El diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas (PRI) presentó una iniciativa para crear la Ley de Importación de Vehículos Usados, que establece los requisitos a que debe sujetarse la adquisición de vehículos usados y su ingreso a territorio nacional.

Refiere que el decreto del Ejecutivo que regula actualmente las importaciones definitivas de vehículos usados, de fecha 24 de diciembre de 2008, vence, según su propio artículo primero transitorio, el 31 de diciembre de 2010, es decir, seguirá vigente el decreto poco más de un año, sin embargo hay incertidumbre sobre qué va pasar posteriormente.

Por ello, agrega, el objetivo de la iniciativa es regular la importación de vehículos usados mediante ley y no mediante decretos, a efecto de dar certeza jurídica para quienes realicen esta actividad.

“Permitir la importación de vehículos usados mayores a diez años, tal y como lo establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin que se requiera el certificado de origen como actualmente se pide; se elimina la necesidad de recurrir a los precios de referencia, estipulando que el importador deberá declarar el precio real de compra del vehículo”.

La propuesta establece también la necesidad de frenar la importación indiscriminada de autos usados de Estados Unidos y de Canadá, que tan sólo de enero de 2006 a noviembre de 2008, sumaban más de 3.5 millones las unidades ingresadas a nuestro país.

Refiere que cada año se importan cerca de 725 mil unidades, motivo por el que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, emitió el decreto que establece los requisitos a que debe sujetarse la entrada de vehículos usados a territorio nacional a partir del 1 de enero de 2009, abrogando los decretos del 22 de agosto de 2005 y 26 de abril de 2006, emitidos por el entonces presidente Vicente Fox Quesada.

La propuesta se envió a las comisiones unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

Reforma para prohibir transferencias a fondos y fideicomisos

En tanto, el diputado Pablo Escudero Morales, del PVEM, propuso reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para prohibir las transferencias de recursos públicos a fondos y fideicomisos que no estén aprobadas por la Cámara de Diputados.

La iniciativa propone adicionar el artículo 50 Bis y un último párrafo del artículo 59, modifica el subinciso iii) del inciso b) de la fracción I del artículo 107 y adiciona un último párrafo al artículo 107.

Menciona que los subejercicios generan disponibilidad de recursos que, en algunos casos, son transferidos como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas sin que estén sujetas a control legislativo.

“El círculo vicioso se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como lo demostró la Auditoría Superior de la Federación en los casos de excedentes petroleros; otorgamiento de donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; derechos de trámite aduanero; fondos y fideicomisos, entre otros”. La iniciativa se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Proponen abrogar Ley del IETU

Los diputados Miguel Ernesto Pompa Corella, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Maloro Acosta Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown y Onésimo Mariscales Delgadillo, del PRI, presentaron una iniciativa por la que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

El objetivo de la propuesta, señala, “es con el más firme propósito de alentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

De acuerdo con el documento, la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única restringe la capacidad de planeación e inversión de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

Explica que la planeación empresarial se ve afectada, ya que las precarias ventas de las empresas en el actual panorama recesivo de la economía, no logran invertirse o adquirirse inmediatamente y genera con ello una base de impuesto.

“Este impuesto hace que las empresas opten por venderse para tratar de cubrir su base y con ello prescindir del pago del impuesto, lo que inhibe la planeación a mediano y largo plazos, dejando de lado los planes de crecimiento o consolidación. Adicionalmente, los empresarios están perdiendo la deducción de sus nóminas”. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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