• Preparan iniciativa de reformas que lo impidan

Con el propósito de dar certeza jurídica a las organizaciones de asistencia social, mediante criterios de transparencia que eviten que el narcotráfico las utilice para lavado de dinero o desvío de fondos orientados a impulsar campañas políticas, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analiza reformar el artículo 48 de la Ley de Asistencia Social.

Las modificaciones plantean crear mecanismos de coordinación, concertación e inducción entre dichas organizaciones civiles y el Estado, a fin de establecer los criterios apropiados para que esta actividad se maneje con claridad y transparencia.

En el documento se precisa que con este proyecto de decreto se establece la normatividad, lineamientos y directrices que determinan la necesidad de regulación, integración, organización, operación y apoyo del servicio de asistencia social, que permitirá que las fundaciones y organizaciones se conduzcan bajo esquemas de institucionalidad.

Agrega que las reformas adicionan dos artículos y un capítulo VII Bis a la Ley de Asistencia Social para que sea un instrumento jurídico oportuno y moderno que dé cumplimiento eficaz de la asistencia social y permitir dar progresiva efectividad al derecho a la protección.

Con esta iniciativa, impulsada por el diputado Jaime Vázquez Aguilar (NA), se promueve la creación del Consejo Nacional de Regulación, con una estructura plural que estará integrado por los sectores gubernamental, privado, social y académico y cuya función es la supervisión de las actividades que realizan las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil para la asistencia social.

Explica que éste no tendrá la facultad de intervención en el manejo de las mismas, debido a que sólo se propone brindarles directrices a las que se sujetarán, para que su manejo se dé por los cauces de la transparencia y la legalidad.

Establece que hasta ahora el marco legal ha sido insuficiente y no ha propiciado la acción organizada de la sociedad en la atención de los problemas; por ello, el reto es lograr una ley que regule a las organizaciones civiles de asistencia social, para promover mejores condiciones de vida de la población beneficiaria.

Plantea también la obligación de las organizaciones civiles al registro ante el Consejo como requisito previo, de tal manera que las obligaciones derivadas de la inscripción estén vinculadas a presentar información sobre sus actividades, fuentes de financiamiento y aplicación de recursos.

Añade que lo anterior se propone porque el Estado debe supervisar de forma más directa, a través de requerimientos de mayor información y sustentación del destino de los recursos respecto de las actividades económicas que realizan dichas organizaciones.

Argumenta que la creación de un régimen legal propio puede ser un instrumento importante para consolidar la institucionalidad de las agrupaciones sociales que nos ocupan para lograr una justa, y a la vez transparencia en el manejo, aplicación y destino de los recursos, que obtienen para que por esa vía exista un total convencimiento de los donantes y de la sociedad en general que son verdaderos embajadores de la filantropía

Enfatiza que la creación de un régimen legal propio puede ser un instrumento importante para consolidar la institucionalidad de las agrupaciones sociales a fin de lograr un justo y transparente manejo en la aplicación de los recursos.

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