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Boletín N°. 0259 Que Cámara de Diputados establezca tarifas eléctricas: Augusto López Hernández

Ante el problema que representan las altas tarifas eléctricas en el país, el diputado Adán Augusto López Hernández (PRD) presentó reformas para que la Cámara de Diputados, en su carácter de depositario genuino de la voluntad popular, establezca cobros atendiendo a las condiciones climatológicas, pero sobre todo a la realidad económica y social del país.

Señaló que el problema de las altas tarifas eléctricas es que son determinadas de manera discrecional por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin la participación de otras instancias ni de la sociedad civil, y sin tomar en cuenta criterios de justicia y equidad social.

En México, dijo, el servicio público de energía eléctrica ha perdido, en la práctica, el carácter estratégico que le otorga el artículo 28 constitucional, por lo que “se ha realizado sin atender los imperativos de interés general o de beneficio social básico para el desarrollo nacional.

“La exigencia de tarifas eléctricas justas no sólo proviene de la población de menores recursos sino también de otros sectores de la sociedad con distinto nivel de ingreso”.

Las reformas a la Constitución Política, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Servicio Público de Energía Eléctrica, tienen por objeto otorgar participación a la Cámara de Diputados en la determinación de las tarifas por suministro y venta de energía eléctrica, sin que ello signifique suplantar la labor técnica y financiera que deben llevar a cabo para tal efecto la Secretaría de Hacienda, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía a través de la Comisión Reguladora de Energía.

El documento se canalizó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Energía.

Prohibir promoción de tatuajes

Se remitió a la Comisión de Salud una iniciativa del diputado David Hernández Pérez (PRI) por la que se modifica el artículo 3 de la Ley General de Salud, a fin de establecer que, en caso de que alguna empresa o particular introduzca, adhiera o adjunte tatuajes a los productos de consumo humano, así como a quienes se encarguen de su distribución y venta, serán acreedoras a las sanciones económicas y administrativas que la autoridad reguladora le imponga.

Hernández Pérez señaló que no se precisan las medidas para el control de los productos de consumo humano, por lo que no prohíbe que se incluya, agregue o adhiera otro elemento que contenga, por ejemplo, las calcomanías o tatuajes en forma promocional.

“Necesitamos regular ese tipo de cultura, de conductas y no incitar a los menores a que empiecen a tatuarse desde pequeños”, aseveró.

Incentivar el campo mexicano

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (PRD) presentó una iniciativa que pretende reformar los artículos 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de implementar una política agroalimentaria con metas a corto, mediano y largo plazos.

“Es urgente que se establezcan mecanismos que acompañen a los productores más desprotegidos para que inicien sus procesos de organización económica y que se les apoye para adquirir los requisitos que pide la Sagarpa”.

Manifestó que es necesario invertir en infraestructura en este sector con el objetivo de que la producción alimentaria sea suficiente y cubrir las necesidades de consumo nacional. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Inscribir con letras de oro el nombre de Gertrudis Bocanegra

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia) presentó una iniciativa a fin de inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de “Gertrudis Bocanegra Mendoza”.

“Esta gran mujer entregó su vida por la patria, luchó por la libertad de los mexicanos, defendió sus ideales, entregando su propia vida antes de traicionar el movimiento de independencia”, expresó.
Fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Micro, Pequeña y Mediana empresas

A la Comisión de Economía se remitió una iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (NA) para que se fomenten acciones de desarrollo económico que permitan promover la integración regional y sectorial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Mipymes) e impulsar su expansión y diversificación en zonas menos desarrolladas.

Se busca con las reformas al artículo 22 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fortalecer a aquellas Mipymes establecidas en territorios de mayor desarrollo económico estimulando en general un crecimiento regional equilibrado.

Modificar la Ley de Coordinación Fiscal

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez (PAN) leyó reformas al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de que las aportaciones destinadas al Fondo para Infraestructura Social que reciban los estados y municipios se destinen al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones.

Dichas acciones, añadió, podrían beneficiar directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

Trata de personas

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (NA) presentó una iniciativa que busca eliminar el último párrafo del artículo 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pues dijo que en dicho artículo se establece que el consentimiento otorgado por la víctima cuando se comete un delito de trata se regirá en términos del artículo 15, fracción III, del Código Penal Federal. “Ello implica que, en términos generales, el delito de trata de personas excluye cuando hay de por medio consentimiento de la víctima”.

La reforma tiene como fin eliminar el principio de consentimiento en el artículo 6 de la ley, ya que, dijo, “el bien jurídico tutelado es el libre desarrollo de la personalidad, y éste es un bien indisponible, entonces el consentimiento de una víctima de trata, por definición, estaría viciado”. Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.

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