La Comisión Permanente aprobó un dictamen con punto de acuerdo por el que reconoce la iniciativa de Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América, como una propuesta que marca el inicio del debate para la consecución de una reforma migratoria integral en Estados Unidos de América.

Asimismo exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, a trabajar en la propuesta de una agenda bilateral con Estados Unidos de América en materia migratoria, que tenga por objeto el respeto y permita el pleno ejercicio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Solicita extender un llamado para que en cualquier reforma aprobada por el Congreso de Estados Unidos de América se reconozca y valore la importante contribución de los migrantes a la economía y sociedad estadounidenses.

Se señala en el documento que la Comisión Permanente “en atención al punto de acuerdo, resuelve la conveniencia de extender un llamado a favor de nuestros connacionales que se encuentran en territorio americano, con base en los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos de los Estados y la cooperación internacional para el desarrollo”.

Plantea que la iniciativa considera diversas propuestas a favor de los inmigrantes indocumentados, como la eliminación del programa 287 (g) que permite a las autoridades locales de Estados Unidos de América aplicar las leyes de inmigración del país.

Subraya que la reforma protege la unidad familiar mediante la prohibición de la separación de las familias con niños y el aumento de protecciones para los padres detenidos, tutores y cuidadores, todo ello velando por el interés superior del niño; establece un programa de legalización para los inmigrantes indocumentados, sus cónyuges e hijos.

“Seguirá siendo nuestra labor el insistir en logros más contundentes en materia migratoria como lo sería una ley plenamente protectora de los derechos humanos de los migrantes, que a su vez les permita el libre ejercicio de sus derechos”.

Manifiesta que tal reforma no implica necesariamente ser considerada como un primer paso para la consecución de una reforma migratoria integral y que debe evaluarse detenidamente el pronunciamiento a favor de una propuesta que no cumple enteramente con las expectativas esperadas por nuestro país durante años.

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