La Comisión de Justicia que preside el diputado Humberto Benítez Treviño (PRI) presentará en las primeros días del próximo periodo ordinario de sesiones, el dictamen correspondiente a la Ley antisecuestros, a fin de que sea discutido y en su caso, aprobado por el pleno.

El diputado Josué Valdés Huezo (PRI), integrante de ese órgano legislativo y encargado de realizar el proyecto de dictamen, informó que serán incorporadas varias de las propuestas de la iniciativa ciudadana presentada por Isabel Miranda de Wallace.

“El compromiso inicial es que se tuviera listo el dictamen antes del 15 de diciembre para presentarlo ante el pleno en el presente periodo ordinario de sesiones; sin embargo, se modificó el estudio para incorporar la iniciativa ciudadana”.

Asimismo, de todas las propuestas que han sido presentadas se está haciendo un concentrado para tomar lo mejor de cada una de ellas e incorporarlas al documento final.

En entrevista, destacó que en el presente año, el delito de secuestro ha ido a la alza en nuestro país y prueba de ello es que se ha rebasado la cifra de 2008. “Estamos llegando a los mil 300 casos documentados, además de que se estima que otro 50 por ciento no se denuncia”.

El año pasado, abundó, se registraron mil 100 casos. “El llamado que hacemos es que en esta cruzada nacional contra la delincuencia no debe enfocarse sólo al narcotráfico, sino también al secuestro”.

Mencionó que en una de las iniciativas que se analizan para la elaboración del dictamen final se prevé que el secuestro, en su modalidad simple, sea castigado de 20 a 50 años de prisión. Otra contempla que se apliquen entre 20 y 40 años y está la iniciativa presentada por el Ejecutivo que plantea la cadena perpetua.

Adelantó que en el predictamen se contempla la protección a los testigos que colaboren con la investigación, además de que se enfatiza en los derechos humanos de las víctimas, no sólo de los presuntos delincuentes, en este caso, por la gravedad del ilícito y por cómo trastoca el seno familiar y social.

También se refirió a la pena de muerte para secuestradores, propuesto por diputados del PVEM. “De manera personal, estoy en contra de la pena de muerte, porque estamos plenamente convencidos de que no es la salida adecuada para combatir de raíz dicho delito”.

Sin embargo, abundó, el tema es parte del dictamen que se presentará a la Comisión para que sea debatido.

Por lo que refiere a la reparación del daño, indicó, al interior de la comisión hay un debate sobre si se crea o no un fondo para apoyar a los familiares de las víctimas en el pago del rescate.

“Hay dos iniciativas que están en contra de que con fondos públicos se pueda pagar a los familiares que a su vez lo hagan a los secuestradores porque consideran, y está documentado en otros países, que el hecho de que se financie el rescate no garantiza que devuelvan a la víctima con vida. Entonces no podemos alentar al delito de secuestro con un subsidio gubernamental”.

Agregó que la posición de un grupo de legisladores es de pronunciarse en el sentido de que por todos los medios se evite el pago de los rescates y para ello se pretende solicitar la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para inmovilizar cuentas bancarias de familiares y del secuestrado.

“La idea es evitar por todos los medios que se pague el rescate. Lo que se busca es desalentar la industria del secuestro. El hecho de que se pague la liberación no garantiza que la víctima sea devuelta con vida. Es más, se detona en muchos de los casos la muerte inmediata de ésta”.

Puntualizó que el índice de personas que son devueltas con vida tras un secuestro, es mucho menor a las que son asesinadas tras el rescate.

Otra de las medidas que se tomarán, dijo, es una mayor especialización de los cuerpos policiacos encargados de combatir al secuestro.

“Se prevén en todas las iniciativas, la creación de ministerios públicos especializados en el delito del secuestro y sobre todo, de una policía profesionalizada y especializada única y exclusivamente en materia de secuestro para combatirlo de forma más profesional y técnico, salvaguardando siempre el mayor bien jurídico que es la vida humana”.

En el mismo predictamen, se prohíbe la intermediación de personas, ya que se ha demostrado que muchos de estos mediadores sólo pretenden lucrar y abusar de la propia víctima. “En alguna de las iniciativas se plantea incluso sancionar penalmente a los que pretendan dedicarse a ser mediadores con fines de lucro”, concluyó.

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