• Hay que atender cuestiones climatológicas y la realidad económica, aduce el legislador

El diputado Adán Augusto López Hernández (PRD) propuso que la Cámara de Diputados apruebe anualmente las tarifas del servicio público de energía eléctrica, así como ajustar, modificar o reestructurarlas cuando la finalidad sea fomentar el desarrollo nacional.

En una iniciativa que modifica los artículo 74 de la Constitución, 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el legislador plantea que, en el ejercicio de esta facultad, la Cámara deberá privilegiar el carácter estratégico y social del servicio.

Lo anterior, afirmó, sin que signifique suplantar la labor técnica y financiera que deben llevar a cabo para tal efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía.

“El objeto de la propuesta es que la Cámara de Diputados establezca las tarifas atendiendo a las condiciones climatológicas, pero sobre todo a la realidad económica y social del país”, dijo.

Argumentó que este servicio público ha perdido el carácter estratégico que le otorga el artículo 28 constitucional, ya que se realiza sin atender el interés general o el beneficio social básico para el desarrollo.

Las altas tarifas eléctricas hacen inaccesible un servicio que es fundamental para llevar a cabo la mayoría de las actividades. La exigencia de cobros justos no sólo proviene de la población de menores recursos sino también de otros con distinto nivel de ingreso, como la clase empresarial, subrayó.

Dijo que la ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de otras dependencias y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, para fijar las tarifas eléctricas. En ejercicio de esta facultad, añadió, se autorizó el ajuste, modificación y reestructuración de los cobros por tipo de suministro y venta de energía eléctrica y redujo el monto del subsidio a los domésticos.

Lo anterior, con el argumento de que dicho subsidio beneficiaba en mayor medida a los usuarios con altos consumos de energía eléctrica y que las empresas públicas requerían de mayores recursos para atender la demanda creciente de electricidad con altos niveles de calidad.

“En los hechos, este decreto ha repercutido seriamente en los ingresos de miles de familias, cuyo salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y educación, toda vez que las tarifas eléctricas se han incrementado mucho más que los índices de precios y que el propio salario”.

“Desde nuestra perspectiva el problema de las altas tarifas eléctricas es que son determinadas de manera discrecional por la Secretaría de Hacienda, sin la participación de otras instancias ni de la sociedad civil y sin tomar en cuenta criterios de justicia y equidad social”, aseveró.
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