La política de precios de las gasolinas y diesel instrumentados en México se ha vuelto obsoleta, por lo que es prioritario revisarla e impulsar un nuevo marco normativo y regulatorio que coadyuve a una mayor transparencia en la metodología y criterios del Ejecutivo para establecer ajustes en sus precios.
Afirmó lo anterior la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) al presentar una iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a efecto de establecer un método para determinar los precios de las gasolinas y el diesel, además facultar a la Cámara de Diputados para su revisión.
En la sesión de la Comisión Permanente pidió modificar los artículos 40 y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para incluir en la Ley de Ingresos un anexo técnico que explique la metodología que se utiliza para la determinación de los ajustes a los precios de las gasolinas y el diesel y de que las estimaciones de ingresos sean congruentes con el calendario de ajustes.
Por lo que hace a los cambios del artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, busca diferenciar los ajustes a los precios de las gasolinas y el diesel de los demás bienes de la administración pública federal. Se remitió a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación.

Modificar el sistema de sustitución presidencial

A su vez, el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) presentó una iniciativa de reformas a la Constitución, para modificar el sistema de sustitución presidencial, ya que el actual presenta inconvenientes por imprecisiones normativas que deben ser solucionadas.

Propuso que el sucesor automático y transitorio para la eventual ausencia del titular del Ejecutivo, sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que no tenga ningún impedimento constitucional, en cuyo caso asumiría el Ministro Decano y sin más protocolo, se rendirá protesta pública con el carácter de presidente sustituto de los Estados Unidos Mexicanos.

Establece que si la falta absoluta es en los primeros cinco años del periodo respectivo, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente expedirá la convocatoria para la elección del nuevo Presidente, la cual se celebrará en un plazo no menor de tres meses ni mayor de seis; para calificar la elección las autoridades dispondrán de un mes, a efecto de que quien resulte electo asuma el 1° de diciembre.

Si la ausencia absoluta ocurriere en el sexto año, la elección ordinaria surtirá sus efectos plenos sin necesidad de nueva convocatoria. Si ésta ocurre después de la elección ordinaria el presidente sustituto concluirá el periodo respectivo sin convocar a nueva elección.

El documento, suscrito también por la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, contiene reformas a los artículos 73, fracción XXVI, 78, fracción VI; 83, 84 y 85 de la Carta Magna, y se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la cámara de Diputados.

Quórum en comisiones con 25 por ciento de sus integrantes

En su oportunidad, el diputado Juan José Guerra Abud, (PVEM) presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de hacer más eficiente el trabajo de las comisiones y evitar que crezca el rezago legislativo,

Plantea que las comisiones ejercerán sus atribuciones con la concurrencia de, cuando menos, la mitad más uno del número total de sus integrantes; si transcurridos 15 minutos después de la hora convocada no se reúne el quórum mencionado, bastará el 33 por ciento del total de los integrantes para sesionar.

Si luego de 30 minutos pasada la hora convenida no hubiere ni la mitad más uno ni 33 por ciento de sus integrantes, pero sí 25 por ciento, el presidente de la comisión con acuerdo de por lo menos dos secretarios de la mesa directiva de diferentes grupos parlamentarios, declararán que existe quórum para sesionar. Se remitió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Registro Público Vehicular

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) presentó una iniciativa de reformas a la Ley del Registro Público Vehicular, a fin de que la Secretaría de Seguridad Pública se encargue de operarlo, regularlo, validarlo y mantener actualizada la información que contiene, dado que su objetivo es proporcionar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos.

El documento señala que el RPV es un instrumento indispensable para prevenir el delito eficazmente y combatir la delincuencia. “Es necesario para el desarrollo integral de un sistema tecnológico de información indispensable para la consecución de esos fines, por lo que está íntimamente ligado a las facultades y objetivos de la SSP”.

Entre otras cosas plantea dar a la SSP las facultades del actual Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que en la operación del registro, la secretaría consulte e informe sobre el desempeño de sus funciones al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El documento suscrito por el diputado José Luis Ovando Patrón (PAN) contiene reformas a los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 9°,16 y 24 de la Ley del Registro Público Vehicular y se turnó a la comisión de Seguridad Pública.

Regular acuerdos de comités de producción cañeros

Enseguida, el senador Juan Bueno Torio (PAN), presentó reformas a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con objeto de fortalecer a las organizaciones gremiales vinculadas a esta actividad productiva para regular y reglamentar adecuadamente los acuerdos que se toman en los comités de producción cañeros y los ingenios azucareros.

Con las reformas planteadas a los artículos 25, 42, 44 y 50, 56, 87, 98, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se busca especificar las fechas en que las organizaciones cañeras deban presentar ante el Registro Nacional el número de afiliados que tienen, con sus volúmenes de producción de caña y acceder a los comités de producción de cada ingenio. Se remitió Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

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