El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández (PRI) propuso, mediante un punto de acuerdo, la creación de un fondo regional especial para la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales; servirá para atender las demandas de las comunidades y promover su desarrollo económico y social.

En tribuna, el legislador dijo que es fundamental exhortar al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Desarrollo Social para que elaboren dicho fondo, “así se logrará concretar acciones para el combate a la pobreza extrema y la creación de condiciones propicias para el aprovechamiento óptimo del potencial productivo de las regiones”.

Agregó que la creación de dicho fondo es un imperativo de justicia social y de integración a la vida socioeconómica del país, “a fin de que sean transitables en todo tiempo porque, de no existir, quedarían aisladas comunidades situadas en lugares remotos o de difícil acceso”.

En cambio, enfatizó, con el mejoramiento de los caminos rurales será posible hacerles llegar servicios como energía eléctrica, agua potable entubada, drenaje o correo. La tarea de mantener abiertos estos caminos es urgente porque las “terracerías” se deterioran con gran rapidez.

Abundó que actualmente existe un fondo regional que se destina a la conservación y al mantenimiento de carreteras alimentadoras y caminos rurales. “Sin embargo, los recursos que se destinan en mayor proporción son para las carreteras alimentadoras y no para los caminos rurales”.

Por tal motivo, continuó, es fundamental la creación de un fondo regional que de manera especial atienda la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales, en virtud de que éstos representan 48 por ciento de la red carretera nacional; en cambio, los caminos alimentadores sólo el 20 por ciento. Se mandó a las comisiones unidas de Transporte y de Desarrollo Social.

Diseñar políticas que prevengan los feminicidios

De acuerdo al informe de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, de la pasada Legislatura, uno de cada cuatro de los homicidios en el país, se registró en el estado de México.

Ante ello, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) leyó un punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a diseñar y ejecutar políticas públicas que prevengan, combatan y erradiquen el alto índice de feminicidios cometidos en agravio de las mexiquenses.

La legisladora comentó que según datos avalados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Federación Internacional de los Derechos Humanos presentados ante el Parlamento Europeo, la tasa de feminicidios ocurridos en el territorio del Estado de México es 130 por ciento superior a la media nacional.

“Las políticas en materia de equidad, justicia y desarrollo social implantadas en la entidad, que son indispensables en la prevención de estos delitos, son simple y sencillamente desatendidas por parte de la autoridad correspondiente”, sentenció. Se turnó a las comisiones unidas de Equidad y Género y de Justicia.

Exhorto al Gobierno de Oaxaca

Durante la sesión, se presentó un punto de acuerdo, a cargo del diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (PAN), que solicita al gobierno de Oaxaca para que cumpla con lo suscrito en el articulo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la caja de ahorro Sacriputla, S.C.R.L.

Zavaleta Rojas explicó que el citado artículo precisa que para la aplicación de recursos federales destinado al pago de ahorradores, las entidades federativas firmarán un convenio con el fideicomiso creado para tal fin y se establecerán los montos de aportación de ambas partes, “lo cual se ha negado realizar la administración estatal”.

Externó que desde 2006, mil 523 familias de la región de la mixteca oaxaqueña fueron víctimas de un fraude de la caja de ahorro Sacriputla. “Aun cuando existe la Ley que crea el Fidecomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, la falta de sensibilidad del gobierno de Oaxaca ha impedido que los agraviados recuperen parte del patrimonio perdido”.

Se canalizó a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Levantar padrón de afectados por fraude

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se envió un punto de acuerdo que solicita se elabore un padrón de afectados por el fraude de la caja de ahorro Coofia, a fin de que los afectados puedan ser beneficiados con los recursos del Fideicomiso Pago, previsto en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

El exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer las gestiones necesarias, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pretende que los ahorradores defraudados puedan ser resarcidos en el daño patrimonial y sean sujetos del apoyo que brinda el Fideicomiso Pago.

El proponente, diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT) subrayó que hasta el momento se calcula que tendrían que erogarse 492 millones de pesos por parte de las autoridades federales y 281 millones del gobierno de Puebla para indemnizar a los afectados.

Investigar situación de la señora Irma Díaz Gómez

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI) presentó un punto de acuerdo que solicita al Pleno de la LXI Legislatura haga un atento llamado a las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue la situación de la señora Irma Crecencia Díaz Gómez, quien se encuentra recluida en el Cereso 1 de Hermosillo, Sonora, por el caso de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se incendió el 5 de junio del presente año.

Acosta Gutiérrez estableció que tras el incendio y la pérdida de los 49 infantes, la única servidora pública detenida es la coordinadora de Guarderías del IMSS, Irma Díaz Gómez, quien dio a conocer una carta en la que acusa a las autoridades de haberla sometido a tortura psicológica y de actuar con parcialidad.

Por ello, el legislador solicitó a las autoridades competentes del Poder Judicial de la Federación reconsiderar la libertad bajo caución de la señora Irma Díaz Gómez. Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.

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