si hay inconformidades con el proceso, es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje quien debe emitir una resolución, enfatizó.

“Es inconcebible que la autoridad laboral, que debiera ser la primera en respetar la ley, actúe irresponsablemente y afecte a una organización sindical, al dejarla sin representatividad”.

Consideró que la intervención de las autoridades al negar la toma de nota constituye un atropello a la Constitución y “de quedar impune, los sindicatos sólo podrán operar con la anuencia de una autoridad externa, a la que los trabajadores tendrán que solicitar su venia para redactar estatutos, elegir a sus representantes, organizar su administración, sus actividades y formular su programa de acción”.

Al iniciar las intervenciones, el diputado Arturo Ramírez Bucio (PAN) indicó que no se ha dado la toma de nota porque hay una diferencia sustancial en las divisiones foráneas.

Los sindicatos deben hacer un esfuerzo para que todos los agremiados sean representados por sus líderes de forma legal. “El sindicato no tiene la mayoría que exige la toma de nota, por eso pedimos que seamos conscientes de que se requieren nuevas relaciones laborales”.

Solicitó que la Cámara de Diputados se manifieste en contra de la toma de nota del líder sindical Martín Esparza, ya que no cumple con los requisitos que exige la ley para ser representante sindical.

Más adelante, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío (PRD) afirmó que “éste no es un asunto de números, no se trata sólo de una votación; está en juego el respeto a la autonomía y la independencia sindical; eso es lo que está en juego, no sólo una elección”.

Advirtió que la intención es “aniquilar al SME porque ha combatido con la razón y el derecho por defender su fuente de trabajo; quieren vender Luz y Fuerza del Centro (LFC) eso es lo que está atrás”.

Pidió al Secretario del Trabajo “deje de entrometerse en los asuntos sindicales y se dedique a buscar mejores condiciones de vida y de trabajo para los obreros del país; no es momento de más provocaciones y abusos contra los trabajadores”.

A su vez, el diputado José Gerardo De Los Cobos Silva (PAN) manifestó que es necesario buscar acuerdos para sacar adelante la reforma laboral pendiente.

Señaló que en el asunto del SME hay un proceso en el cual la autoridad registral fue requerida por los participantes para que les diera la toma de nota, procedimiento que está en la ley, “pero si no nos gusta, tenemos la oportunidad, cuando hagamos la revisión integral de la ley, de cambiarlo”.

Enseguida, el diputado Rodolfo Lara Lagunas (PRD) aseguró que los sindicatos solicitan la toma de nota a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no una valoración del proceso, por lo que exigió que cumpla con la ley y afirmó que su partido defenderá dentro y fuera de la tribuna al SME.

Por el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña sostuvo que el secretario del Trabajo debe dar la toma de nota, porque deja en estado de indefensión a los trabajadores y viola la ley al decidir si fue regular o no la elección y cuestiona a un sindicato con una amplia vida democrática.

“No le toca negar la toma de nota por los argumentos que ha dado”, enfatizó, y dijo que al gobierno no le corresponde liquidar esta empresa, por lo que exigió responsabilidad y respeto a LFC y a la vida democrática del SME.

Posteriormente, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI) se pronunció a favor de la propuesta y estimó que es equivocada la estrategia asumida por la Secretaría en este conflicto.

Rechazó que la autoridad administrativa, bajo pretexto de fiscalizar su vida interna, pretenda vulnerar la autonomía y formas propias de organización sindicales.

La falta de coincidencias debe ser resuelta mediante el diálogo entre las partes, de lo contrario, tienen que ser dirimidas a través de los órganos jurisdiccionales competentes; “la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la última palabra”, enfatizó.

Señaló que los temas de representación de minorías en la integración de los comités ejecutivos sindicales, limitación en elección de dirigentes o mayor transparencia en el manejo de cuotas de los trabajadores están a debate y forman parte de la agenda de una reforma laboral futura, “pero mientras no se materialice, hay que atenernos a lo que establece la ley vigente”.

Sostuvo que la secretaría de Trabajo no debe convertirse en abogada de las partes en conflicto, ni en juez de hecho. “Se equivoca al asumir un comportamiento beligerante, parcial hacia una parte, cuando tendría que ser institucional, prudente, conciliador y respetuoso”.

“En estos momentos de crisis económica, frustración social y desencanto en las autoridades, las dependencias del Gobierno Federal deben evitar discusiones y enfrentamientos que a lo único que contribuyen es a la crispación de la sociedad”, puntualizó.

Enseguida, hizo uso de la palabra el diputado Roberto Gil Zuarth (PAN), quien manifestó que la posición de su grupo parlamentario es que se aplique la ley en el marco de su autonomía.

“Ni privatizaciones ni ventas, estamos por la eficiencia en las empresas públicas, porque aquí tienen voz sindicatos, actores sociales, pero también hay que escuchar a millones de usuarios del servicio, con cobros indebidos e ineficiencias estructurales de muchas dependencias públicas”.

Defendió la legalidad de la actuación del Secretario Lozano y llamó a debatir los temas de fondo: el régimen jurídico de los sindicatos, la eficiencia en empresas públicas y la aplicación de los más de 50 mil millones de pesos que se le asignan a LFC.

Por su parte, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) aseguró que la toma de nota es un acto administrativo de carácter declarativo y que al no realizarla en tres días, el secretario del Trabajo entorpece la vida y la libertad sindical. “Su intervención es administrativa, declarativa y no constitutiva; no es un IFE sindical, no concede ningún efecto constitutivo”.

Finalmente, el panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez indicó que la agenda del país requiere cambios profundos y uno de ellos es en materia laboral, que es sumamente importante para trascender en desarrollo del país y las condiciones de la competitividad en el contexto internacional.

El planteamiento de Acción Nacional, dijo, es que debemos hacer transformaciones de fondo, cuidar los recursos de la población, que no sólo merece un buen servicio, sino también que sus impuestos no se despilfarren en gustos exóticos de nadie.

Dijo “no” a la privatización o venta de la paraestatal, “pero ¿la gente tendrá la culpa de que atendamos primero lo exótico, las necesidades de un liderazgo que ha demostrado no estar a la altura? La gente necesita que la defendamos, que no seleccionemos una facción para ponerla por encima del pueblo”.

Participaron en el debate los diputados Ramón Jiménez López (PRD) y Porfirio Muñoz Ledo (PT).

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la próxima, que tendrá lugar el martes 13 de octubre, a las 10:00 horas.

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