El diputado Leoncio Morán Sánchez (PAN) presentó iniciativa para crear la Agencia para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), a fin de que este sector tenga acceso a los programas del Gobierno federal de forma ágil y eficiente.

La reforma a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes plantea que dicha agencia podría, entre otras cosas, concertar acciones de coordinación en materia de apoyos; facilitar el acceso a programas; diseñar, fomentar y promover la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de las Mipyme.

En la sesión de hoy precisó que en México hay cuatro millones siete mil 100 Mipyme, de las cuales, tres millones 837 mil son micro-empresas; 138 mil 500, pequeñas empresas y 31 mil 600 son medianas empresas; además, este sector concentra 99.8 por ciento de las unidades económicas, genera más del 70 por ciento de los empleos y 52 por ciento del Producto Interno Bruto.

Subrayó que en tiempos de crisis económica es necesario desarrollar y consolidar a este sector, así como impulsar políticas públicas enfocadas a su consolidación con el fin de fortalecer las cadenas productivas.

Agregó que en México a través de 12 instituciones se ofrecen distintos programas de apoyo y existen más de 150 programas de fomento al desarrollo empresarial.

“Ello implica poca o nula coordinación interinstitucional al instrumentar la política empresarial; duplicidad en los objetivos; dispersión de recursos; inequidad y falta de visión prospectiva en la selección y aprobación de proyectos, entre otras cosas”. Se envió a la Comisión de Economía.

Cédula de Identidad Ciudadana

En su oportunidad, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) propuso derogar diversos artículos de la Ley General de Población, que contienen las disposiciones respecto al Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de Identidad Ciudadana.

Indicó que dichos artículos establecen que corresponde a la Secretaría de Gobernación la emisión de un documento que acredite la identidad ciudadana, lo que “genera la suspicacia de convertir dicho instrumento en un elemento de control político de la población y no de acreditación de la personalidad”.

Además, dijo, sus elementos de seguridad no se ajustan a estándares internacionales al contener elementos propios de un mecanismo de sujeción estatal desde la perspectiva de la seguridad nacional, como la impresión del iris ocular.

En materia presupuestal, dijo, se han solicitado tres mil 104 millones de pesos para su elaboración, lo que se opone a los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público y destinar recursos de tal magnitud es un despropósito ante la adversa situación económica mundial y la falta de recursos públicos para atender necesidades prioritarias.

La propuesta de derogar los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112 de la Ley General de Población, se remitió a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Parcelas escolares

A su vez, el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (Nueva Alianza) presentó una iniciativa para reformar el artículo 6 de la Ley Agraria en la que propone que las dependencias y entidades de la administración pública federal establezcan condiciones para intensificar el financiamiento de la parcela escolar y fortalecer los servicios de extensión educativa, especialización e investigación agrícola.

Además, planteó reformas al artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que el Programa Especial Concurrente fomente actividades económicas de educación para el desarrollo rural sustentable, fomentando e impulsando el desarrollo de los servicios de extensión educativa, especialización e investigación agrícola en la parcela escolar.

Indicó que existe un deterioro en el nivel de vida del campo, donde un millón 800 mil campesinos se encuentran sumidos en la pobreza extrema; otro millón 300 mil perciben mil 500 pesos al mes ; millón 500 mil ganan alrededor de tres mil pesos al mes y, de acuerdo con cifras de la Procuraduría Agraria, cuatro millones 600 mil productores primarios no tienen la posibilidad de adquirir una canasta básica.

Explicó que la población rural asciende a más de 25 por ciento del total del país; de los cuales 50.4 por ciento son mujeres y para las mayores de 15 años el promedio de escolaridad es apenas de 4.6 años, cifra muy por debajo del promedio de escolaridad urbana de la nación.

“Dada la situación en que se encuentra el campo mexicano es increíble que se deje en el olvido las parcelas educativas que están llamadas a desempeñar un papel protagónico en la construcción de una nueva cultura productiva.” Se remitió a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

Ley de Los Derechos de Autor

Enseguida, el diputado Armando Jesús Báez Pinal (PRI), presentó una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor para incorporar disposiciones que garanticen la adecuada impartición de justicia en la materia.

Busca insertar mecanismos para que esos derechos sean ejercidos por sus titulares, se desinhiba la comisión de infracciones y se castiguen cuando ocurran.

“La industria cultural en México enfrenta retos relacionados con la disminución de la demanda y amenazas por la falta de una adecuada y oportuna protección de los derechos de autor, como la piratería, por lo que es necesario dotar a la producción cultural de mecanismos efectivos que protejan la creación y la innovación”.

La legislación debe incluir disposiciones precisas, claras y eficaces que permitan tomar acciones inmediatas contra las violaciones en este campo y garanticen la seguridad jurídica de los creadores y titulares legítimos de las obras. Se remitió a la Comisión de Cultura.

-- ooOoo --