Diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa a fin de crear la Ley para Regular la Emisión y Cobro de Tarjetas de Crédito con el objetivo de prohibir que las instituciones de créditos carguen comisiones superiores al 0.5 por ciento del crédito autorizado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) señaló que las entidades crediticias han incorporado la modalidad de cobrar sus créditos descontando directamente a las cuentas de los ahorradores, incluidas las cuentas-nómina, sin recurrir a autoridad alguna, haciendo nugatoria la protección jurídica al salario.

Por ello, dijo, se platea que quede prohibido que la institución de crédito disponga de fondos del acreditado depositados en cuentas-nómina o de cualquier otro tipo, para hacer pago de tarjetas de crédito propias o de terceros.

Además, solamente por determinación judicial podrá la Institución de crédito retener o disponer de fondos del acreditante, exclusivamente para destinarlos a la finalidad que le haya sido ordenada por dicha autoridad.

La iniciativa precisa que se necesita el consentimiento del acreditado para que la institución le otorgue una o más tarjetas, será a través de su firma.

Puntualiza que el acreditado podrá cancelar la tarjeta de crédito en cualquier momento. La institución podrá cancelar la tarjeta a partir del segundo estado de cuenta vencido y no pagado. Se envió a la Comisión de Hacienda y la de Crédito Público con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Dotar de Constitución al DF
A fin de que el Distrito Federal expida su Constitución local en forma soberana e independiente y que tenga atribuciones, prohibiciones y limitaciones que la Carta Magna establece para las demás entidades federativas, el diputado Juventino Víctor Castro y Castro (PRD) presentó una iniciativa.
En este sentido contempla la formación de la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal en Congreso Constituyente de la entidad para el único efecto de que dentro del plazo de un año, a partir de la incorporación de esta reforma constitucional al texto del pacto federal proyecte, discuta y vote la Constitución Política del Distrito Federal.
Estipula que en caso de que los Poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el territorio actual el estado del Valle de México, con los límites y extensión que ahora se le reconocen.
Subrayó que ningún daño o disminución en su esencia política se produciría en perjuicio de los estados federados. “Es decir, elevar al rango de estado al Distrito Federal no lo haría en perjuicio alguno de los estados, pero sería un acto de justicia el conformarlo totalmente como estado federal”.
Finalmente manifestó que no puede evadirse en forma alguna el planteamiento de normar constitucionalmente al Distrito Federal, ya que es parte integrante de la federación, en forma clara y funcional. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Rango constitucional a tratados de derechos humanos

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRD) propuso reformar el artículo 133 de la Constitución Política para elevar a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos.

Afirmó que ello garantizaría que los órganos jurisdiccionales recurrieran a su análisis y aplicación, de manera que el espectro de derechos fundamentales de las personas que se encuentran en el país sea más amplio y claro.

“Es necesario reconocer que éstos tienen el mismo rango que la Constitución para que, al ser incorporados en el derecho interno, adquieran la máxima jerarquía normativa dentro del ordenamiento jurídico”, dijo.

Permisos

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 291 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones conceder permiso a ciudadanos para que puedan aceptar y usar medallas y condecoraciones que en distintos grados que les otorgan diversos gobiernos extranjeros.

Los ciudadanos son: Juan Carlos Mestas Avilés, Ernesto Campos Tenorio, Jorge Gerardo Sánchez Sosa, José Ángel Córdoba Villalobos, Antonio Guillermo Villegas Villalobos, José Luis Sánchez Sánchez, José Luis Pilar Rodríguez, Alfredo Carranza Rosales, Joaquín Chavelas Carrillo, Enrique Hernández Cisneros, Manuel Arango Arias y Jorge Luis Volpi Escalante.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) se manifestó en contra y señaló que estas condecoraciones no deben ser recibidas por funcionarios que ejerzan altos cargos públicos en la federación, estados o municipios, “porque pueden comprometer la independencia de los servidores públicos”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña reservó el artículo 4 del dictamen, que concede permiso para que José Ángel Córdoba Villalobos pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa; dijo que no existe merecimiento alguno para que se le autorice a recibir la condecoración. La reserva fue aprobada, en términos del dictamen, con 223 a favor, 29 en contra y 11 abstenciones.

También se aprobó dar permiso a: Antonio Ramón Suárez Gutiérrez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Gran Cruz que le otorga el Reino de España; Armando Antonio Aguilar Ruibal para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en Los Cabos, y a Óscar Ernesto de la Fuente Groskorth el cargo de cónsul honorario de Malta en la Ciudad de México.

Además, a los ciudadanos María Elena Patiño Vázquez, Alejandro García García, Édgar Sánchez Ladrón de Guevara y César Yamil Palozzi Moras para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo, a Blanca Flor López de Jesús, Gustavo Adolfo Rangel Guerrero y Dina Plotnik Golcman para prestar servicios en las Embajadas de Dinamarca, de Noruega y de Israel en México, respectivamente.

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