Diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social manifestaron su respaldo a la minuta del Senado por la que se crea la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, misma que plantea la prestación obligatoria de alimentación balanceada con el fin de reducir la obesidad y la desnutrición.

El presidente de este órgano de legislativo, diputado Tereso Medina, dijo que, de aprobarse, se daría un gran paso no sólo para beneficio de los trabajadores, sino de las empresas, fábricas o instituciones, ya que a mejor calidad alimenticia mayor producción y condiciones de salud.

“Yo en lo personal avalo la propuesta, además, hay que recordar que las grandes revoluciones empiezan por el estómago; cuando el pueblo tiene hambre, nos conviene mejor solidarizarnos todos y ser sensibles ante este problema”, dijo.

Señaló, en entrevista, que entre la población persisten los malos hábitos alimenticios, los cuales se acentúan cuando en las fuentes de empleo no hay comedores. “Los trabajadores se alimentan de comida chatarra por los horarios y las distancias y aunque hay empresas o compañías que se preocupan por brindar alimentación a sus empleados, lo hacen sin una supervisión médica”.

A su vez, el priista Armando Neyra Chávez apoyó la minuta y dijo que la Comisión tiene una gran responsabilidad de rendir cuentas al movimiento obrero organizado del país.
“Se debe quitar la idea de que dar vales de despensa o alimentos en el interior de las fábricas es para que los empresarios no paguen impuestos; ese no es el objetivo”, dijo.

Lo que se busca, abundó, es mejorar el estado nutricional de los trabajadores a través de leyes como la de Ayuda de Alimentación para los Trabajadores, ante un salario que no permite al trabajador tener techo, vestido y educación como lo marca la Constitución.
Por su parte, el diputado David Hernández Pérez, también del PRI, destacó que el hecho de que la propuesta haya logrado la unanimidad en el Senado indica que la ley tiene bastantes beneficios para los trabajadores. “Estoy totalmente convencido que lo que se está plasmando, de los beneficios nutricionales, de la garantía de los comedores, genera un mayor rendimiento en el sector laboral”.
En tanto, los diputados Octavio Madrigal Díaz y Gerardo de los Cobos Silvia, del PAN, coincidieron en que es una buena ley y el hecho de que haya sido aprobada por unanimidad en el Senado habla del consenso que tiene.
“Entre las ventajas trata de preservar ese derecho de los trabajadores que ya está en los contratos. El asunto de la calidad nutricional es muy buena porque conlleva eficiencia laboral, además de que la ley involucra a los sectores patronal, al sindical y al gubernamental”, refirió Madrigal Díaz.
Rodolfo Lara Lagunas, del PRD, enfatizó la enorme importancia que tiene el problema de la alimentación, no solamente en lo que se refiere a productividad o las enfermedades de los obreros.
La desnutrición, dijo, crea un problema en el desarrollo cognitivo y la clase trabajadora no es la excepción. “La Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Nutrición en México coinciden en que la alimentación tiene una enorme importancia”.
Abundó que el tema de la alimentación debería ser abordado como un asunto de seguridad nacional, “porque no podemos seguir produciendo generaciones de mexicanos con un desarrollo intelectual de bajo rendimiento”.
En tanto, Laura Piña Olmedo, también del PRD, indicó que lo ideal sería lograr que no fueran sólo algunas fábricas o empresas las que adoptaran la medida, sino que todos y cada uno de los empleos tuvieran el derecho a la protección de la alimentación.
“Porque muchas veces un trabajador que gana el salario mínimo prefiere dejar el dinero a su familia y consumir comida chatarra.
El documento del Senado plantea reglamentar el artículo 4º constitucional para promover la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, a fin de mejorar su estado nutricional y prevenir las enfermedades vinculadas con la alimentación deficiente.
Agrega que en el contexto de crisis que vive el país, es importante sentar bases para apoyar a los trabajadores mexicanos a sortear los efectos del declive económico, sobre todo, cuando el Banco de México informó que el precio de la canasta básica alimentaria se incrementó en 12.5 por ciento en contraste con el aumento salarial que no ha sido más allá del 4 por ciento en promedio, lo que repercute en una baja del poder adquisitivo.

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