Para prohibir la sobreventa de boletos de avión a pasajeros, salvaguardando los derechos de las personas que se ven afectadas por la cancelación de un vuelo por causas imputables a las aerolíneas, la diputada Ana Estela Durán Rico (PRI) planteó reformar el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

Señaló que la sobreventa de boletos de avión es una práctica recurrente que se realiza bajo la tolerancia legal. Esta anuencia otorgada por el marco jurídico refleja una nula inhibición por parte de las aerolíneas concesionarias que brindan el servicio de transporte a pasajeros.

Argumentó que las aerolíneas que sobrevenden los boletos obtienen una ganancia extra, sin considerar el grave perjuicio que se le ocasiona al usuario trastocando cuestiones de carácter financiero, de salud, familiares, profesionales, laborales o compromisos para concretar negocios, cuando se le informa al comprador del boleto sobrevendido que hay sobrecupo del vuelo.

“La norma vigente no prohíbe expresamente esta práctica, situación que ha llevado a las aerolíneas a sobrevender pasajes para obtener ganancias cuantiosas a costa de perjudicar a los usuarios en su tiempo si llega a consumarse un sobrecupo en la aeronave”, dijo.

Por ello, propuso modificar el primer párrafo de dicho artículo, a efecto de acotar el supuesto legal a que las aerolíneas tienen obligación de resarcir los daños originados por la cancelación ajena a la voluntad de los usuarios cuando así lo soliciten. Asimismo, para no dejar abierta la posibilidad de que las aerolíneas sigan sobrevendiendo boletos, se crea el tercer párrafo en el que se prohíbe la expedición de boletos que impliquen un sobrecupo en la aeronave.

“El servicio prestado debe priorizar ante todo la satisfacción entera del pasajero, pues éste adquiere su boleto con la seguridad de poder llegar a su destino a tiempo, sin considerar que los lugares de la aeronave han sido ocupados en su totalidad y que dada la situación el pasajero no pueda abordar su vuelo, con lo que se ocasiona un perjuicio al que adquiere su boleto de buena fe”, puntuzalizó. Se envió a la Comisión de Transportes.

Subejercicios

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (PAN) presentó una iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a través de la cual se omita de la consideración de los subejercicios el presupuesto asignado a las obras y acciones desde el momento en que se publica la convocatoria al proceso legal para su ejecución y hasta que se cumplimente el finiquito.

Agregó que si durante el trámite legal, constructivo, ejecutivo o mercantil de la obra o acción existiera un retraso por causas fortuitas o de fuerza mayor, el presupuesto que respalda la obra o acción no sea incluida en los subejercicios.

Señaló que es común que por causas ajenas a las entidades, dependencias o las propias constructoras las obras sufren retrasos, tales como los derivados de eventos naturales, de problemas sociales o de modificaciones obligadas por encontrar restos arqueológicos o problemas no descritos en el proyecto, resulta que el ejercicio del presupuesto sufre también el retraso, cayendo entonces en la descripción del "subejercicio", pues el pago de las obras es en función de sus avances. Se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Derecho a un medio ambiente adecuado

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará la propuesta de la diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRD) que reforma el artículo 4 de la Constitución Política con el objetivo de puntualizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar.

“Al ser el medio ambiente el elemento indispensable para la conservación de la especie humana, es necesario reconocer su carácter colectivo pues se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la comunidad en general. Por lo cual, su defensa y titularidad debe ser reconocida en lo individual y en lo colectivo”, dijo.

Agregó que es importante establecer el deber que se tiene de conservar el medio ambiente para las presentes y futuras generaciones, “ya que así asumiremos el compromiso para evitar el daño ambiental”.

Asistencia Social

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se remitió la propuesta del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (NA) para reformar diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social a fin de establecer la normatividad que determine la necesidad de regulación y apoyo del servicio de asistencia social.

Precisó que esto permitiría que las fundaciones y organizaciones que se dediquen a ese renglón se conduzcan bajo los esquemas de institucionalidad, para cumplir a cabalidad con el objeto social bajo el cual se constituyeron.

Enfatizó que es indispensable contar con un ordenamiento que regule con certeza jurídica a las organizaciones y fundaciones que realicen actividades de asistencia social privada, para ello es necesario crear los mecanismos de coordinación, concertación e inducción entre esas organizaciones civiles y el Estado.

Señaló que el proyecto de ley adiciona dos artículos y un capítulo VII Bis a la Ley de Asistencia Social, lo que permitiría encuadrar y normar el contenido mismo del servicio de asistencia social.

-- ooOoo --