Con el propósito de considerar como delito grave la “piratería”, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) propuso reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de la Propiedad Industrial.

Ante el Pleno, afirmó que se necesita perseguir de oficio la producción, distribución y venta ilegal de artículos protegidos por la ley, conocido como “piratería”, y diseñar mecanismos jurídicos para eliminar los delitos contra los derechos de autor, propiedad intelectual e industrial, evasión de impuestos y contrabando, entre otros.

Dijo que esta actividad presenta un crecimiento y evolución preocupantes para la seguridad pública y economía de México.

“Sus ganancias representan, según American Chamber, casi el doble de lo que produce el narcotráfico en México, pues alcanza la cifra aproximada de 75 mil millones de dólares tan sólo en este año”; además, continuó, produce pérdidas de ingresos fiscales por 9 mil 700 millones de pesos y mil 200 millones de dólares a las empresas legalmente constituidas”.

Plantea reformas a diversos artículos del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales y la Ley de Propiedad Industrial, para implantar, entre otras cosas, prisión de seis meses a siete años y de 300 a tres mil días multa al que especule comercialmente o en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública.

Además, para imponer prisión de tres a 10 años y de dos mil a 20 mil días multa a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, ponga a disposición pública, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas, software, libros, ropa, calzado, medicamentos, lentes, vinos y licores, juguetes, perfumes, medicinas o cualquier otro producto protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, por Ley de la Propiedad Industrial o por ambas.

También para castigar con cárcel de seis meses a seis años y de cinco mil a 30 mil días multa a quien venda en vías o en lugares públicos copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere la fracción I del artículo anterior. Se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Economía.

Reelección de legisladores y alcaldes

Enseguida, el diputado Miguel Ángel García Granados (PRI) propuso reformar los artículos 41, 59 y 115 de la Constitución para permitir la reelección consecutiva de diputados federales, senadores y presidentes municipales.

Indicó que éste es un asunto pendiente de la agenda política nacional “que debe ser atendido, a pesar de representar un tabú por las características de la tradición histórica del México reciente”.

La reelección consecutiva, dijo, implicaría la formación de parlamentarios y servidores públicos que acumularán experiencia y conocimientos a favor de un mejor trabajo legislativo y de gestión, “más ahora que el ejercicio público demanda de sus protagonistas especialización y eficiencia”.

Agregó que la reelección tendrá que acotarse por disposiciones legales que vayan más allá del simple rechazo en las urnas a la conclusión del periodo para el cual fue electo determinado legislador o alcalde.

“Deberán contener mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de control al desempeño, como la revocación de mandato, de tal suerte que se impida la formación de cotos y abusos en el ejercicio del poder”. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Incluir valor de prevención del delito en planes educativos
Enseguida, la diputada Paz Gutiérrez Cortina (PAN) planteó reformas al artículo 7 de la Ley General de Educación para incluir el valor de la prevención del delito, en forma expresa dentro de los planes y programas educativos, así como definir las bases legales para que las autoridades educativas establezcan una campaña informativa de prevención del delito, especialmente dirigida a niñas, niños y jóvenes.

Ante el problema de seguridad pública por el aumento de diversas conductas delictivas, que cada vez resulta más frecuente su comisión por menores de edad y jóvenes, es necesario expresar como un fin educativo, la prevención del delito, con el objeto de salvaguardar el armónico desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

Propone incluir en el artículo 7, fracción VI de la Ley General de Educación, que se promoverá el valor de la justicia, de la observancia y respeto a la Ley, de la igualdad de los individuos ante ésta, la promoción del desarrollo de una cultura por la paz y de la cultura de prevención del delito, entre otros valores. La propuesta se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Derogar Ley del IDE

Enseguida, el diputado Miguel Ángel García Granados (PRI) dio a conocer la iniciativa que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) por considerar que su vigencia propiciará la reducción de inversiones y desalentará la utilización de cuentas bancarias.

Advirtió que frente al incremento de un punto porcentual y una reducción al tope de los depósitos mensuales que será de 15 mil pesos, los contribuyentes formales verán más afectados sus flujos de efectivo, dada la contracción en la actividad económica, derivada de la crisis financiera mundial de los últimos meses.

Señala que actualmente la retención de dos por ciento a los depósitos en efectivo que excedan el monto mensual de 25 mil pesos, aumentará para el 2010 y será de tres por ciento sobre depósitos que excedan 15 mil pesos.

Argumentó que a partir de la vigencia del IDE el SAT ha encontrado apenas a unos cinco mil 223 contribuyentes no localizados en el registro federal de causantes, “frente a un padrón de 23 millones 78 mil causantes activos localizados en el registro federal de contribuyentes, integrado por 14 millones 387 mil asalariados, 7 millones 930 mil personas físicas y 761 mil personas morales”.

Añadió que en la población priva un sentimiento de irritación y hartazgo, “sobre todo en aquellos contribuyentes cumplidos, pues mientras la informalidad busca formas para evadir el pago de impuestos, los únicos a los que se castiga son los de siempre, los causantes registrados”. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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