La diputada Marcela Guerra Castillo e integrantes del grupo parlamentario del PRI plantearon reformar diversos artículos de la Ley General de Educación para que sea obligación de las autoridades federales proporcionar útiles escolares a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las instituciones públicas, en las zonas de alta marginalidad.

La legisladora precisó que se busca apoyar a las familias de pobreza extrema que ven en la educación más que una oportunidad de desarrollo y ascenso social para sus niños, una pesada carga económica, ya que normalmente no cuentan con los recursos necesarios para que sus hijos puedan acudir a las escuelas bien alimentados y con la calidad y cantidad de útiles escolares.

Explicó que en la iniciativa se propone establecer que las autoridades educativas, y no las de desarrollo social, contemplen anualmente un presupuesto suficiente para atender esta necesidad. Esta obligación no es limitativa y en donde las posibilidades lo permitan se deben estructurar programas adicionales de apoyo para avanzar en el derecho constitucional de acceso a la educación obligatoria a todos los niños y jóvenes del país.

También plantea como obligación presupuestal del gobierno federal destinar recursos a estados y municipios, su ejercicio deberá ser fiscalizado y se establecerán sanciones para aquellos funcionarios, en los tres órdenes de gobierno, que incumplan el mandato. Se envió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Importación de bebidas alcohólicas

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se remitió la iniciativa del diputado David Hernández Pérez (PRI) para reformar el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios.

Explicó que la propuesta consiste en adicionar un artículo 2 Bis para que en la enajenación o en la importación de bebidas con contenido alcohólico y cerveza se apliquen las tasas a la producción anual de: 2,000 hectolitros, 2.5 por ciento; de 2,001 a 5,000 hectolitros, 5 por ciento; de 5,001 a 15,000, 10 por ciento; de 15,001 a 50,000 hectolitros, 17.5 por ciento; de 50,001 a 75,000 hectolitros, 21.25 por ciento y de más de 75,000 hectolitros, 25 por ciento.

Comentó que actualmente la industria cervecera independiente contribuye con alrededor de 35 millones de pesos anuales en Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Con esta medida la captación del fisco en cuestión disminuiría únicamente de 35 a 15 millones. “Esta reducción de 20 millones de pesos anuales no afectaría en nada la recaudación al país y tendría un gran impacto al desarrollo de la industria cervecera artesanal, ya que ayudaría a mantener a las empresas en operación, asegurando con ello las fuentes de trabajo generadas a la fecha”, dijo.

Obligación de montos mínimos en inversión para ciencia y tecnología

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán e integrantes de diversos grupos parlamentarios plantearon reformar el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de incorporar la obligación de los montos mínimos que se deberá invertir para ciencia y tecnología.

El documento señala que México ocupa el último lugar en inversión en ciencia y tecnología de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que es parte, con un gasto equivalente al 0.45 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB).

Precisa que la iniciativa pretende adicionar un inciso al artículo 41 con cuatro motivos fundamentales: que el proyecto del Presupuesto contenga un capítulo específico para las erogaciones en ciencia y tecnología, como se ha estipulado ya en varios ejercicios fiscales anteriores; establecer de manera obligatoria, un mínimo de gasto para la investigación científica y desarrollo tecnológico del 1 por ciento del PIB.

También establecer de manera obligatoria que los recursos destinados a ciencia y tecnología sean incrementados año tras año, como porcentaje del PIB. Así como un parámetro referencial de gasto, la disposición de que deberá observarse cuál es el promedio de lo que los principales países en vías de desarrollo destinan para ciencia y tecnología, para que sea tomado en cuenta al momento de la dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la de Ciencia y Tecnología.
Consejo Consultivo

El senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a fin de ampliar el número de integrantes de dicho Consejo Consultivo, para dar paso a representantes expertos en materia de medio ambiente, a la vez que se propone clarificar la duración en el encargo y el método de selección de tales integrantes.

“Es necesario ampliar el número de integrantes con el objetivo de incluir a un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a dos legisladores que representen a las Comisiones de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Añadió que también se propone establecer el plazo que habrán de durar en su encargo los miembros del Consejo Consultivo, el cual será de tres años, a excepción del titular de la Secretaría de Energía; así como la obligatoriedad de que los seis investigadores académicos pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se mandó a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Transparencia en Sindicatos

La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola (PAN) propuso reformar la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación con el objetivo de establecer mecanismos de transparencia interna para que los trabajadores puedan acceder a la información relativa a las cuotas, contrato colectivo o de ley, y los estatutos de los sindicatos, y en el caso de no cumplir esta obligación con sus agremiados, sancionar a los líderes sindicales para evitar la opacidad en sus acciones.

Precisó que se propone establecer mecanismos internos y externos, de transparencia y rendición de cuentas de los líderes sindicales para que estas acciones se conviertan en actos cotidianos para los mexicanos, quedando claro que es un asunto que demanda corresponsabilidad.

“Los retos actuales del sindicalismo en México giran en torno a la restructuración de sus sistemas de representación, mediante los cuales sus dirigentes para ser electos con capacidades de gestión para conservar derechos que respondan a realidades claras”, mencionó. Se turnó a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

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