El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) presentó la iniciativa que expide la Ley de Austeridad Republicana, que propone la reducción del 50 por ciento de las retribuciones o remuneraciones de funcionarios públicos y la derogación de las pensiones a los ex Presidentes de la República.

En la sesión del Pleno dijo que el costo de la crisis económica “no debe quedar a cargo de los sectores menos favorecidos de la población, sino que debe pagarla la alta burocracia y los empresarios que reciben grandes privilegios fiscales”.

La propuesta, suscrita por los diputados Ifigenia Martínez y Hernández, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del PT, así como el diputado Adán Augusto López Hernández (PRD), también plantea la eliminación de las erogaciones destinadas al pago de los seguros de gastos médicos privados, de vida y de separación individualizada para la alta burocracia.

En el documento turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se propone también que no se autoricen bonos o percepciones extraordinarias para los servidores públicos y que los gastos de publicidad que lleven a cabo los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales no podrá rebasar el 20 por ciento del presupuesto ejercido en 2009.

Se plantea la prohibición en el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su modalidad o fuente de financiamiento.

Reducir los gastos fiscales

A fin de que la recaudación se incremente en un 2.25 por ciento del Producto Interno Bruto a partir de reducir los gastos fiscales, el diputado Armando Ríos Piter (PRD) presentó reformas a diversas disposiciones de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta; Empresarial a Tasa Única; y al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación y de las Leyes del Servicio de Administración Tributaria y de Coordinación Fiscal.

“La problemática económica que actualmente vivimos viene de la permanencia de una estrategia que induce progresivamente y permanentemente al desmantelamiento del aparato productivo y que genera y perpetua la desigualdad”, advirtió el legislador.

En el documento se menciona que el objetivo es “simplificar y generalizar el sistema fiscal, acotando los grandes privilegios existentes” en los referidos ordenamientos para que se reinstauren los principios de generalidad, proporcionalidad y equidad en las contribuciones, así como equilibrios en las relaciones fiscales entre gobiernos y personas morales y físicas.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, también propone eliminar la facultad de las autoridades fiscales para que mediante resoluciones decreten regímenes fuera de la legislación, a fin de avanzar en la transparencia y rendición de cuentas entre las autoridades hacendarias.

La propuesta también fue signada por los diputados Guadalupe Acosta Naranjo, Emiliano Velázquez Esquivel, Filemón Navarro Aguilar, Esthela Damián Peralta, Vidal Llerenas Morales y Uriel López Paredes, del PRD.

Garantizar vida digna a los adultos mayores

A la Comisión de Puntos Constitucionales fue turnada la iniciativa de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (PAN) que reforma el artículo 4 de la Constitución, a fin de garantizar el derecho a una vida digna y de respeto de las personas adultas mayores.

En tribuna dijo que México presenta un gradual envejecimiento de la población como consecuencia directa de la transición demográfica: “Tan sólo en el año, 2008 había 6 millones de adultos mayores de 65 años, cifra que representa el 5.6 por ciento de la población, con una tasa de crecimiento anual de 3.5 por ciento con relación al año anterior, estadística que, sin duda, continuará creciendo.

La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales será una lucha contra la discriminación por motivos de edad que lacera la dignidad de las personas adultas mayores, por ello es imprescindible asegurar el respeto que estas personas merecen”, señaló.
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