El diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) propuso reformas a la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva, con el propósito de considerar al aborto como una problemática de salud pública.

“Se busca poner fin a la forma de discriminación omisiva y silenciosa en que ha incurrido el Estado mexicano, regulando los procedimientos que permitan y garanticen a las mujeres gozar de la prestación de los servicios de salud que son necesarios para la interrupción del embarazo, cuando ésta se encuentra autorizada por la ley, en condiciones de gratuidad, calidad y disponibilidad de los correspondientes servicios de atención médica”.

Ello, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la protección a la salud y a la integridad corporal de que son titulares las mujeres, señaló.

La reforma plantea que las instituciones públicas de salud, gratuitamente y en condiciones de calidad, deberán proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos por la legislación penal que resulte aplicable, cuando la mujer interesada así lo solicite.

Santiago Ramírez dijo que otro tema que aborda la iniciativa es el relativo a la concepción “antediluviana” de que las relaciones sexuales sólo son aceptables cuando tienen por fin la procreación, ya que representa un tema grave y delicado de salud pública.

César Augusto Santiago destacó que la iniciativa propone un mecanismo para que las adolescentes puedan ser auxiliadas, orientadas, educadas y eventualmente tratadas en los problemas de su sexualidad.

“Nosotros tenemos la costumbre de que en los temas de educación sexual siempre vamos con el criterio negativo, es decir, prohibir y sancionar, cuando debe ser más importante prevenir, aconsejar, educar y, por supuesto, tratar a las mujeres que están en esos problemas”, abundó.

La iniciativa se mandó a la Comisión de Salud.

Interrupción legal del embarazo

A fin de que el Estado promueva y proteja los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres; garantice el acceso efectivo a métodos anticonceptivos como una medida necesaria para asegurar la plena vigencia de sus derechos y establezca los supuestos en que estará permitida la interrupción legal del embarazo, la diputada Leticia Quezada Contreras (PRD) propuso reformar el artículo cuarto de la Constitución.

Planteó que la interrupción del embarazo se establezca con el consentimiento de la mujer embarazada y se regule la prestación de servicios médicos necesarios para tal efecto, en condiciones de gratuidad y calidad, así como la objeción de conciencia, que tendrá un carácter estrictamente personal, siempre y cuando sea salvaguardada la integridad corporal, salud y vida de la mujer embarazada.

“No se trata de despenalizar el aborto, sino de reconocer el derecho que cada mujer tiene para decidir de manera libre sobre su cuerpo y reconocer que el derecho a la salud de las mujeres entraña el de acceder a los servicios médicos de calidad, de manera gratuita y eficiente, sin discriminación de ningún tipo, a efecto de salvaguardar su integridad física y su vida”.

Recalcó que además se debe tener acceso a los programas de prevención para su salud, a un método anticonceptivo para acceder al concomitante derecho a la planificación familiar y, en general, a ejercer sus derechos de salud sexual y reproductiva.

Sistema Nacional de Alerta contra Robo de Niños y Niñas

Con el propósito de expedir una Ley que cree el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México, la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI) leyó una iniciativa en ese sentido.

Sostuvo que México es un lugar inapropiado para las niñas y niños, pues estimaciones estadísticas sostienen que cada año desaparecen o son robados más de 45 mil menores.

Lamentablemente, precisó, no se tiene un sistema de información confiable que permita tener con mayor claridad las dimensiones del fenómeno, y que aun con ello, algunos organismos internacionales advierten que en México cada año hay más de 20 mil víctimas de trata de personas.

Abundó que el relator especial de la ONU contra la venta de niños, la pornografía y la prostitución infantil alertó en su vista en 2006 que en México podría haber cada año cerca de 80 mil niñas y niños explotados sexualmente.

Subrayó que en México el robo de niños para su utilización en actividades de explotación de distinta índole es un problema grave, “aunque en realidad se carecen de cifras oficiales confiables al respecto”.

Yolanda de la Torre puntualizó que la Ley propone tipificar como delito el robo de niños, en el entendido que deben considerarse factores como la prevención y la rehabilitación de la víctima; busca proteger a la niñez de las nuevas amenazas que surgen de la utilización de tecnologías de la información.

La iniciativa preve un sistema de coordinación de la federación, los estados y municipios, a fin de mejorar las capacidades de intervención cuando un niño, niña o adolescente es reportado como perdido, robado o secuestrado.

Fue remitida a las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública, con opinión de las de Atención a Grupos Vulnerables y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Víctimas del abuso y explotación comercial sexual infantil

En tanto, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (NA) presentó una iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal Federal, para proteger el libre desarrollo de la personalidad de las niñas y los niños que sean víctimas del abuso y explotación comercial sexual.

Con la reformas se estipulan castigos más severos para las personas que cometan conductas comprendidas en los delitos de trata de personas, lenocinio, corrupción de personas menores de edad, turismo sexual, pornografía infantil, abuso sexual y violación. Se mandó a la Comisión de Justicia.

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