La Comisión del Distrito Federal, que preside la diputada Gabriela Cuevas Barrón (PAN), se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil para recibir sus propuestas e impulsar reformas legislativas en materia de seguridad pública que privilegien al ciudadano.

Durante la reunión celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro con representantes de las organizaciones de la sociedad civil de SOS México; México Unido Contra la Delincuencia y Alto a los Secuestros, se aprobó crear una subcomisión para dar seguimiento a las propuestas de estas organizaciones en materia de seguridad pública y se determinó que su contenido, alcance e integrantes serán definidos en próximos días.
Cuevas Barrón afirmó que el objetivo de la reunión fue escuchar las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para llegar a acuerdos y soluciones que abonen en una vida más tranquila para los habitantes de la capital de la República.

“Nos propusimos trabajar de manera abierta y coordinada con la sociedad civil; escuchando y abriendo las puertas de este recinto para encontrar mejores propuestas y una nueva forma de hacer política”.

El tema de esta primera reunión de trabajo fue seguridad pública, porque es la preocupación más importante para el 70 por ciento de los capitalinos “y debemos hacerla nuestra”, dijo.

Tenemos la oportunidad de abordar una de las aristas más importantes del Distrito Federal: la seguridad y debemos hacerlo con serenidad y responsabilidad que el caso amerita.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando Patrón sostuvo que el asunto no debe politizarse ni entintarse, “es de los pocos temas donde el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo porque la sociedad no puede apoyarlo solidariamente, podemos actuar preventivamente pero en los hechos hay que dar mayores resultados”.

Destacó que debe ser un trabajo en equipo, entre gobierno, legisladores e instituciones sociales, “es la manera de empezar a hacer compromisos, a vincularnos, a dejarnos tarea, a hacernos responsables de nuestros actos en un marco de transparencia y rendición de cuentas, que es lo que va a transformar nuestras instituciones”.

Enseguida, el diputado Armando Corona Rivera (PRI), señaló que para avanzar en la solución de los grandes problemas del Distrito Federal se requiere unidad, disponibilidad en la construcción de acuerdos y una vinculación y participación ciudadana efectiva y más cercana a la gente.

Planteó la necesidad de presentar iniciativas de ley que disminuyan la delincuencia y obliguen a los tres órdenes de gobierno a realizar acciones de vigilancia en la prevención del delito.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (PAN) indicó que es urgente romper el círculo de ineficacia en las instituciones que, sumado a corrupción, se traduce en impunidad, delitos y violencia, lo cual no podría ser posible sin la complacencia e irresponsabilidad de todas las autoridades.

Coincidió en que no es un asunto de colores o ideologías y añadió que “no es con discursos como vamos a recuperar la confianza de la ciudadanía, sino con hechos concretos”

En su oportunidad, el diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD) indicó que la seguridad no tiene color ni partido, “así como los delincuentes se unen, se organizan y se modernizan, hace falta que legisladores y servidores públicos nos unamos para combatir la inseguridad; somos más de este lado, de los buenos, que de aquel, hay gente más inteligente que aquellos, sólo falta organizarnos”.

Reconoció que el trabajo con las organizaciones de la sociedad es indispensable; “estamos abiertos para hacer nuestro mejor esfuerzo, pero sin ustedes no podemos hacer nada”.

Advirtió que no se debe premiar ni dar las gracias a los servidores públicos que cumplan con sus funciones, “para eso nos pagan y muy bien, para cumplir con la responsabilidad que aceptamos, nadie nos obligó y eso nos debe quedar muy claro”.

A su vez, el diputado Rafael Pacchiano Alamán (PVEM) señaló que en el Poder Legislativo se busca generar una cultura de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, “en que se compartan habilidades e inteligencia para desarrollar procesos de definición de políticas con la participación de todos”.

Se pronunció por impulsar la formación del marco jurídico que requiere el país para prevenir y combatir delitos como el secuestro. “Tenemos la obligación de establecer condiciones legislativas que permitan tener mejores políticas públicas que hagan frente a la delincuencia”.

Por el PT, el diputado Óscar González Yáñez afirmó que el crimen organizado “no son dos ciudadanos, no son ciudadanos, son sectores de la sociedad que se organizan para delinquir: gobiernos, clase política, servidores públicos, policías y ciudadanos”.

Apuntó que existe un problema grave de corrupción y propuso el aumento de penas como prevención para el caso de servidores públicos; y que los procuradores sean autónomos, en cuyo caso deberían tener un cargo de elección popular.

Participó en la reunión Alejandro Martí García, presidente de México SOS, quien señaló que es necesaria una política de seguridad pública de Estado construida con el trabajo comprometido y continuo de legisladores que verdaderamente sean evaluados por el voto de los ciudadanos.

Propuso impulsar la reelección de legisladores, presidentes municipales y gobernadores para posibilitar políticas públicas eficaces. “Los puestos de elección popular deben ser conducidos por profesionales; la sociedad no tiene por qué pagar la curva de aprendizaje que se produce cada tres o seis años”.

También planteó la creación de una subcomisión de trabajo que produzca propuestas que puedan convertirse en reformas o leyes.

La presidenta de la fundación Alto al secuestro, María Isabel Miranda de Wallace, propuso la creación de una Ley General de Víctimas, que contemple el derecho de una persona a no ser despedida del trabajo cuando haya sido secuestrada. La Ley Federal del Trabajo actual establece que al cuarto día de falta puede ser despedido, debe tener la oportunidad de conservar el empleo y resarcirse del daño que causa, dijo.

Además, que los rescates sean deducibles; “no puede ser que el secuestro quiebre económicamente a una familia y el Estado le siga cobrando impuestos como si no hubiera pasado nada”.

Planteó la revocación del mandato, pues “mientras no se remueva de sus cargos a los malos funcionarios públicos y se siga premiando su actuación, en seis años nos veremos aquí”.

Planteó reformas a la Ley de Amparo privilegiando los derechos de las víctimas, pues la actual vigila los bienes de los delincuentes o procesados, donde las víctimas no tienen cabida, cuando es elemental que tengan equidad en el proceso.

Carlos Mendoza, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, hizo hincapié en la necesidad de fomentar la cultura de la prevención del delito. Llamó a que en estos momentos, cuando el tema presupuestal es uno de los más atractivos, se busque cómo etiquetar recursos y fortalecer la prevención social”.

Dijo que se deben establecer candados para orientar los recursos a este renglón, al fortalecimiento de valores, dar más oportunidades, a que se enfoquen donde tengan mayor impacto y eviten que llegue más gente a la cárcel.

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