El Pleno camaral aprobó, en votación económica, un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas que solicita al Ejecutivo a que informe sobre las acciones realizadas o en proceso de ejecución para armonizar las políticas, programas y normas reglamentarias de la administración pública federal con la "Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas”.

Asimismo, se exhorta a las comisiones ordinarias del Congreso de la Unión para que concedan prioridad de dictamen a las iniciativas y minutas en materia de derechos y desarrollo indígenas y, en esas tareas, consideren el compromiso del Estado con la declaración internacional.

También, pide a los congresos locales armonicen la legislación de su respectiva entidad con la Declaración de Naciones Unidas y, en primera instancia, legislen para identificar y reconocer, con precisión, a las comunidades que sean sujetos de aplicación de los derechos que consagra el artículo 2 constitucional.

En el dictamen se plantea que es urgente armonizar la legislación, toda vez que en ese sector de la población se registran los mayores índices de injusticia, marginación social y pobreza.

Además, el Estado tiene el compromiso de atender los lineamientos de la Declaración, debido a que representantes del gobierno federal votaron favorablemente por su adopción, por lo que quedó obligado a cumplirla.

Refiere que, aunque por su naturaleza jurídica la declaración no tiene un carácter vinculante con la legislación nacional, por su consenso y contenido, sí constituye un importante instrumento que orienta la acción de las entidades federativas para el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y la definición de políticas públicas eficaces.

Plan integral de reactivación económica

Otro dictamen avalado por el Pleno, de la Comisión de Economía, exhorta al titular del Ejecutivo federal, a fin de que instruya a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Economía y a la Comisión Nacional de Agua, para que elaboren un plan integral de reactivación económica para Oaxaca y otras entidades con menores índices de desarrollo humano.

En el dictamen se destaca que en dicho plan integral debe contemplarse un esquema de financiamiento y otorgamiento de créditos preferenciales a la micro, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, artesanos, y trabajadores independientes, quienes fueron afectados por la crisis económica, con el propósito de ayudarlos en su recapitalización y la continuidad de sus actividades productivas.

Se argumenta que ante la crisis económica mundial estados como Oaxaca han sido severamente afectados; aunado a ello, la federación ha omitido diseñar y ejecutar planes de desarrollo regional que les permitan revertir su ya de por si ancestral marginación.

Añade que el impacto que el fenómeno financiero ha tenido en esas entidades federativas ha sido demoledor, al afectar negativamente a sus economías, la crisis ha profundizado en el deterioró de sus niveles de empleo, generado inseguridad pública y propiciado mucha más pobreza.

Enfatiza que en el caso concreto de Oaxaca, datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) lo ubica como el tercer estado con mayor índice de marginación del país y el penúltimo en desarrollo humano, pese a que el Plan Nacional de Desarrollo establece como prioritarios a 89 de sus municipios.

Dictámenes negativos

Durante la sesión de hoy, el Pleno eliminó dictámenes de la Comisión de Gobernación. El primero, con puntos de acuerdo por los que se desechan iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El segundo, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 27, 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

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