Debido a que en México existen 33 millones de personas mayores de 15 años que no tienen escolaridad mínima, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos analiza una propuesta para que la SEP se fije un plazo no mayor a 10 años para que concluyan la educación secundaria, primaria y alfabetización.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (PRI), al presentar la propuesta, dijo que de esa cifra, seis millones no saben leer y escribir; 10 millones no han concluido la primaria y 17 millones no han terminado la secundaria.

Enfatizó que es indispensable superar el rezago escolar, pues casi 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años no tienen la escolaridad mínima para desarrollar sus habilidades para la vida y el trabajo.

A un alto porcentaje de mexicanos, mencionó, en lugar de otorgarles mejor preparación a nivel escolar, se les dan apoyos económicos o en especie, como despensas y dinero, cuando lo que necesitan las familias es enseñarles a desarrollarse mediante la educación mínima escolar y que sean autoproductivos.
“Para superar la pobreza no se necesitaría incrementar el número de apoyos de Oportunidades para los nuevos pobres, sino beneficiarlos mediante la educación mínima para su desarrollo personal y familiar”, abundó.

Subrayó que el país se encuentra en un gran rezago a nivel de educación básica; el analfabetismo mantiene niveles inaceptables y una buena parte de la población carece de la educación primaria y secundaria.

Mencionó que es urgente que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con otras instancias responsables instrumente acciones para mejorar el nivel de escolaridad y los contenidos educativos de acuerdo a la realidad socioeconómica del país.

Las acciones y alcances del Instituto Nacional de Educación de los Adultos no han respondido a la realidad nacional, que es atender a personas mayores de 15 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir, y en avanzar con el rezago educativo del nivel básico, advirtió.

“El Estado tiene la obligación de garantizar la impartición de la educación básica, así como determinar planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y alfabetización; e impartirla en las diferentes modalidades que determine para el desarrollo humano y siempre en beneficio de la población”, concluyó.

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