El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 355 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, el dictamen de la propuesta enviada por el Ejecutivo para modificar la Ley General de Salud en su artículo 77, Bis 12 y Bis 13, referente al esquema de financiamiento del Seguro Popular.

La reforma plantea transitar de una cuota social familiar a una personal, evitando así la desigualdad en la distribución de los recursos y fortalecer el principio de equidad.

En tribuna, el diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (PAN), presidente de la Comisión de Salud, fundamentó que el Sistema de Administración del Padrón de Afiliados al Seguro Popular de Salud en 2004, tenía estimado un total de 4.3 miembros por familia, sin embargo, se ha constatado que el número de integrantes es menor de tres e incluso en algunos estados de la República, entre un 20 a 40 por ciento son familias unipersonales o individuales.

Agregó que la desviación de esa estimación inicial ha provocado que el Ejecutivo Federal advierta que el actual criterio para la asignación de los recursos del Seguro Popular a las entidades federativas, el Distrito Federal y del propio Gobierno Federal sea un riesgo para su funcionamiento y viabilidad.

“Hemos comprendido la trascendencia del problema y la gran importancia que reviste que a la brevedad se generen los ajustes para garantizar que un mayor número de mexicanos cuenten con protección social y con los beneficios de salud que ésta otorga”.

El legislador precisó que la reforma disminuirá la aportación solidaria de los estados de la República en un 23 por ciento, por lo que favorecerá las finanzas públicas de las entidades.

Asimismo, agregó, facilitará el despliegue de acciones para la incorporación de un mayor número de beneficiarios, al mismo tiempo que permitirá ajustar los recursos que cada entidad federativa deba recibir, de acuerdo con el número de personas afiliadas.

“Lo que permitirá hacer realidad el acceso universal de la población del país a la protección social”, subrayó.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo (PVEM) dijo que el compromiso de su partido es garantizar a los mexicanos el acceso universal a los servicios de salud, superar los contrastes regionales que persistan en cobertura y calidad de los mismos, así como la equidad de políticas públicas en la materia.

Por su parte, el diputado del PRD, Gerardo Verver y Vargas Ramírez destacó que la reforma viene a dar equidad a la aportación de los recursos para que en las entidades se pueda disponer de ellos y se logre llevar salud a todos los mexicanos.

Reconoció que el acceso no es suficiente, “necesitamos que no sea letra de discurso, se requiere que el acceso universal a la salud sea la práctica cotidiana y que la aportación se entregue de manera legal”.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán (PAN) señaló que la modificación a la Ley General de Salud permitirá cada año aumentar en 9 millones el número de derechohabientes, lo que acelerará la cobertura universal de esta política pública.

Agregó que esta no representa una reforma más, sino que hace que el Seguro Popular no sólo sea un sistema de salud, sino que sea para muchas de las familias afiliadas la posibilidad de acceder a los servicios y contar con los medicamentos disponibles, que no provoquen un decremento a su economía. “Recordemos que la salud no es una cuestión política ni de colores, es un derecho inalienable”.

A su vez, Rodolfo Torre Cantú (PRI) destacó que a seis años del Seguro Popular se hace necesario replantear el modelo de financiamiento para transitar de un esquema familiar a uno personal, sin embargo, abundó, no únicamente el principio de equidad es relevante, está también la heterogeneidad no sólo en términos geográficos sino de marginación y pobreza.

“El esquema de financiamiento actual no ha privilegiado ni diferenciado los apoyos que reciben las entidades federativas con mayor marginación o mayor población. Con este cambio se incentiva la solidaridad financiera de las contribuciones en el sentido de que los costos promedio para la prestación de los servicios de salud se puedan dar más equitativamente”, concluyó.

La reforma aprobada al artículo 77 Bis 12 establece que el Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, la cual será equivalente al 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal.

Añade que la cantidad resultante se actualizará cada año, de conformidad con la variación observada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

De acuerdo con los artículos transitorios, este decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 2010 y el Ejecutivo Federal procederá a reformar y adicionar el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, en un plazo que no excederá de nueve meses contados a partir de la entrada en vigor de dicho decreto. Se envió al Senado de la República para su trámite constitucional.
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