Diputados de los grupos parlamentarios del PVEM, PRD y PT se pronunciaron en contra de los permisos otorgados por el gobierno federal para la siembra experimental de maíz transgénico.

El PAN por su parte defendió la decisión del Ejecutivo Federal y se manifestó a favor del desarrollo de la biotecnología agropecuaria.

Al abordar el punto referente a la agenda política, el diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) afirmó que en México el tema del maíz es un asunto, además de histórico y cultural, de seguridad alimentaria.

Indicó que el pasado 15 de octubre, el gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Semarnat, aprobó los dos primeros permisos para la siembra experimental de maíz transgénico.

Estos permisos, abundó el diputado, se extendieron ignorando el principio precautorio referido en el Protocolo de Cartagena, mismo que fue ratificado por nuestro país en 2002 y que entró en vigor en 2003.

Explicó que el principio precautorio tiene como fin proteger el medio ambiente y la salud de las personas, por lo que los gobiernos deben aplicar ampliamente este criterio cuando exista peligro de daño grave o irreversible o cuando no exista certeza científica absoluta de estos daños, eliminando o postergando cualquier técnica y su uso hasta que se tengan medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente y proteger la salud pública.

Por ello, dijo, el PVEM ha manifestado su rechazo a este tipo de cultivos sin las medidas precautorias necesarias que garanticen la preservación de nuestros recursos naturales y el bienestar de las personas.
Carabias Icaza manifestó que las autorizaciones se dieron siete meses después de que el gobierno federal promulgó modificaciones reglamentarias para permitir el uso experimental de maíz transgénico.

Es importante que en nuestro país existan controles y restricciones a este tipo de cultivos, evaluando caso por caso, tal como lo establece el Protocolo de Cartagena y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados para evitar riesgos a la salud y al ambiente.

Por su parte, el diputado Avelino Méndez Rangel, del PRD recordó que el 6 de marzo de este año, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó un decreto en el que se da pie a permitir la siembra de maíz transgénico en nuestro país.

Este decreto, dijo, es violatorio de la ley e invade atribuciones porque corresponde a esta Cámara legislar sobre salud y medio ambiente.

Mencionó que la introducción de transgénicos en el ecosistema causa contaminación genética irreversible, además de provocar la desaparición de variedades endémicas o tradicionales.

En la salud humana, abundó, causa estragos como alergias, resistencia a antibióticos y efectos tóxicos. Concluyó que la Cámara de Diputados tiene que pronunciarse de forma urgente sobre la revocación de la siembra del maíz transgénico.

A su vez, la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón (PAN) defendió la decisión del Ejecutivo Federal y argumentó que a nivel mundial existen más de 90 millones de hectáreas cultivadas con organismos genéticamente modificados y diseminados prácticamente en todo el mundo, concentrándose en cuatro productos esencialmente: soya, maíz, algodón y canola.

“Hoy se cultivan en mayor o menor escala desde Canadá y Estados Unidos hasta Honduras, Brasil, Argentina, Francia, España y muchos otros países de Europa central”.

Es inaceptable, añadió, que después de más de una década de foros, consultas y discusiones acerca de las ventajas de la biotecnología, no podamos avanzar en sentido favorable en la evaluación y posterior adopción de estos cultivos en las regiones que la ley permite, lo que sin duda ayudaría a los agricultores mexicanos a ser más competitivos y reducir la dependencia de las importaciones para abastecimiento de nuestro país, expuso.

Para el grupo parlamentario de Acción Nacional, agregó, el desarrollo de la biotecnología agropecuaria explora las necesidades de una agricultura sustentable que no sólo pretende generar nuevas posibilidades ante la crisis mundial de alimentos, los cambios climáticos y la sequía, sino como toda innovación tecnológica radical los organismos genéticamente modificados han generado y generarán más controversia en cuanto a sus beneficios y sus repercusiones.

Finalmente, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del PT, dijo que se debería tomar en consideración y por tanto denunciar, que en el caso de la transnacional Monsanto, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y con recursos públicos, pretende experimentar la siembra de maíz transgénico.

“En el PT nos pronunciamos porque se revoquen estos permisos y no solamente eso. Creo que es muy importante que en esta Cámara haya una participación por parte de científicos destacados y que vengan también de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)”.

Mencionó que la demanda de cancelación de los permisos es porque se considera que se violan los derechos de participación pública y de acceso a la información; además de que no están bien fundados ni motivados, y van en contra del objeto y fin de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.

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