El Pleno de la Comisión Permanente aprobó exhortar al Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación, que remita a esta soberanía información relativa de los avances en la implementación del nuevo modelo de justicia penal.

Lo anterior, a fin de que se adopten las acciones y medidas administrativas necesarias para impulsar los trabajos de la instancia de coordinación competente, con el objeto de agilizar y fortalecer las acciones encaminadas a concluir, presentar, así como publicar y dotar de vigencia a las normas correspondientes a la reforma penal que fue publicada el 18 de junio de 2008.

En el documento se señala que en dicha reforma se contemplaron, además de las modificaciones a los diez artículos de la Constitución con los que se da nacimiento legislativo al sistema penal acusatorio, la obligación de legislar para crear un nuevo sistema de reinserción y la necesidad de establecer reglas para el combate al crimen organizado.

El documento avalado establece que, “a casi 20 meses de la publicación de la reforma constitucional en materia de justicia penal, esta Legislatura no debe permanecer pasiva, toda vez que el papel del Poder Legislativo no se limita a la expedición de leyes, sino que la creación de la norma se ve culminada hasta que cobra vida y cumple el propósito de su formulación”.

Asimismo, se menciona que la presente legislatura tiene en puerta como parte del proceso de transformación del modelo de justicia penal, la expedición de las leyes penales federales, como el Código Penal Federal, el de Procedimientos Penales, la adecuación de la Ley de Amparo, así como las leyes en materia de readaptación o reinserción social y en el ámbito del crimen organizado.

El dictamen precisa que este órgano legislativo no puede mantenerse inactivo durante el periodo de transición que se concibió para llevar a cabo de manera ordenada y gradual el cambio del nuevo modelo de justicia penal, lo que implica y amerita un trabajo permanente ya que, de otra manera, se obtendría como resultado la fragmentación y disparidad de las distintas legislaciones.

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