El diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se reunió con el embajador de Ecuador en México, Galo Galarza Dávila, para abordar temas de interés común en materia de ecología, energía, comercio, integración latinoamericana y la situación jurídica de la ciudadana mexicana, Lucía Morett Álvarez.

Muñoz Ledo indicó que en esta legislatura se buscará ampliar las relaciones del Poder Legislativo con países amigos. Aclaró que las facultades en materia de política exterior corresponden al Senado, pero en el desarrollo de la diplomacia parlamentaria la Cámara de Diputados tiene un gran involucramiento y se han creado 78 grupos de amistad.

El diplomático señaló que ha habido un fortalecimiento importante de la democracia en América del Sur e hizo votos por su consolidación.

Al respecto, el legislador mexicano manifestó que Ecuador y Bolivia tienen el mecanismo de la confirmación y la revocación del mandato, lo cual permite la formación clara de mayorías parlamentarias y del apoyo popular.

En el caso de México, dijo, no se puede hablar de reelección sin revocación, “el pueblo tiene derecho de volver a elegir a alguien que hizo bien su trabajo, salvo en el caso de presidente y gobernadores, y también tiene derecho de deponerlo”.

A su vez, el representante del gobierno ecuatoriano manifestó su interés por ampliar y fortalecer el acuerdo comercial con México “porque es muy pequeño y tiene una balanza muy favorable para ustedes”.

Sobre el tema de Morett Álvarez, destacó que no es un problema del gobierno de Ecuador y aclaró que la solicitud de extradición no la hizo el Presidente de aquel país, “esto es del ámbito estrictamente judicial; el Ejecutivo no puede hacer ninguna acusación”.

Dijo que un juez de lo penal de la región donde se produjo el ataque, inició el proceso, pero no sólo contra Lucía Morett, sino que se pide también la extradición del ex Ministro de Defensa de Colombia, porque se le acusa de propiciar el ataque.

Es un juicio múltiple que se amplió para encontrar a quienes participaron en el proceso, con base en la disposición penal ecuatoriana que establece que cualquier ciudadano, nacional o extranjero, que se vincule a un movimiento guerrillero que atente contra la seguridad del Estado tendrá una pena de prisión de 8 a 12 años.

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