• Hemos estado importando gasolinas para subsidiar al consumidor norteamericano: Suárez Coppel

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, aseguró que elevar los precios de los combustibles “fue y es una decisión responsable” y que los incrementos observados durante 2009 “fueron bastante moderados frente a los de otros años”.
En su comparecencia ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente y después de rendir protesta de decir verdad, el funcionario advirtió que “de no reanudar la política de deslizamientos de los precios de las gasolinas y el diesel durante el 2010, se estima que el costo de subsidios se ubicaría en alrededor de 60 mil millones de pesos”.

Esta cifra, subrayó, equivale al presupuesto del Programa Oportunidades que beneficia a más de 26 millones de mexicanos y a tres veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“El objetivo no es recaudatorio, la decisión obedece a la voluntad de cumplir con el Presupuesto de Egresos de la Federación que estableció con responsabilidad el Congreso de la Unión. La reanudación de la política de deslizamiento gradual en los precios públicos nos permitirá financiar las prioridades de gasto para el combate a la pobreza, la educación e infraestructura”, afirmó.
Si se toma en cuenta la inflación, agregó, el precio real de la Gasolina Magna disminuyó aun considerando estos aumentos.

“El incremento nominal durante el 2009 fue de 1.3 por ciento, adicionalmente el ajuste del 1 de enero de 2010 de ocho centavos en la Gasolina Magna, nueve centavos en la Premium, y ocho centavos en el diesel está vinculado directamente con el ajuste en la tasa del IVA”, aseveró.

Advirtió que retrasar estas decisiones, “que sin duda son difíciles”, puede llevar a rezagos que requieran ajustes mayores en los precios y que le cueste más trabajo asimilar a las familias. Por ello, “estos incrementos son moderados comparados con los aumentos por encima del 60 por ciento que ocurrieron en la década pasada en las épocas de crisis”, precisó.

Enfatizó que México no se puede aislar a la realidad económica global, por ello se requieren ajustes en la política de precios públicos. Dijo que cerca del 40 por ciento de las gasolinas se importan, por lo que tener un precio inferior al internacional significa una transferencia importante de recursos públicos y divisas hacia el exterior.

Este apoyo es “sumamente regresivo”, ya que el 20 por ciento de la población de mayores ingresos concentra más del 50 por ciento del monto del apoyo debido a que son estos últimos los que más concentran el consumo en las gasolinas, dijo.

A su vez, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel destacó que en los últimos años “hemos estado importando gasolinas para subsidiar al consumidor norteamericano.

“Cuando se abre un diferencial significativo de precio a la gasolina que nosotros estimamos entre 4 y 5 pesos, tenemos que se cruza la frontera con subir la gasolina en México. De hecho, hemos estado importando gasolinas para subsidiar al consumidor norteamericano; este diferencial de precios ha llegado del cien por cierto en algunos momentos en años anteriores”.

Señaló que en México el dinamismo del crecimiento al consumo de gasolina comparado con el del Producto Interno Bruto (PIB) es uno de los más altos del país, por lo que la eficiencia energética, sobre todo en el sector del transporte ha venido cayendo.

“Los incrementos en el precio de los productos petrolíferos y la preocupación por los efectos ambientales que el consumo de energéticos fósiles crea, nos ha llevado a movernos en contra de la tendencia internacional, que es buscar una eficiencia sobre todo en el uso de combustible en transporte, el cual es de más del 50 por ciento”.

Dijo que si bien la paraestatal no tiene un efecto directo más que a través de sus flujos, el cual presiona en el presupuesto final de Pemex y que al final de cuentas lo recupera para su patrimonio en algún momento con las devoluciones de impuesto, sí causa problemas de arbitrajes de frontera y sí nos lleva a una tendencia internacional contraria.

En la cual, añadió, en lugar de buscar una mayor eficiencia de cómo se producen los bienes y ver cuál es la intensidad energética del PIB, “vamos rezagados, cuando esa tendencia en el resto de las naciones ha sido buscar que se eliminen los subsidios en gasolinas y diesel, alcanzado eficiencia energética y ambiental”.

Suárez Coppel sostuvo que la diferencia entre el precio al público y el que recibe Pemex (que otra vez se basa en una referencia internacional) es el IEPS, además del costo del pago a la franquicia y de otros costos de transporte.

Hasta el 2004, ese IEPS era positivo, a partir de entonces y dada la aceleración de los precios del crudo y de los productos petrolíferos se generó un impuesto negativo, es decir un subsidio de facto.
En los años 2004 y 2005 dada la mecánica de impuestos que pagaba Pemex, se provocó que la paraestatal tuviera que cubrir ese IEPS negativo, por el que el costo en ese entonces fue de más de 900 millones, en 2004 y más de 24 mil millones, en 2005.

Sostuvo que a raíz del cambio del régimen fiscal de Pemex, se compensa esos IEPS negativos contra los diferentes impuestos que pagan, de tal manera que hoy en día el efecto para Pemex de estas diferencias es básicamente captar el trabajo.

PRI

El diputado César Augusto Santiago Ramírez enfatizó que la economía en nuestro país “es un desastre; la comparecencia es muestra de la insatisfacción, la desesperanza y el coraje de una nación que podrirá estar mejor”.

Aclaró que en la actualidad México es ejemplo de corrupción, inseguridad, desigualdad, pobreza y desempleo, “usted señor secretario es en parte responsable de este estado”.

Refirió que ante ello su grupo parlamentario propondrá acciones legislativas “hasta sus últimas consecuencias”; detalló que buscarán que las comparecencias dejen de ser sólo un trago amargo para los funcionarios, “que se intenta remediar después con un buen boletín de su oficina de prensa”.

En el PRI, continuó, le aseguro, hay decisión de cambiar el modelo para reconstruir lo público, darle otra vez un sentido patriótico a la educación pública, a la seguridad pública, a la salud pública, partiendo de reconstituir, primero, la nueva hacienda pública.

Santiago Ramírez informó que también impulsarán reformas a fin de defender la economía popular y reforzar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que combata los enriquecimientos ilícitos, el acaparamiento y las deficiencias que debiera combatir.

PAN

Por su parte, el senador José Isabel Trejo Reyes manifestó que su grupo parlamentario respalda todas las acciones tomadas por el Gobierno federal que han permitido garantizar la fortaleza en las finanzas públicas, con el objeto de sostener programas y proyectos que son de vital importancia en el desarrollo del país.

En este sentido, recordó que diversos grupos parlamentarios aprobaron un paquete fiscal para el 2010 que buscaba suplir el faltante en los ingresos petroleros, con todas las diferentes fuentes de ingresos públicos, incluyendo los precios de ventas domésticas de gas y combustibles.

“El incremento en el precio de las gasolinas fue parte integral de un paquete responsable de medidas para hacer frente a una caída permanente de los ingresos públicos”, subrayó.

Consideró que adelantar “ligeramente” el aumento que ya se tenía pensado efectuar en 2010, simplemente permitió una mayor y mejor gradualidad de los aumentos y facilitar a los consumidores cualquier ajuste que tengan que realizar.

PRD

El senador Jesús Garibay García cuestionó la política económica del Ejecutivo federal y dijo que a éste se le ha olvidado que cuando las leyes del mercado no funcionan, para eso están las leyes del Estado. “Sin embargo, no está enterado de eso”.

Asimismo, agregó que a escasos 10 días de que el ahora secretario de Hacienda fuera designado: “recetó el primer gasolinazo y se le olvidó que el titular del Poder Ejecutivo había suscrito ante la nación el compromiso de no modificar el precio de los combustibles”.

En este sentido, Garibay García recordó que hace unos días el PRD suscribió un punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a fin de que el Congreso asuma su responsabilidad y emita un decreto en defensa de la economía popular.

Reflexionó sobre quién resolverá el problema de los millones de desempleados, malviviendo temporalmente de los “míseros subsidios del Estado mientras los grandes ejecutivos y administradores de empresas gozan de cantidades millonarias.

Decir no a los incrementos es frenar el genocidio lento pero implacable al que el sistema condena a millones de personas.

PVEM

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Pablo Escudero Morales aseguró que el Presidente de la República incumplió con el Acuerdo a Favor de la Economía Familiar y el Empleo.
Dijo que el Partido Verde no coincide con el entusiasmo y optimismo desmedido del jefe del Ejecutivo, toda vez que no se pueden borrar u olvidar los indicadores económicos de 2009 ni creer que se puede partir de cero en 2010.

Casi todos los indicadores tendrán consecuencias desafortunadas y en este año, dijo, cerca del 50 por ciento de los mexicanos estarán catalogados en algún tipo de pobreza. “Una cuarta parte (más de 25 millones de ciudadanos) estarán incapacitados para adquirir una canasta básica”.

A nombre de su partido pidió que a la brevedad posible se firme un nuevo acuerdo para congelar el precio de los combustibles y solicitó al secretario de Hacienda que informe a dónde se destinarán los 11 dólares de excedentes por cada barril de petróleo que se exportan diariamente y que representan 11 millones de dólares por día, equivalente a 141 millones 790 mil diariamente.

Sobre todo, explicó, tomando en cuenta que el valor que se asignó al precio del barril de crudo para el ejercicio fiscal de 2010 es de 59 dólares y la cotización actual es de 70 dólares por barril.

PT

En su oportunidad el diputado Ricardo Monreal Ávila manifestó que los aumentos a impuestos, gasolina, diesel, gas, energía eléctrica, artículos de la canasta básica y de primera necesidad, están ocasionando un grave daño a la economía del pueblo mexicano.

Afirmó que de continuar con los aumentos, se profundizará la recesión económica y la gente no tendrá dinero para satisfacer sus necesidades básicas.

“Lo que habrá, de no corregir esta política económica, es más inflación, mortandad de pequeñas y medianas empresas y comercios, despidos de trabajadores, desempleo, pobreza, angustia y desesperación, más inseguridad y violencia”.

Expresó que se debe proponer una opción que ayude a enfrentar el problema de la finanzas públicas sin afectar a la gente y sin agravar la crisis económica del país, “sólo es cuestión de que haya dignidad y voluntad política, en este caso de los legisladores”.

Planteó que de aplicar un verdadero plan de austeridad republicana en el gasto del gobierno y terminar con los privilegios fiscales se cubriría el déficit de las finanzas públicas y además sobrarían 140 mil millones de pesos para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, proteger el empleo, reactivar el campo y garantizar el derecho a la educación, la salud y el bienestar.

Al respecto, Cordero Arroyo respondió a los legisladores que ante el boquete fiscal estimado en 477 mil millones de pesos, originado por la crisis económica y la declinación en los ingresos petroleros en 2009, el Gobierno federal tuvo que implementar un recorte y un ajuste al gasto, así como utilizar los fondos de estabilización.

En este sentido, manifestó que se tomó la decisión de reiniciar el “deslizamiento” de las gasolinas, 12 días antes de que terminara el año, con el objeto de poder obtener los recursos suficientes para financiar completamente el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010.

Reconoció que, “fue una decisión difícil, una decisión con costos importantes, pero fue la decisión prudente y responsable que había que tomar”.

Dijo que esta medida permitirá una reasignación del gasto, ya que el subsidio que se daba a las gasolinas ahora se destinará a obras de infraestructura, educación, programas de salud y a la población más pobre del país.

En tanto, Juan José Suárez Coppel, director general de PEMEX, señaló que parte del programa para combatir el robo de combustible es el invertir más recursos, a efecto de completar el sistema de medición tanto en refinerías como en oleoductos de la paraestatal.

El funcionario aclaró que la inversión que se tiene contemplada para este y otros proyectos, entre los que se encuentran la nueva refinería y la modernización de la que se ubica en Salamanca, están estimados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010.

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