La diputada Paula Hernández Olmos (PRI) leyó un punto de acuerdo que busca que en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en el ejercicio fiscal de 2010, se suscriba que los recursos del gobierno federal serán aplicados de manera inmediata, sin condicionar su utilización hasta que el estado efectúe la contraparte correspondiente.

En tribuna, la legisladora dijo que también se propone que una vez determinada la estimación del costo de los daños ocasionados, la Federación aportará el 20 por ciento de dicho costo para dar inicio de manera pronta y expedita a los trabajos correspondientes.

“Referente a los seguros de gastos catastróficos, toda vez que los estados han tomado la decisión de contratarlos para prever las contingencias, se solicita que el gobierno federal cubra la diferencia entre el daño total y el costo que cubren los seguros y reconocerá como contraparte del estado la aportación por parte del seguro catastrófico”.

Indicó que de acuerdo con los fenómenos hidrometeorológicos que “han golpeado al país” en los últimos años, los daños al patrimonio de las familias, a la infraestructura física, a la agricultura en el sector salud y educativo en los estados, son mucho más elevados que los que se cubren con los Seguros Catastróficos; por ello, continuó, se propone que la diferencia entre el costo real y el monto que pagan los seguros sea cubierto por la Federación.

Hernández Olmos comentó que según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México presenta anualmente un promedio de 326 desastres climáticos. “Por lo anterior, es necesario que el Fonden sea un instrumento financiero eficaz para brindar el apoyo que requieren las entidades federativas, respondiendo en tiempo y forma a las declaratorias de emergencia”. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Entubar el río Atemajac

A la Comisión de Recursos Hidráulicos se envió un punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a realizar obras de entubamiento del río Atemajac, a fin de proteger a los habitantes de las colonias aledañas, quienes sufren enfermedades de la piel, respiratorias, irritación de la garganta, dolor de cabeza, nauseas y conjuntivitis.

En el punto, impulsado por la diputada Clara Gómez Caro (PRI), se exhorta a dichas dependencias a que se realicen las obras necesarias para que las aguas residuales del río Atemajac reciban el tratamiento adecuado con el propósito de que los lagos, lagunas, ríos y mar costero no se vean afectados.

Erradicar la explotación sexual comercial infantil

La diputada Rosi Orozco (PAN) presentó un punto de acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Agustín Torres Pérez, a aceptar y cumplir la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), relativa a erradicar la explotación sexual comercial infantil en dicha demarcación.

Asimismo, pide al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, instaure una campaña integral contra la explotación sexual infantil o la trata de personas en la capital mexicana.

La legisladora explicó que en atención de diversas denuncias realizadas por los vecinos de la delegación Cuauhtémoc respecto a la existencia de niños y de adolescentes que se prostituyen en esa delegación, la CDHDF emitió una recomendación que busca que las autoridades elaboren un programa de mejoramiento urbano que favorezca mayores condiciones de seguridad y dignidad de la zona.

Se canalizó a la Comisión de Derechos Humanos.

Solicitud de comparecencia del titular de Segob

A las comisiones unidas de la Función Pública y de Gobernación se turnó el punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a investigar, a través de la Secretaría de la Función Pública, el proceso de licitación pública internacional número SG-N-DA-12109 y aclare el porqué se descalificó a las empresas mexicanas de dicho concurso e informe si Smartmatic International Holding, BV, cumplió con los requisitos técnicos.

En tribuna, el diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) señaló que dicha empresa será la encargada de vender los equipos especializados para la obtención de información biométrica, a fin de integrar el Registro Nacional de Población.

“Por lo que se requiere que comparezca el titular de la Secretaría de Gobernación, para que informe sobre los procedimientos para la obtención, almacenamiento y procesamiento de los datos personales, entre los que destaca las medidas de seguridad de la información”.

Manejo sustentable del agua

A fin de implementar acciones enfocadas al manejo integral y sustentable del agua, así como sistemas de captación, tratamiento y regulación de descargas de aguas residuales, se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, emprendan acciones inmediatas para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan.

El proponente del punto, diputado Sergio González Hernández (PAN) refirió que de esa forma se busca garantizar el bienestar de los habitantes de esas regiones, además de lograr la conservación del medio ambiente.

Igualmente, se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice auditorías ambientales correspondientes a las empresas de la zona del afluente del río Atoyac-Zahuapan e informe los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 90 días naturales, a efecto de verificar el cumplimiento eficiente de los tratamientos de aguas residuales y, en su caso, sancionar a los responsables.

Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Etiquetar recursos para restaurar poblado de SLP

El diputado Domingo Rodríguez Martell (PRD) impulsó un punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Desarrollo Social, de Economía, de Hacienda, de Agricultura y de Turismo que etiqueten partidas de los programas de apoyo a fin de generar, mediante proyectos previamente elaborados, la restauración material, social y económica del poblado Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

El legislador estableció que en 1999 una empresa transnacional canadiense, “abusando de la proclividad de diversas autoridades a la corrupción”, logró llevar a cabo durante tres años la operación de una mina a cielo abierto y lixiviación con base en enormes cantidades de cianuro y el uso de 25 toneladas diarias de explosivos. “Los daños que estas actividades causaron en el medio ambiente se pueden considerar irreversibles”.

El punto de acuerdo pide que se remita a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que se reactive el proceso de la declaratoria de patrimonio histórico ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Asimismo, solicita la conformación de una comisión plural de diputados que se traslade a Cerro de San Pedro, a efecto de informarse de los acontecimientos ahí sucedidos, recabe información y entregue un informe preciso del estado jurídico, social y político en que se encuentra dicha localidad.

Se canalizó a las Comisiones de Desarrollo Social, de Educación Pública y Servicios Educativos y a la Junta de Coordinación Política.

-- ooOoo --