El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (PRD) presentó una iniciativa que reforma el Código Civil Federal a efecto de adecuar el marco jurídico en materia de adopción, y otorgarle beneficios a los infantes que son abandonados por sus padres y que en algunos casos son resguardados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en instituciones de asistencia social públicas o privadas.

Con las reformas, añadió, se pretende armonizar en el Código Civil las causas de pérdida de la patria potestad, entendiendo que debe prevalecer siempre el interés superior del menor, cuando la madre o quien ejerza este derecho abandona a un menor en un pasaje solitario u otro lugar con la intención de deshacerse de él y ponga en peligro inminente su vida.

Subrayó que tales conductas deben ser sancionadas, al margen de otras responsabilidades penales, con la pérdida de la patria potestad del niño.

Velázquez Esquivel indicó que será el DIF quien se encargue de la protección de los menores y, con la intervención del Ministerio Público y la autoridad judicial, buscará un hogar que le garantice sus derechos como ser humano, como infante, pero principalmente que le dé la oportunidad de reintegrarse a un hogar donde pueda ser orientado, protegido y, ante todo, amado.

Añadió que de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el informe final del II Censo de Menores en Situación de Calle de la Ciudad de México, hay más de 13 mil 373 niños: 31.5 por ciento del sexo femenino, y 68.5 del masculino, que no tienen un hogar y viven en la calle. Se canalizó a la Comisión de Justicia.

Protección a los migrantes y transmigrantes del Centro y Suramérica

A la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios se envió una iniciativa del diputado Jorge González Ilescas (PRI), que modifica el artículo 7 de la Ley General de Población, para que la Secretaría de Gobernación cree grupos de protección a los migrantes y transmigrantes de Centro y Suramérica, en coordinación con los gobernadores de los estados y los presidentes municipales del país.

Con dichos grupos, destacó, se evitarán prácticas discriminatorias que atenten contra la integridad física o psicoemocional, así como a la violación de los derechos humanos de los migrantes y transmigrantes que entren o salgan del país.

Denunció que las condiciones de abuso a los derechos humanos de los migrantes se dan por su calidad migratoria irregular, ya que se les detiene en las estaciones migratorias, con violencia psicológica, verbal y sexual, hacinamiento, racionamiento y mala calidad de la comida, discriminación, separación de su familia, ausencia de atención médica, condiciones insalubres.

Educación inicial

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT) presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de incluir el concepto de educación inicial a dicha ley, y destinar los recursos pertinentes para su atención, establecidos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pérdida de ciudadanía mexicana

A la Comisión de Puntos Constitucionales se canalizó una iniciativa del diputado Sami David David (PRI), por la que se modifica el artículo 37 de la Constitución Política, para establecer que los servidores públicos perderán su nacionalidad si durante el tiempo de su encargo, aceptan condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros.

También se establecen otras causas de pérdida de nacionalidad, como la de prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente del Congreso General, o aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.

Así como admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente.

Sostuvo que es conveniente modificar el texto constitucional para precisar las atribuciones que le corresponde desempeñar a cada Cámara, o en su caso a la Comisión Permanente. “Considerando que éstos entrañan más que asuntos diplomáticos y de política exterior, supuesto de seguridad nacional, que deben ser analizados y despachados por quienes en todos los tiempos constitucionales han representado al pueblo de México”.

Profesionalización de la representación en materia laboral

Para que los defensores laborales, con el carácter de abogado de persona moral o física, acrediten ser licenciado en derecho y contar con cédula con efectos de patente, expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión, la diputada Nancy González Ulloa (PAN) leyó reformas al artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo.

Mencionó que en caso de que no cumpla con este requisito, solamente podrá oír y recibir notificaciones y valores, ya que con la reforma se permite la profesionalización de la representación en materia laboral.

Según cifras del Inegi, de 1991 a 2006, de un millón 98 mil 367 asuntos laborales, de jurisdicción local, resueltos en todo el país, 49.29 por ciento de los asuntos se resolvieron por convenio (es decir, se llegó a un acuerdo ante la junta de conciliación). En tanto que el restante 50.71 por ciento siguieron el juicio respectivo, de los cuales, en 6 de cada 10 casos, el trabajador se desistió. “Lo cual refuerza la hipótesis de que existen arreglos externos y paralelos al procedimiento laboral entre el patrón y el trabajador a través de su apoderado o abogado”. Se mandó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Región fronteriza

El diputado Nicolás Bellizia Aboaf (PRI) leyó reformas a los artículos 136 de la Ley Aduanera y 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el fin de declarar región fronteriza a los municipios de Tenosique y Balancán, del estado de Tabasco, para que quienes habitan esa región accedan a los beneficios en la aplicación de dicho gravamen.

Con ello, expresó, se estará impulsando el desarrollo al fortalecer los vínculos comerciales con los países de Centro y Sudamérica, lo que traerá como consecuencia mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estos municipios. Fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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