Con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos se reunió con el titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, José Antonio Guevara Bermúdez, a quien cuestionaron sobre la situación que guardan las garantías individuales en el país y las acciones del Ejecutivo para protegerlas.

Entre los temas abordados por los legisladores sobresalieron: los feminicidios, la violación de las garantías individuales de los indígenas presos; de los presidentes municipales detenidos en Michoacán, así como de los excesos de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado en los estados de Guerrero y Chihuahua.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) pidió conocer la situación de los ex servidores públicos de Michoacán, detenidos hace seis meses por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

El legislador destacó que hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no ha tenido respuesta por parte de autoridades federales y estatales, además de que existe una solicitud de los indiciados para ser transferidos a un centro de reclusión en Michoacán, el cual corresponda a las características de peligrosidad que pudieran tener, misma que no ha sido atendida.

“Hay preocupación entre los legisladores por este tema. Sí nos interesa la respuesta a la recomendación de la CNDH”.

El funcionario respondió que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta de dichas autoridades a la recomendación de la CNDH.

Sobre el traslado de los reos, dijo, se estudia con detenimiento a dónde será, sin embargo, “se está viendo con buenos ojos y en el momento en que surja la respuesta oficial se hará del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos”.

A su vez, el diputado Sabino Bautista Concepción (PRI), cuestionó el trabajo realizado por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos para erradicar las violaciones de las garantías de los indígenas cuando cometen algún delito, sobre todo, porque no hay en la dependencia funcionarios de origen indígena”.

“¿Cuántos profesionistas indígenas integran su gabinete que realmente conozcan de la problemática que existe en materia de derechos humanos?”

El funcionario dijo al respecto desconocer la información y al mismo tiempo aseveró que el organismo a su cargo ha promovido la excarcelación de presos indígenas.

“El Programa Nacional de Derechos Humanos cuenta con una gama de líneas de acción dirigidas a la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y nuestro trabajo es promover su cumplimiento”.

En su oportunidad, la diputada Silvia Esther Pérez Cevallos (PAN) dijo que se debe reconocer que ha habido avances importantes en materia de derechos humanos en las últimas décadas, sin embargo, afirmó, también existen grandes rezagos y queda mucho por hacer.

Señaló que los retos están claramente reflejados en las recomendaciones y diversos informes de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

Por su parte, la diputada Florentina Rosario Morales (PRD) abordó la situación que se vive en el estado de Guerrero, a raíz de los operativos policiaco-militares de combate al narcotráfico.

Destacó que las acciones de los elementos de seguridad y del Ejército se caracterizan por ingresar a los domicilios sin órdenes de cateo ni de aprehensión. “La violencia vinculada, lejos de disminuir, tiende a crecer”.

Los resultados de este combate al crimen organizado, abundó, son incompatibles y paradójicamente no corresponden con el incremento de recursos y sí, por el contrario, ha contribuido en el alto índice de violaciones a los derechos humanos y una mayor impunidad.

“Datos del gobierno federal señalan que han sido destinados a esa entidad 7 mil 600 elementos del Ejército, Marina, Fuerza Área, y Policía Federal Preventiva”, subrayó.

En respuesta el funcionario indicó que no tiene datos sobre ese operativo, sin embargo, indicó que la administración pública federal trabaja para asegurar que todos los operativos se realicen con pleno respeto a los derechos humanos, además de que se efectúan evaluaciones a las fuerzas armadas en torno al respeto de las garantías individuales.

Las diputadas María del Rosario Brindis (PVEM) y Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD) hicieron una evaluación de los trabajos de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y coincidieron en que al interior de ésta se evidencia la falta de profesionalización para proteger a los grupos vulnerables en cuanto a sus garantías individuales, además de que hay desconocimiento de temas.

La diputada Diva Hadamira Gástelum Bajo (PRI) abordó el tema de los feminicidios, del que dijo: “llama mucho la atención que al interior de la Secretaría de Gobernación el asunto haya sido muy manoseado y con danza de cifras”.

En este mismo sentido, cuestionó sobre los avances para la reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez.
“Me gustaría saber qué están haciendo para esa reconstrucción social, porque no son suficientes las becas, o hacer casas y dar por su lado a las asociaciones de madres de mujeres desaparecidas. La Corte Interamericana ha dicho incluso que ni siquiera hemos atendido el apartado preventivo”.

El funcionario aclaró que la responsable de proporcionar esa información es la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la cual lleva un seguimiento puntual y tiene elementos referentes a la reconstrucción social. Precisó que la Corte no ha emitido la sentencia y por tanto nadie la conoce.

El diputado Jaime Flores Castañeda (PRI) hizo referencia a la situación que vive en esa misma ciudad, pero particularmente por las ejecuciones del crimen organizado.

“A raíz de ello tenemos un patrullaje del Ejército, pero no lleva rumbo y no tiene estrategia. Sólo trae consigo graves violaciones a los derechos humanos. Lo que ocurre en Chihuahua es un asunto de seguridad nacional”.

El funcionario tomó nota y señaló que pasaría el reporte a las autoridades correspondientes.

En su mensaje inicial, señaló que para el Gobierno Federal resulta indispensable que para llevar a cabo una política de Estado en materia de derechos humanos exista un diálogo fluido entre los poderes de la Unión y en los distintos niveles de gobierno.

Destacó que a este órgano le corresponde dar seguimiento a las recomendaciones que se dirigen a la Administración Pública Federal por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de otros organismos internacionales.

En este sentido, dijo que actualmente se han recibido 217 recomendaciones de organismos defensores de los derechos humanos, de las cuales 125 corresponden a la CNDH.

Finalmente, mencionó que la dependencia promoverá varias iniciativa de ley para fortalecer la protección de los derechos humanos.

Entre otras: la Ley de Cooperación con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, así como una reforma a la legislación de desaparición forzada de personas, a fin de adecuarla a las obligaciones internacionales de México, derivadas de las convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas.

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