• Presenta diputada Carolina Viggiano iniciativa de la Ley para Prevención Social de la Delincuencia

En México más de 150 mil personas están involucradas directamente en negocios del narcotráfico y 300 mil participan en el cultivo y procesamiento de droga, mientras que el número de ejecuciones relacionadas ascendió en este año a más de 5 mil personas.

Así lo señala la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) en la iniciativa que expide la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia, cuyo objeto es establecer las bases de planeación, coordinación e implementación entre Federación, estados, Distrito Federal y Municipios, así como la participación de los sectores privado y social, para la prevención de la delincuencia y la victimización.

Además, plantea lineamientos para articular programas, proyectos y acciones tendientes a reducir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos e infracciones administrativas, con estrategias y medidas necesarias para reducir y evitar su realización.

Argumentó que México enfrenta la mayor crisis en materia de seguridad pública, pues anualmente registra alrededor de 12 millones de delitos, de los cuales sólo millón y medio se denuncian ante el Ministerio Público; se consignan 250 mil y obtienen sentencia condenatoria 190 mil, lo que representa el 11.5 por ciento de los delitos totales.

Dijo que según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, “para fines de este año se habrán denunciado mil 300 secuestros en todo el país, lo que significa 108 secuestros al mes, 3 al día y uno cada 8 horas, sin contar a las víctimas que no denuncian”.

Señaló que los jóvenes de entre 15 y 24 años corren más peligro de ser víctimas por homicidio en países latinoamericanos que en cualquier otro lugar del mundo.

“En América Latina por cada 100 mil habitantes 36.6 jóvenes menores de 24 años son asesinados, en comparación con 16.1 en África, 12 en América del Norte y 1.2 en Europa y México ocupa el lugar 18 en tasas de homicidio totales (tasas de 9.3), y el número 19 (10.4) en homicidios juveniles.

Además, la Organización de las Naciones Unidas sitúa a México en el lugar número 16 de 115 naciones con mayor índice de violencia y delincuencia; a principios de este año la Interpol y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos clasificaron a nuestro país como altamente inseguro, al situarlo en el lugar número 5 de entre 107 naciones.

“La comunidad internacional nos identifica como uno de los países más inseguros, lo cual trae como consecuencia que la inseguridad inhiba el turismo, el ahorro, las inversiones, la productividad y el empleo”.

Señaló que es necesario asumir con responsabilidad el reto de consolidar una política de Estado para la prevención del delito, mediante un ejercicio de reflexión, evaluación y ajuste de metas y objetivos para replantear la política nacional de seguridad con base en factores como la prevención social del delito, acompañada de mecanismos jurídicos que garanticen su viabilidad y proyección a largo plazo.

Se requiere un esquema que impacte la planeación nacional del desarrollo y fortalezca la programación sectorial para que las distintas dependencias que tienen entre sus responsabilidades la operación de programas, se vinculen con acciones específicas de prevención social del delito.

La iniciativa busca orientar el gasto a través de las dependencias que hoy tienen asignados recursos a través de distintos programas para que los apliquen con base en criterios de prevención social a las tareas de prevención.

Esta ley contribuiría a la rectoría del Estado en la reducción de la violencia, la victimización y la delincuencia a través de un cambio sustancial en la forma de prevención.

Ayudaría al Estado a enfocar los esfuerzos institucionales hacia la consecución de 5 puntos: abordar factores de riesgo; disminuir factores situacionales que favorecen la delincuencia; reorientar esfuerzos institucionales a solucionar problemas con base en información y análisis; el trabajo conjunto y coordinado de múltiples actores para abordar los factores de riesgo, y el compromiso ciudadano como un factor fundamental.

La Ley define como “prevención social de la delincuencia” al conjunto de políticas, estrategias e intervenciones orientadas a detener o reducir el riesgo de que se produzcan delitos e infracciones administrativas, los efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, así como a intervenir para influir en sus múltiples causas.

Atendiendo a la magnitud del contenido de la iniciativa y a la que se sumaron más de 60 diputados de diversos partidos (PRI, PAN y PRD), Carolina Viggiano solicitó sea turnada a la Comisión de Gobernación, con opinión de las de Justicia, Derechos Humanos y de Desarrollo Social.

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