La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) leyó una iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para que el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que administra la Secretaría de Seguridad Pública federal se convierta en el Fondo para la Seguridad Pública Municipal, a fin de establecer transferencias institucionalizadas y permanentes.

El documento refiere que en el último año ha habido un aumento constante de los delitos del fuero común, los cuales ascendieron a un millón 610 mil 565, mientras que los delitos del fuero federal alcanzaron los 136 mil, según el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad.

“La situación fiscal de los municipios y el desafortunado crecimiento de los índices de criminalidad hacen imperante la permanencia de recursos destinados a mejorar la seguridad pública municipal y a fortalecer los mecanismos de coordinación entre la federación, los estados y ayuntamientos”, subrayó la diputada.

Señaló que dicho fondo se destinaría a la profesionalización de los elementos policiales e implantación del servicio profesional de carrera policial; al equipamiento básico de las corporaciones policiales, el cual comprende armamento, uniformes, equipo de protección personal y vehículos, y a la infraestructura, adquisición, adecuación y modernización del equipo policiaco.

Es necesario, precisó, diseñar una redistribución más justa, equitativa y homogénea de los recursos federales que permita a los estados y municipios realizar acciones en materia de equipamiento y capacitación de los cuerpos policiacos.

Las acciones en materia de seguridad pública para combatir, prevenir y sancionar los actos delictivos requieren recursos presupuestales permanentes y estables que den certidumbre a las autoridades municipales, por lo que es necesario que el Subsemun adquiera la figura de fondo dentro de las aportaciones federales, abundó.

Aguirre Maldonado expresó que “un subsidio tiene un carácter temporal y discrecional por parte del Ejecutivo federal, mientras que un fondo realiza transferencias institucionalizadas y permanentes, que en este caso permitirán la continuidad de los recursos federales dirigidos a los municipios en materia de seguridad pública”.

La iniciativa también suscrita por los diputados del PRI, María Cristina Díaz Salazar, Jesús Alberto Cano Vélez y Luis Videgaray Caso reforma los artículos 25, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Zonas metropolitanas

Para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de zonas metropolitanas, el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN) presentó una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política.

Se sugiere la intervención del Congreso de la Unión para facultar al Poder Legislativo que declare las correspondientes zonas en asesoría directa con dependencias especializadas en la materia como la Sedesol y el Consejo Nacional de Población, propiciando que la aplicación continua de esta facultad del Congreso haga obligatoria la coordinación intermunicipal en materia de prestación de servicios, inversión en infraestructura y solución de controversias. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Reformas constitucionales

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia) leyó una iniciativa que reforma los artículos 59, 71, 78, 81, 116 y 122 de la Constitución Política, en la que se establece que la elección del presidente de la República, de los gobernadores y del jefe de Gobierno del Distrito Federa será directa y por mayoría absoluta.

Indica que en caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta, se procederá a celebrar una segunda votación entre los candidatos que hayan obtenido las dos votaciones más altas. Ésta se llevará a cabo cuarenta y cinco días después de emitidos los resultados finales por la autoridad electoral competente.

Respecto a la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal, se establece que el Congreso de la Unión deberá aprobarla o rechazarla dentro de los treinta días hábiles, y que no podrá ser considerada así cuando sea en materia presupuestal, ni modificaciones de constitucionales.

El documento canalizado a la Comisión de Puntos Constitucionales precisa que en caso de que la iniciativa no sea desechado en el plazo ésta se tendrá por aprobada; se faculta a la Comisión Permanente para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la iniciativa, se convoque a un periodo extraordinario para votar el carácter preferente de la misma, y establece la reelección de los senadores y diputados propietarios o suplentes.

Dictaminar iniciativas

Para que todo proyecto de decreto sea dictaminada dentro de un plazo de veinte días hábiles, mismo que corre a partir del día siguiente al que se haya radicado el expediente en la comisión, el diputado Óscar González Yáñez (PT) presentó una iniciativa que reforma los artículos 71 de la Constitución Política y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General.

Se busca, dijo, que una vez que transcurra dicho plazo sin que se emita el dictamen, se entenderá en sentido afirmativo y se someterá al Pleno para su discusión y votación. “Con eso se garantiza los derechos de los legisladores, de los grupos parlamentarios y se garantizaría que el Congreso caminará de una manera más acelerada en las necesidades que tiene el país”.

Recordó que en la pasada legislatura se presentaron cerca de tres mil iniciativas, un promedio de seis por cada diputado; pero de las cuales solamente fueron dictaminadas 750, lo que significa que de cada seis, que presentó cada diputado, solamente dictaminaron 1.5. Se mandó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se canalizó una iniciativa del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (PRI) por la que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de crear el Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos.

Subrayó que dicho fondo se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente al 0.5 por ciento de la recaudación federal participable.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el fondo entre los municipios cuya demarcación geográfica colinde con fronteras internacionales reconocidas por el derecho internacional, siendo asignado 75 por ciento conforme al criterio del factor de población residente y el 25 por ciento restante al factor de población flotante, de acuerdo con la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

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