• Sólo seis entidades tienen sus sistemas de justicia oral funcionando

La Comisión de Justicia, que preside el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, acordó reunirse con el secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia, Felipe Borrego Estrada, a fin de analizar los detalles del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PEF-2010) en ese ámbito.

Al exponer la propuesta, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) refirió que en la reforma de junio del 2008, se estableció en un Artículo Transitorio considerar recursos para el nuevo sistema de justicia penal en el ejercicio fiscal inmediato, es decir, en el 2009, pero no fue así y ya ha transcurrido prácticamente año y medio”.

Dijo que en el Proyecto de Presupuesto Egresos, en el ramo 04, concerniente a la Secretaría de Gobernación, se propone un presupuesto para el nuevo sistema de justicia de alrededor de 577 millones de pesos y que en la redacción “se refiere al gasto corriente como si fuera estrictamente para la operación de la comisión que se creó para la implementación del sistema”.

“Me parece que estos recursos son insuficientes y no están debidamente etiquetados. Debemos citar a comparecer a la respectiva comisión para que nos explique los avances en la materia y los programas que instrumentará para cumplir con sus funciones.

“Este presupuesto tiene que considerar tres vertientes: necesidades materiales, humanas y financieras. Sólo para la implementación de las salas de oralidad se requerirían aproximadamente 737 millones anuales; ni siquiera lo que se está considerado actualmente cubriría mínimamente los requerimientos en este rubro”.

“El cálculo global de lo que tendríamos necesidad de tener para este efecto son alrededor de mil 700 millones de pesos en el PEF, pero el gasto corriente sólo podríamos determinarlo de manera arbitraria en este momento porque no hemos tenido interlocución con el secretariado técnico”, señaló.

Al respecto, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) resaltó que la reforma constitucional aprobada en junio de 2008 plantea ocho años de gracia para la implementación integral del sistema en todo el país.

“Creo que tenemos que entrar un poco más a fondo en la aplicación de esos 577 millones de pesos, tienen que ir muy bien etiquetados. Si no mal recuerdo, son sólo cinco o seis entidades las que ya tienen sus sistema de justicia oral funcionando, pero la realidad es que hay tres en las que no se ha hecho una sola modificación.

“No podemos estar hablando de una cantidad de recursos integral de la misma manera para todas las entidades cuando hay algunas que ni siquiera han establecido el interés de echar a andar la reforma”.

Señaló que se tienen que destinar recursos para la difusión de lo que es el nuevo sistema de justicia penal, a fin de que al término de los ocho años previstos la ciudadanía lo reconozca plenamente y funcione a cabalidad.

Por su parte, el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez (PRD) señaló que “es muy complicado pedirle al poder judicial de las entidades federativas que implementen la reforma y apliquen los procedimientos de juicios orales si no tienen autonomía financiera”.

Refirió que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no ha podido implementar este sistema por la falta de autonomía financiera. “No es posible ejercer a plenitud el ejercicio de la impartición de la justicia cuando existe supeditación a los ejecutivos locales”.

“Es lamentable ver a los presidentes de los tribunales haciendo antesala en las secretarías de finanzas año con año para negociar su presupuesto”, concretó.

En tanto, el diputado Pedro Vázquez González (PT) refirió que hay estados de la república que han avanzado de manera significativa con apoyo de universidades en la implementación de los juicios orales, por lo que propuso que se apoye a estas instituciones académicas que capacitan a las nuevas generaciones sobre la operación del sistema.

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