• El porcentaje más alto está en los delitos del fuero común, con 93%, donde prevalece el robo.
• La mayor responsabilidad por la inseguridad ciudadana corresponde al Ejecutivo: diputado Guevara Ramírez

Al comparecer ante la Primera Comisión de la Permanente, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, informó que 93% de los delitos en México son del fuero común, donde prevalece el robo, y el otro 7 corresponde a los delitos del fuero federal, de los cuales 50 por ciento son por narcotráfico.

El delito de mayor impacto es el robo, que entre 2000 y 2009 registró un incremento en denuncias de 31.5 por ciento, al pasar de 511 mil 218 a 672 mil 411, “es el que más se comete y, por lo tanto, representa el mayor problema para la seguridad de los ciudadanos”, subrayó.

Luego de rendir protesta de decir verdad ante diputados y senadores de la citada comisión, que preside el diputado Héctor Guevara Ramírez (PRI), el funcionario presentó su informe del Estado de la Seguridad Pública en México, y señaló que los homicidios dolosos corresponde el 0.9 por ciento y a los secuestros 0.1 por ciento.

Antes, el diputado Guevara Ramírez comentó que es noticia cotidiana, que trastoca la capacidad de asombro, escuchar de secuestros, sicarios ejecutados, aseguramiento de armas de alto poder, cateos a inmuebles con empoderamiento de drogas y cantidades millonarias en pesos y dólares, jefes policiacos coludidos con la mafia, motines en penales con pérdidas de vidas, entre otras secuelas de violencia que han permeado la mayoría de las entidades estatales e importantes municipios de la República.

El legislador indicó que “la mayor responsabilidad por la inseguridad ciudadana atañe al Ejecutivo, corresponde a usted –dijo al secretario- instrumentar las prioridades, estrategias, recursos y acciones para enfrentarla”.

En su intervención inicial, Genaro García Luna dijo que entre 1998 y 2009 hubo un descenso de 19.8 por ciento en el delito de homicidio; sin embargo, informó que para 2009 el índice fue de 14.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi el doble de lo que se registra en los Estados Unidos.

Las extorsiones, mencionó, disminuyeron 34.7 por ciento entre 2007 y 2009, al pasar de 53 mil 813 a 35 mil 154.

Respecto al uso de drogas, señaló que en México más de 1.7 millones de personas consumen cocaína; tres millones fuman marihuana y en cuanto a las anfetaminas aumentó de 0.1 a 0.5 por ciento entre 2002 y 2008.

Dijo que como resultado del esfuerzo nacional de atención al delito, se ha detenido a 99 mil 115 personas; se aseguraron seis millones 90 mil 872.02 kilos de marihuana y 91 mil 412 kilos de cocaína.

Asimismo, se aseguraron 26 mil 345 vehículos; 63 mil 229 armas; seis millones 492 mil 245 municiones y cuatro mil 539 granadas, además de 285 millones 609 mil 602 pesos y 383 millones 294 mil 141 dólares. “Todos los registros son superiores al histórico en México”.

García Luna señaló que es necesario contar con un esquema que consolide una política de Estado en seguridad pública, y para ello se requiere de un marco legal que garantice la permanencia, desarrollo y fortalecimiento de las instituciones encargadas en todo el país; proteger el potencial que tiene México en inteligencia, sistemas y capacidades técnicas.

Propuso institucionalizar la fuerza policial en todo el país, es decir, que la inversión de México en tener cuadros de policía de nivel superior y mayor capacidad, se pueda potenciar y vigilar, así como implementar una política de seguimiento a ese esfuerzo.

Indicó que más de 400 municipios en el país no cuentan con un cuerpo de seguridad pública propio; 88.5 por ciento de las corporaciones municipales tiene 100 o menos de elementos, “hay gran dispersión del esfuerzo nacional para atender la figura del fuero común”, puntualizó. Además, sólo 12 de los 31 estados del país cuentan con cuerpos policiales en todos sus municipios.

Señaló que aproximadamente 60% de los policías municipales reciben salarios menores a cuatro mil pesos mensuales; 38.4 por ciento percibe menos de 10 mil pesos y el 0.7 tiene ingresos superiores a 10 mil pesos.

Por lo que hace al nivel de instrucción del personal de seguridad pública municipal, 68.3 por ciento tiene educación básica; 25.2 media superior y 4.5 tiene estudios superiores, mientras que 1.9 no cuenta con instrucción escolar o es analfabeto.

En el rubro penitenciario, explicó que México cuenta con una estructura conformada por 431 centros distribuidos en todo el país, con una capacidad para 172 mil 996 internos, sin embargo, la sobrepoblación es de 57 mil 483 reos, dando un total de 230 mil 479, de los cuales sólo 58.84 por ciento tiene sentencia.

Finalmente, propuso revitalizar y potencializar la cultura cívica de respeto y convivencia social armónica.

En la comparecencia, el diputado Héctor Guevara Ramírez (PRI) afirmó que “no podemos ser ajenos a los esfuerzos que desde las fuerzas armadas y policiales se realizan para pacificar las zonas convulsas; todos, sin distinción de color político, debemos apoyar este esfuerzo y complementarlo, sin embargo, la responsabilidad mayor corresponde al Ejecutivo”, enfatizó.

Subrayó que esta comparecencia reviste vital importancia para todo el pueblo de México; a los graves problemas derivados de la profunda crisis económica que atraviesa el país se suma un gran escenario de inseguridad pública que nos ha forzado a vivir en el miedo.

Precisó que es preocupación del Poder Legislativo que la crisis económica y de inseguridad que vive México terminen afectando la gobernabilidad democrática, “están confluyendo diversos procesos que nos deben llamar no sólo a la reflexión, sino a promover acciones rápidas y eficaces”.

Refirió que el incremento de la pobreza y la marginalidad, la desesperación de las familias para cubrir sus necesidades básicas y la falta de empleos coinciden con la violencia ascendente, donde los grandes cárteles de la droga y sicarios atemorizan a la población bajo la coacción, la extorsión y la amenaza.

Enfatizó que este escenario está afectando la gobernabilidad al reducir los márgenes de consenso del Estado, al ascender el reclamo, la protesta y el malestar que afectan a las instituciones de su clase dirigente.

“Nada más peligroso que el crecimiento del desapego y el rechazo de los ciudadanos a las instituciones y las políticas públicas referidas al orden, la seguridad y el imperio de la ley. No basta la voluntad política o burocrática, es necesaria la eficacia en las acciones y una visión integral en esta coyuntura crítica”, añadió.

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