El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en votación económica la conformación de un grupo de trabajo plural, cuyo objetivo será analizar, estudiar y proponer, en un plazo perentorio, la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, en relación con el decreto de extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (CLyFC).

El diputado Francisco Hernández Juárez (PRD) dijo que existen muchas dudas jurídicas en torno a la extinción de CLyFC, como la toma de instalaciones; la publicación del decreto después de la toma, y que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009, se haya presupuestado un monto de 35 mil millones de pesos para dicho organismo.

“Eso significa que la Cámara de Diputados deberá tomar parte en la decisión del destino de la CLyFC, ya que es, de acuerdo al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política, la que aprueba el PEF, de tal suerte que el gobierno no puede hacer uso de los recursos de manera discrecional, es decir, no puede disponer de cuantiosos recursos para extinguir un organismos descentralizado, si antes el monto no es aprobado por la Cámara de Diputados”, añadió.

Señaló que este grupo contará con el apoyo de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, a efecto de que se aboquen a realizar “un análisis minucioso de este acontecimiento que presenta aristas y puntos de vista controvertidos”.

En el decreto por el que se extingue la CLyFC, subrayó, no se explica que dicho organismo compra caro el kilowatt/hora a la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la obliga a vender barato.

Suscriben el documento los diputados del PRI, Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García, así como Federico Ovalle Vaquera y José Narro Céspedes, del PRD.

Al iniciar el debate, el diputado Pedro Vázquez González (PT) señaló que su grupo parlamentario apoya la propuesta, en el entendido de que con la controversia se anule el decreto por inconstitucional. “Manifestamos nuestra preocupación para que no se siga de manera simultánea violando las garantías constitucionales de los trabajadores así como leyes secundarias”.

Enseguida desde la tribuna la diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD) solicitó impulsar la controversia. “No aceptemos y no nos hagamos cómplices de esta canallada; apelo por la soberanía, ya que el reto de la LXI Legislatura es impulsar la democracia y no solapar actos dictatoriales”.

Por Acción Nacional, el legislador Roberto Gil Zuarth (PAN) indicó que la extinción es una decisión que busca fortalecer las finanzas públicas, y sobre todo, garantizar la prestación del servicio público de calidad. “Fue una disposición postergada por más de 40 años; apegada a derecho; no nos oponemos a discutir el tema, por lo que vamos apoyar este grupo de trabajo”.

En su turno, el diputado Carlos Flores Rico (PRI) hizo un llamado a los actores involucrados para respetar escrupulosamente la paz social, el Estado de derecho, y sobre todo, las garantías que tienen los trabajadores a manifestarse con libertad en lo que ellos consideren conveniente. “Pensamos con honestidad política que es asunto que debe analizarse a través de un grupo plural”.

Del PT, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia dijo que en su partido no hay duda alguna de la vía y las razones por las cuales se da la controversia y reconoció que dicho grupo será más correcto, democrático y liberante para tal fin.

A su vez, el legislador del PVEM, Pablo Escudero Morales, mencionó que su partido apoya el punto y respaldan la decisión del Poder Ejecutivo. “Estamos ciertos que el procedimiento fue cierto, acertado y apegado a derecho”.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) se pronunció a favor del punto de acuerdo. “En aras de un diálogo democrático y parlamentario lo respaldaremos, pero dejo asentado, que no hay ni materia para tal controversia o acción de inconstitucionalidad”.

Finalmente hizo uso de la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD) y expresó que con este grupo “se demostrará que no solamente cometieron un error los secretarios del Trabajo, de Hacienda, de Energía, Felipe Calderón y el de Gobernación, sino que están en la ilegalidad”.

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