Con el objetivo de que sea obligación de las autoridades federales proporcionar útiles escolares a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las instituciones públicas en las zonas de alta marginalidad, diputados del grupo parlamentario del PRI plantearon reformar diversos artículos de la Ley General de Educación.

La diputada Marcela Guerra Castillo argumentó que ante la actual coyuntura de recesión económica y pérdida de empleos se han exacerbado los niveles de pobreza de amplios sectores de la población, “por lo cual es oportuno reflexionar sobre el papel que debería estar jugando la educación para elevar las expectativas sobre la calidad de vida de las familias que se encuentran en las zonas de alta marginalidad en nuestro país”.

Explicó que la iniciativa propone establecer que las autoridades educativas, y no las de desarrollo social, contemplen anualmente un presupuesto suficiente para atender esta necesidad. Esta obligación no es limitativa y hasta donde las posibilidades lo permitan se deben estructurar programas adicionales de apoyo para avanzar en el derecho constitucional de acceso a la educación obligatoria a todos los niños y jóvenes.

También plantea como obligación presupuestal del gobierno federal destinar recursos a estados y municipios, su ejercicio deberá ser fiscalizado y con sanciones para aquellos funcionarios, en los tres órdenes de gobierno, que incumplan el mandato.

Precisó que con ello se busca apoyar a las familias en pobreza extrema que ven en la educación, más que una oportunidad de desarrollo y ascenso social para sus niños, una pesada carga económica, ya que normalmente no cuentan con los recursos necesarios para que sus hijos puedan acudir a las escuelas bien alimentados y con los útiles escolares.

Aclaró que se pretende contar con un marco normativo adecuado que ordene y establezca la obligatoriedad de apoyar a la niñez y juventud que está en condiciones de marginalidad, “para que no solamente accedan a la educación, sino que los padres de familia beneficiados no tengan pretextos para alejar a sus hijos de sus estudios”.

“La educación es pilar fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier nación, y nuestro país no es la excepción. Por ello, una mejora en los niveles de cobertura y calidad de nuestro sistema educativo debe de ser visto como una política de fomento al desarrollo social y de combate a la pobreza”, dijo.

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