Luego de afirmar que el pago de la tenencia afecta directamente los ingresos del contribuyente, perturba la economía familiar y es lesivo para la industria automotriz, el diputado José Antonio Arámbula López (PAN) se pronunció por erradicar este impuesto o que se reduzca paulatinamente hasta su total eliminación.

En este sentido, el legislador impulsa un punto de acuerdo, a fin de exhortar a gobiernos y congresos de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del D.F. a establecer normas y medidas que permitan cumplir con este objetivo.

Dijo que “es un impuesto incoherente, toda vez que el uso del vehículo no es fuente de riqueza ni de ingresos que justifique el gravamen” y resaltó que los autos son bienes que demeritan su valor rápidamente.
Su eliminación para el próximo ejercicio fiscal o su correspondiente reducción de manera paulatina hasta su total eliminación sería una medida que ayudaría a las familias en esta crisis, subrayó.
“Esta soberanía debe ser consciente de que el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos afecta de manera grave la economía de las familias y en consecuencia a la industria automotriz nacional, la cual se ha sumergido en una franca crisis económica”, reiteró.
Por ello, agregó, es necesario aplicar medidas como la reducción del gasto público y la desaparición de secretarías innecesarias para cubrir el hueco fiscal que dejaría la eliminación de este impuesto.
El impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, argumentó, se empezó a cobrar desde el 1 de Enero de 1962, un año antes de que se formalizara la candidatura de nuestro país para ser anfitrión de la Olimpiada de 1968.

Después se estableció en una ley vigente por dos años, “que por el sistema presidencialista y de partido único de Estado que se vivía se fue alargando hasta nuestros días, lo que la convirtió en una de las formas más efectivas de recaudación fiscal durante más de 40 años”.

El Congreso aprobó en octubre de 2007 la abrogación de la Ley de Impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos, a partir del 1 de enero de 2012. Esta fecha fue establecida con el objetivo de otorgar a las entidades federativas un plazo adecuado para la sustitución de ingresos que dejarían de percibir por el impuesto.
Cuando las entidades establezcan nuevos impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal previsto en la ley aún vigente, se suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente, a fin de evitar la duplicidad del gravamen.

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