• Se respaldó en las atribuciones que a la presidencia otorgan la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento Interior

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Javier Lozano Alarcón, informó que más de dos millones de mexicanos han sido beneficiados a través del Servicio Nacional de Empleo, “este mecanismo gubernamental ha tenido un desempeño récord”.

Previamente, el vicepresidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, en funciones de presidente, tomó protesta de decir verdad al funcionario.

En su discurso, Lozano Alarcón dijo que los diversos programas implementados por dicha dependencia han significado la preservación de un millón y medio de plazas, “con ingreso o actividad productiva, en la que se hizo una inversión de cuatro mil millones de pesos”.

No obstante, reconoció que los resultados no son suficientes ni satisfactorios, “debido a que todavía se registra un bajo nivel en la generación de empleos, una tasa de desocupación elevada, excesiva participación del sector informal, la evidente discriminación de género y en grupos vulnerables, la persistencia del trabajo infantil, el insuficiente ingreso promedio y salario mínimo”.

Agregó que también influyen factores como la ausencia de una cultura de productividad laboral, los flujos migratorios obligados hacia los Estados Unidos y el rezago de la justicia laboral, a los que calificó de aspectos a revertir a fin de lograr un cambio estructural para darle mayor competitividad a la economía nacional.

Destacó que la crisis financiera mundial tuvo una innegable repercusión sobre la economía mexicana, “por la interdependencia con Estados Unidos y Canadá; 8 de cada 10 de nuestras exportaciones están orientadas a esa región y 8 de cada 10 turistas vienen de aquellos países”.

El funcionario subrayó que durante el primer semestre del año el descenso del Producto Interno Bruto (PIB) fue cercano al 10 por ciento anualizado, mientras que la caída en el empleo, de acuerdo a los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue menor al dos por ciento.

“Cifra favorable, comparada con la crisis de 1995, en donde para ese periodo se había perdido el 10 por ciento del total de los empleos formales registrados”, añadió.

Al hablar sobre el decreto presidencial que extinguió a la Compañía de Luz y Fuerza de Centro (LyFC), aseguró que se actuó con legalidad, legitimidad y oportunidad, “con plena conveniencia para la economía nacional”.

Precisó que se trató de una decisión “difícil, debido a que afecta a quienes tenían un empleo y lo perdieron de un día para otro”. Asimismo, manifestó su respeto a la autonomía sindical, contratación colectiva y derecho de huelga.

Convergencia

Al iniciar los posicionamientos, el diputado Pedro Jiménez León subrayó que la prioridad de la STyPS es garantizar el derecho constitucional de cada mexicano a un trabajo bien remunerado, para ello, dijo, debe asumir el papel de mediador entre los factores capital y trabajo, “pero como ocurre siempre si el árbitro se vuelve parcial en contra del más débil éste se torna aún más vulnerable”.

Agregó que decidir quién o no puede dirigir un sindicato corresponde a los trabajadores y en última instancia a los tribunales laborales, “no a la burocracia” y consideró que la negativa a la toma de nota de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas “era solamente el preámbulo para terminar con una empresa pública e iniciar la privatización en el sector energético”.

Se le imputa a los trabajadores ser la causa de las deficiencias de una empresa mal manejada y administrada desde hace décadas, dijo, “¿dónde estaban los administradores, acaso no fue el Gobierno como patrón quien concedió a los trabajadores las prestaciones de las que hoy abjura?”, cuestionó.

Refirió que la tasa de desocupación superó el seis por ciento en el mes de agosto y que con la Ley de Ingresos aprobada “no sólo más personas perderán su trabajo sino que aquellos que puedan conservarlo verán disminuidos de manera drástica sus ingresos”, por lo que solicitó apoyar un programa de emergencia para el estímulo del empleo.

Nueva Alianza

En tanto, el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar se pronunció porque se respeten el derecho de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y que “para los que decidan incorporarse a la nueva empresa exigimos condiciones de trabajo dignas, funcionales y asegurar el desarrollo de personal calificado”.

Enfatizó que las prerrogativas planteadas por el Gobierno federal dentro del plan de liquidación tienen que ser cumplidas con cabalidad respetando el derecho de los trabajadores a emprender acciones en defensa de sus intereses, pero esta defensa, advirtió, “no debe sobrepasar la autoridad del Estado y la seguridad de la sociedad porque no se pueden colocar los intereses particulares o de grupo sobre los de la nación”.

Luego de aseverar que el índice de desempleo es el más alto en los últimos 14 años, ya que ascendió a 3 millones de personas, el legislador asentó que además de las acciones orientadas a dar repuesta a la crisis se necesita impulsar las reformas estructurales y de fondo en los sectores laboral, económico y fiscal.

“Estamos de acuerdo en apoyar y realizar los ajustes necesarios a la legislación laboral” para impulsar la productividad y competitividad de empresas, “siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores y los principios consagrados en el artículo 123 constitucional”, señaló.

PT

Por su parte, el diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo que la desaparición de un sindicato por decisión administrativa “es una afrenta contra el artículo 123 y las convenciones internacionales y que la creación y desaparición de empresas paraestatales es facultad del Congreso, con mayor razón cuando se trata de actividades estratégicas”.

Subrayó que la política laboral “o es el espacio donde se construye la legitimidad por el diálogo o acaba de enterrarse por el atraco” y mencionó que el análisis de las condiciones laborales impuestas al SME revela una disminución del ingreso promedio de los trabajadores, superior al 28 por ciento; la mitad de ellos, señaló, gana menos de 6 mil pesos mensuales”.

Agregó el 10 de junio la SFP valoró los resultados del Comité Mixto de Productividad y otorgó una calificación de 93.8 por ciento en el cumplimiento de las metas pactadas con el Sindicato y que los recursos que se transfieren a LyFC se utilizan íntegramente para costear la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad.

“La negociación colectiva es, en tiempos de crisis, el método privilegiado para enfrentar situaciones semejantes en todo el mundo, no hay otro caso de declaración de guerra a las organizaciones gremiales y despido masivo de casi 60 mil trabajadores en momentos de agudo desempleo”, afirmó.

PVEM

A su vez, el diputado Diego Guerrero Rubio señaló que la comparecencia es la oportunidad para que el titular de la STyPS dé un balance en materia de seguridad e higiene, justicia laboral, sindicalismo, trabajo agrícola e infantil, capacitación y empleo.

Lo anterior, ante una época de crisis que ha incrementado el desempleo en el país, y que en el mejor de los escenarios ha incentivado la creación de empleos precarios en perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores.

Mencionó que en un contexto en dónde México es el país más afectado de América Latina y donde la recuperación mexicana será la más lenta que del resto de las naciones, y en la cual habrá una caída de aproximadamente del 7 por ciento del Producto Interno Bruto de este año, surgen interrogantes para el encargado de estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación.

Durante la participación de Guerrero Rubio, el vicepresidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, en funciones de presidente, dijo que en razón de las condiciones imperantes y a petición de diversos grupos parlamentarios se decretaba un segundo receso hasta restablecer el orden. (El primer receso se dio durante la intervención del funcionario).

Al reanudarse la Sesión, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco Ramírez Acuña dijo al funcionario, “señor secretario, le agradecemos su comparecencia y a través de la misma se da por cumplida su comparecencia al citatorio que le hizo la Asamblea”.

Recordó que “la comparecencia se estaba desarrollando en términos del acuerdo parlamentario aprobado por el Pleno el pasado 20 de octubre, y que ya se había otorgado el uso de la voz a diferentes legisladores en representación de su grupo parlamentario”.

Ante diferentes situaciones y eventualidades, mencionó, la presidencia hizo los llamados al orden en varias ocasiones, en los términos, con las atribuciones y con las obligaciones que le permiten los artículos 23 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento Interior del Congreso General, respectivamente.

“Que la presidencia ha demostrado en todo momento prudencia, tolerancia y respeto a todas las diputadas y diputados de esta Asamblea; por lo anterior, con fundamento en el artículo 23 de la Ley Orgánica y las obligaciones del artículo 21 del Reglamento Interior, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 27 de octubre, a las 10 de la mañana”, abundó.

Previamente, para alusiones personales tomaron la palabra los diputados del PRD, Emilio Serrano Jiménez y Nazario Norberto Sánchez, así como el legislador Carlos Flores Rico (PRI).

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