La diputada Janet Graciela González Tostado (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, a fin de que crear un programa contra los trastornos alimenticios, el cual estaría a cargo de las secretarías de Salud federal y estatales, y el Consejo de Salubridad General.

Explicó que éste consistiría en la prevención y el tratamiento de todo tipo de trastornos alimenticios causados por malos hábitos y adicción a la ingesta excesiva de alimentos; educación sobre los efectos de los malos hábitos alimenticios, y la generación de programas para la rehabilitación de personas que padezcan algún trastorno alimenticio; fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra los trastornos alimenticios.

Además, del fomento de grupos de autoayuda; creación de clínicas públicas especializadas en trastornos alimenticios y proporcionar a la población información sobre los problemas de salud que conllevan problemas alimenticios y la adicción a la ingesta excesiva de alimentos.

La legisladora señaló que un millón de mexicanos sufren algún tipo de trastorno alimenticio, como bulimia, anorexia u obesidad. De acuerdo con investigaciones de la UNAM más de la mitad de las mujeres de entre 9 y 25 años comienzan a hacer dieta a partir de los 12 años por razones estéticas, situación por la cual se estima que 200 mil mexicanas padecen alguno de estos trastornos, comentó.

Refirió que expertos en el tratamiento de la obesidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, han señalado que si no se cambian los patrones de consumo de alimentos ni se fomenta la actividad física, en 10 años 90 por ciento de la población en México padecerá sobrepeso u obesidad, lo que desencadenaría una serie de enfermedades.

Según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aproximadamente 40 por ciento de la gente que padece trastornos alimenticios se recupera de manera completa y al menos otra cantidad igual continúa con ellos toda la vida. Se envió a la Comisión de Salud.

Fortalecimiento político del municipio

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará la propuesta del diputado Samuel Herrera Chávez (PRD) para reformar diversos artículos de la Constitución Política en materia de fortalecimiento político del municipio.

Aclaró que se debe concebir al municipio en una nueva definición constitucional, más coherente con la estructura del Estado y con el sistema federal más evolucionado, con una estructura democrática, de resultados y con ejercicio transparente.

Por ello, propuso diversas reformas con el fin de que se reconozca la soberanía municipal; su atribución para darse su propia ley orgánica y considerar a los municipios como parte integrante de la federación.

La iniciativa también propone que a los municipios se les considere ya no como unidades administrativas carentes de un peso político específico, sino que, para efectos de su organización política, administrativa y su división territorial, se integren posteriormente en entidades federativas.

Armonizar Ley para prevenir y sancionar la trata de personas

La trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y el de armas con ganancias al año de aproximadamente 9 mil 500 millones de dólares, señaló la diputada María Antonieta Pérez Reyes (PAN).

Ante ello, la legisladora presentó una iniciativa para reformar la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas con el objetivo de armonizarla a lo señalado en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las personas víctimas del delito de trata de personas. Se envió a la Comisión de Derechos Humanos.

Ley del ISR

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se turnó la iniciativa de los diputados Felipe Solís Acero (PRI) y Jesús Zambrano Grijalva (PRD) para que los contribuyentes que durante los ejercicios fiscales 2008 y 2009 se hubieran beneficiado con el estímulo fiscal previsto en el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el citado artículo vigente a partir del 1 de enero de 2010.

El documento señala que por el estado actual de la industria cinematográfica nacional, no es oportuno que los productores tengan que esperar hasta la conclusión del ejercicio fiscal de 2010, para disfrutar de los beneficios de la reforma.

Subraya que es de vital importancia que los productores cinematográficos tengan lo antes posible este beneficio, de tal suerte que puedan, según el caso, contar con saldo a favor o solicitar la devolución del impuesto que se haya pagado.

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