Con el propósito de que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública implemente un programa federal de resguardo y reinserción social para los ex convictos deportados al país, el diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (PAN) presentó un punto de acuerdo.

Se manifestó porque la Comisión de Seguridad Pública realice un estudio técnico sobre la viabilidad de la aplicación de un programa binacional de colaboración, dirigido a la deportación masiva de ex convictos que cuente con elementos de información biométrica y de identificación de nacionalidad y nivel de peligrosidad.

Dijo que datos de la Comisión Binacional de Derechos Humanos establecen que cada día alrededor de 700 personas son deportadas a México; 200 de ellos son ex convictos que son enviados a la ciudad de Tijuana.

Mientras que la oficina de la Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE), destaca que se han deportado a 56 mil 622 inmigrantes, entre indocumentados, migrantes con visas y residentes permanentes, del 2005 al 2008.

Vega de Lamadrid sostuvo que las cifras del Instituto Nacional de Migración establecen que hay un aumento considerable en el número de deportados por la Puerta México, ubicada en Tijuana, ya que tan sólo en 2007 se repatriaron 173 mil 580; en 2008, fueron 224 mil 857 y en el periodo de enero a agosto del presente año ya han sido 135 mil 914.

El problema principal, subrayó, radica en que no existe una política pública encaminada a la reinserción social de estos ex convictos repatriados, y que derivado de ello surgen dos problemáticas: la social, en las ciudades a donde se destinan las personas a su llegada a territorio nacional y el grave problema del incremento de la inseguridad pública sectorizado en zonas de la Frontera Norte.

“La problemática social empieza con la necesidad de contar con un trabajo para sobrevivir en las zonas por las que son deportados, sin embargo, no existen oportunidades reales laborales para ellos, quienes en su mayoría oscilan en los 35 años de edad, quienes son adictos a sustancias prohibidas, suelen estar tatuados, desarrollan en las calles los códigos de supervivencia de las cárceles y en ocasiones no hablan bien español”.

Añadió que el segundo problema enmarcado en la Seguridad Pública tiene su principio jurídico dentro del artículo 29 Constitucional, en cuanto a lo que refiere al principio de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga en grave peligro a la sociedad.

Se estima que el 50 por ciento de los adultos, nueve mil 500 se encuentran bajo libertad condicional en San Francisco son analfabetos, sumado al 27 por ciento de ellos que padece problemas mentales o de drogadicción, así como la carente educación apropiada para desarrollar un trabajo, “son causales que agravan la ya de por sí difícil situación para conseguir un trabajo formal y estable que les permita un desarrollo integral”.

El diputado del PAN mencionó que la sociedad civil ha sido más susceptible a la atención de este problema, ya que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ha establecido interés por contratar a ex convictos mexicanos y ayudar al Estado a su reinserción social.

“Lamentablemente en el país carecemos de una estrategia, programa o política pública que ayude a la reinserción de los ex convictos a la vida social digna enmarcada en los derechos y prerrogativas de la Constitución Política”, abundó.

Se pronunció por establecer un sistema binacional de recuperación de datos que incluya información biométrica entendida como la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo para "verificar" identidades o para "identificar" individuos, con un sistema de información de nacionalidad y grado de peligrosidad y, aunado al estudio, se diseñe un programa federal encaminado a la seguridad pública y la reinserción social.

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