La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI), aseguró que se requieren políticas públicas transversales que atiendan las necesidades de las personas con discapacidad, por lo que se pronunció en contra de los recortes presupuestales impulsados por el Ejecutivo.

Refirió que a la educación especial se le disminuyeron los recursos considerablemente; “el año pasado se designaron 662 millones de pesos (mdp), la propuesta del Ejecutivo es de 78 millones y de ellos, a los estados y los municipios, en donde están las escuelas de educación especial, solamente se le etiquetaron 16 mdp”.

En nuestro país, añadió, existen cuatro millones de niños que demandan educación especial, por lo que es inaceptable la puesta del Ejecutivo “de reducir el presupuesto para este sector de la población”.

Afirmó que la comisión a su cargo buscará obtener más recursos para la educación especial; “además, revisaremos a detalle que todos los programas sociales de grupos vulnerables apliquen sus partidas y en caso de que se reporten irregularidades revisaremos qué se hace con los subejercicios”.

De la Torre Valdez abundó que en lo referente al Instituto Nacional de Migración, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2009, se asignaron 22 millones de pesos para el Programa de Protección a Migrantes. “Desafortunadamente, en la propuesta del Ejecutivo no aparece este programa”.

Por su parte, la diputada Claudia Anaya Mota (PRD), secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, denunció que a pesar de que el país enfrenta una crisis económica, “se han detectado alzas en partidas de comunicación social, servicios personales, gasto corriente; si de verdad estamos en año de austeridad no creo que se deban aumentar esas partidas”.

Coincidió en impulsar políticas públicas transversales que den atención a las personas con discapacidad, “actualmente han descargado en las organizaciones gubernamentales ese trabajo, pero sin dinero, porque no se les mandan los recursos”.

En tanto, María Teresa Fernández, representante de diversas Asociaciones Civiles, resaltó que con el recorte presupuestal planteado por el Ejecutivo, se pone en riesgo la viabilidad de la política social para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Señaló que uno de los programas afectados es el de Atención a Personas con Discapacidad, perteneciente al Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF), el cual será reducido en un 29.9 por ciento, al pasar de 486.5 millones en 2009 a tan sólo 34.4 millones de pesos en 2010.

Aclaró que en materia educativa para este sector de la población, los recortes son “similarmente descomunales”, ya que, el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa se disminuye en 88.2 por ciento; es decir, pasa de 662.4 millones a únicamente 78.2 millones.

Asimismo, dijo que el Programa de Educación para personas con discapacidad se recorta en 25 por ciento, al pasar de 100 millones de pesos en 2009 a 75 millones en 2010. Destacó que hay, incluso, programas a los que ya no se les asigna recurso alguno, “como en el caso del Centro Paralímpico Nacional en Jalisco, que pasó de 300 millones en 2009 a cero para el siguiente año”.

Sostuvo que el programa Acciones de Educación para Discapacitados, tenía 100 millones en 2009, pero que también pasará a cero en el ejercicio 2010. Otra partida presupuestal afectada es el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, ya que se reducirá en 40.4 por ciento al pasar de 644.1 millones en 2009 a 382 millones para el paquete económico del siguiente año.
En este sentido, manifestó que la suma de los únicos montos que en 2010 están expresamente etiquetados para los programas que permitan el cumplimiento de la política social federal para las personas con discapacidad se estima en 187 millones de pesos, “no llega ni siquiera a los 200 millones de pesos”.

El profesor de derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Carlos Ríos Espinosa, expresó que el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo para 2010, más que una política de Estado es de simulación.

“Ya que de los 187 millones de pesos para atención de discapacitados le toca a cada entidad federativa alrededor de seis millones; si este presupuesto se distribuye entre los mexicanos con alguna discapacidad, equivale a 18 pesos anuales por persona, con eso no se puede hacer absolutamente nada”.

Agregó que la omisión del Estado en proporcionar ajustes razonables y apoyos decididos hacia las personas con discapacidad constituye también una forma de discriminación.

Porque con los recortes presupuestales programas a favor de la infancia con discapacidad, sobre todo en los rubros de educación, entretenimiento, deporte, cultura y salud no podrán ser aplicados.

“Tampoco podrán ser instrumentados programas específicos en apoyo a las mujeres con discapacidad, las cuales tendrán que esperar a que un presupuesto más digno sea aprobado”.

El diputado Vidal Llerenas Morales, secretario de la Comisión de Presupuesto, argumentó que se debe trabajar en tres vertientes: “primero, asegurar recursos iguales a los del año pasado; segundo, avanzar en una etiquetación más precisa, que sean transversales; tercero, que sea la propia Comisión quien vigile su aplicación”.

Precisó que es necesario construir un sistema más efectivo y oportuno para detectar cualquier subejercicio, a fin de corregirlo a tiempo, “si no seguiremos asignando dinero y no enterarnos por qué no se aplica o conocerlo tiempo después, cuando ya no se puede hacer nada”.

Anteriormente, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se reunió con representantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), y del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con el objeto de presentar y argumentar sus proyectos y necesidades presupuestales.

Yolanda De la Torre Valdez presidenta de la Comisión señaló que es necesario que los legisladores logren los acuerdos correspondientes para que los recursos lleguen a todas las entidades federativas.

En su participación, Raúl Rafael Anaya Núñez, Director General de Programación, Organización y Presupuesto, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), precisó la necesidad de un presupuesto de mil 721.7 millones de pesos para regularizar las ampliaciones que se dieron hace un año.

Manifestó que no se tienen recursos asignados para obra ni para equipamiento; asimismo, refirió que es necesario el apoyo para atención a personas con discapacidad, así como a los Centro de Rehabilitación Integral (CRI), a los cuales se les ha mantenido un apoyo por medio de subsidios.

Destacó que se ha trabajado con los directores de los DIF y los secretarios de finanzas de los estados, a efecto de revisar de manera detallada un esquema de financiamiento consistente con el ejercicio de centralización.

En su oportunidad, la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), Myriam Arabian Couttolenc, solicitó un presupuesto de 388 millones de pesos a fin de atender programas para personas con discapacidad bajo el enfoque de derechos humanos.

Dentro de los programas que presentó destacó la necesidad de una campaña nacional de comunicación sobre los derechos de las personas con discapacidad de impacto en los gobiernos estatales municipales y ONGS, con un presupuesto de 123 millones de pesos en el año para una campaña.

También 50 millones de pesos para el Sistema de Información de Discapacidad, el cual tendría el objeto de obtener información sobre la discapacidad en México.

Por su parte, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, del Instituto Nacional de Rehabilitación, argumentó que es necesaria la asignación de 185 millones de pesos para los programas de investigación, consultas, ingresos hospitalarios, cirugías y terapias.
Así como apoyo al Centro Nacional de Atención de Quemados y mantenimiento del equipo y quirófanos para turno vespertino.

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